Pérez Vivas: La mesa servida

La cúpula usurpadora tiene la mesa servida para realizar el próximo fraude al orden constitucional y legal del país, y, por ende, volver a ejecutar la adulteración de los resultados de los pocos electores que acudirán al llamado efectuado por quienes se han convertido en el modelo de la manipulación, el fraude, la represión y la corrupción en el ejercicio del poder en América Latina.

En efecto, realizaron el arbitrario y discrecional proceso de postulaciones para designar una nueva Asamblea Nacional y a los gobernadores de los estados, e iniciaron una campaña de promoción de los candidatos del PSUV y de los acompañantes  con la cúpula roja en este simulacro, como si no viniéramos de un mega fraude el pasado 28 de julio de 2024 y de una Asamblea Nacional clausurada en el 2017.

Una campaña como si en Venezuela no hubiesen centenares de presos políticos y miles de ciudadanos perseguidos judicial y policialmente. Candidatos que aceptan que Maduro es un presidente legal y legítimo, porque no cuestionan en absoluto las prácticas fraudulentas y criminales de la cúpula usurpadora del poder.

El atropellado e ilegal proceso de postulaciones ha permitido volver a presenciar la ya conocida táctica de la camarilla usurpadora: repiten sus prácticas ventajistas, discrecionales e ilegales sin ningún escrúpulo. Lo que ocurrirá en los días por venir será una repetición del conocido libreto de fraude y adulteración de la voluntad política de los pocos que se acerquen a las mesas de votación.

Es ya una costumbre de los personajes que controlan el poder lanzar procesos comiciales cuando les conviene, irrespetando los principios fundamentales de todo proceso electoral consagrados en los artículos 63 y 294 de la Constitución, cuya letra dice:

“Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.

“Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios.”

De estas normas se desprenden principios constitucionales que la dictadura ha desechado total y definitivamente. Ellos son: LIBERTAD, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA, CELERIDAD

En el sistema político y electoral venezolano no hay libertad. Hoy existen más de 800 presos políticos y más de 5.000 ciudadanos judicializados por razones políticas, con prohibiciones para opinar, hacer vida política o movilizarse libremente dentro o fuera del país. 

Hay más de 15.000 inhabilitados sin sentencia judicial. No existe libertad ni seguridad jurídica para ejercer el derecho a la organización y a la participación política. Todos los partidos están secuestrados por la cúpula gobernante. Sus directivos no fueron elegidos por sus miembros, sino designados por sentencias del TSJ, siguiendo instrucciones de Miraflores.

Tampoco se cumple el principio de LIBERTAD cuando, en una campaña electoral, quienes no formamos parte de “los agentes colaboradores” somos hostigados por la policía política, o cuando entes públicos sancionan y persiguen a ciudadanos que apoyan o colaboran con nuestras campañas.

Una campaña es, por naturaleza, un espacio para el debate sobre el desempeño de quienes ejercen el poder. En Venezuela eso no es posible porque no hay libertad de expresión. Una postura crítica basta para encarcelar a un periodista o dirigente, o para cerrar y confiscar su medio de comunicación. No hay acceso a los medios convencionales, todos están controlados por el gobierno. Las redes sociales y los portales digitales más relevantes están bloqueados, se requieren herramientas tecnológicas, como un VPN, para acceder a ellos.

La imparcialidad de los organismos electorales ha desaparecido. El CNE es una dependencia del poder ejecutivo. Desde los coordinadores de centros de votación, pasando por las oficinas regionales, hasta el ente rector nacional, todos obedecen órdenes de la jefatura del gobierno. La oposición no tiene posibilidad alguna de incidir en los procesos. En la elección presidencial pasada, incluso se negó a los testigos del candidato democrático el acceso a la sala de cómputos nacionales. Ese hecho, por sí solo, prueba la voluntad fraudulenta de un organismo al servicio del poder y no del ciudadano.

La TRANSPARENCIA ha sido completamente eliminada, lo cual vulnera un principio fundamental del derecho: la seguridad jurídica. La ciudadanía no conoce con antelación la fecha de los procesos electorales. Estos se anuncian cuando le conviene a la cúpula del poder, a menudo en fechas alejadas del vencimiento de los mandatos. Es habitual convocar con plazos inmediatos para impedir que la oposición se prepare adecuadamente. Los cronogramas electorales son breves, y se alteran arbitrariamente según convenga al régimen. Esto impide resolver problemas críticos como la actualización del Registro Electoral.

De esta manera, se obstaculiza la inscripción y actualización de los datos en el Registro Electoral Permanente, tanto dentro como fuera del país. Por su brutal parcialidad, el sistema no ofrece mecanismos eficaces para garantizar el derecho a la participación y al voto.

En la elección presidencial del 28 de julio de 2024, la opacidad fue deliberada: se apagó la página web del CNE para impedir el acceso a las actas de cada mesa, que debían publicarse en las 24 horas siguientes al cierre, conforme al artículo 294 y otras normas legales. Ese apagón, ordenado por la cúpula roja, se presentó como un “jaqueo” informático. Nueve meses después, las actas siguen ocultas.

La CELERIDAD también desaparece cuando hay opacidad y parcialidad. Hay celeridad para aprobar partidos fantasmas, pero paralización total para responder a los reclamos y recursos presentados por ciudadanos y organizaciones. Así se viola además el artículo 51 de la Constitución, que consagra el derecho de petición, ignorado por este régimen.

Lo más grave de todo esto es que, contando con un sistema electoral completamente fraudulento y al servicio del poder, su principal arquitecto, el psiquiatra Jorge Rodríguez, se burla de los factores cooperadores diciéndoles que el sistema es “confiable”, y que su decisión de participar es prueba de esa “confianza”.

Lamentablemente, quienes han decidido concurrir al nuevo fraude constitucional y electoral no se atreven a denunciar esta realidad.

Desde la resistencia democrática tenemos el deber de hacerlo permanentemente. Nuestro compromiso ciudadano nos obliga a denunciar. No podemos callar. Debemos recordar, con ocasión y sin ella, que en nuestro país no hay elecciones libres, que el sistema electoral es estructuralmente fraudulento, corrompido y contrario a todo el orden jurídico.

Venezuela merece una democracia con un sistema electoral limpio, transparente y seguro, donde podamos votar, es decir, elegir. Hoy no tenemos derecho al voto. Eso que la dictadura llama “voto” no es más que una simulación. El voto auténtico es el que elige, el que resuelve pacíficamente las diferencias en una sociedad. Aquí no es posible porque el voto ha sido confiscado por la camarilla usurpadora. La lucha de la sociedad democrática continúa hasta lograr restablecer el voto, es decir, la democracia.