Rafael Rojas: La batalla de Harvard
A diferencia de la Universidad de Columbia, que cedió a las presiones de Trump, Harvard decidió resistir la embestida de Washington
Estudiantes graduados de la Facultad de Derecho de celebran durante la 374.ª ceremonia de graduación en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE. UU. Foto: EFE
Ocho presidentes de Estados Unidos, por lo menos, se han graduado en la Universidad de Harvard. Tres de ellos, figuras centrales del Partido Demócrata en el siglo XX y lo que va del XXI, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy y Barack Obama. Aunque otros, como Theodore Roosevelt y George W. Bush, serían más bien referentes de la actual administración republicana, que encabeza Donald Trump, si ésta no fuera tan irreconocible desde una perspectiva doctrinal.
A pesar de ser uno de los centros de educación superior más prestigiosos del mundo, o quizás por eso mismo, el gobierno de Trump ha elegido a Harvard como uno de sus blancos preferidos. Los antecedentes de esa disputa provienen de la primera administración trumpista y su airada reacción contra el movimiento antirracista Black Lives Matter y el Proyecto 1619. Pero el último capítulo de la trama tiene su origen en el rechazo de la universidad a aceptar las exigencias de la Casa Blanca a favor de un mayor control de las expresiones de rechazo a la ofensiva de Israel en Gaza, de solidaridad con Palestina y de contención del antisemitismo.
A diferencia de la Universidad de Columbia, que cedió a las presiones de Trump, Harvard decidió resistir la embestida de Washington contra su autonomía. De acuerdo con Alan M. Garber, presidente de la institución, las demandas del gobierno tomaban el tema del antisemitismo como pretexto para hacer avanzar la estrategia de “guerra cultural” del trumpismo y la línea más conservadora del Partido Republicano.
Lo más peligroso, a juicio de Garber, era que aquellas exigencias gubernamentales implicaban una imposición de las prioridades normativas de la actual administración, al arco plural de intereses y problemáticas que movilizaba a profesores y estudiantes de ese centro de educación superior. Muy fácilmente, argumentaba el rector Garber en abril de este año, esas imposiciones podían convertirse en dictados de las agendas educativas y pedagógicas de la institución y en criterios de admisión o exclusión del profesorado y el estudiantado.
La reacción del gobierno de Trump a la resistencia de Harvard fue automática. La administración republicana congeló 2200 millones de dólares de los fondos federales a favor de la casa de estudio y amenazó con obstruir la liberación de 7000 millones más, destinados a los hospitales que gestiona la universidad. Conforme se intensificaba el diferendo, las verdaderas motivaciones del gobierno quedaban al descubierto: lo que Trump quería era que Harvard revirtiera sus programas de diversidad e inclusión, muy parecidos a los de muchas universidades estadounidenses, especialmente, desde la difusión del multiculturalismo a partir de los años 90 del siglo XX.
La resistencia de Harvard no se quedó en el choque discursivo y pasó al plano legal por medio de una demanda a la administración por los recortes, que afectaban las investigaciones médicas para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. El nuevo contraataque de Trump se produjo en mayo, con el anuncio, a través del Departamento de Seguridad Nacional, de que se restringiría el ingreso de estudiantes extranjeros. A ese anuncio se sumó otro, del Departamento de Estado, en el sentido de que se girarían órdenes a los consulados de Estados Unidos para que se paralizaran los trámites de visados.
Esta semana, la jueza federal Allison Burroughs ha extendido la orden de bloquear las acciones del gobierno de Trump contra la matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard. La noticia se conoció en medio de los actos de graduación, en los que el rector Garber exaltó la tradición de diversidad e inclusión de la universidad. Recordó Garber que el 27% del alumnado de Harvard proviene del extranjero y que preservar y aumentar esa heterogeneidad sigue siendo un objetivo de la institución. La orden de la jueza Burroughs es, por ahora, un revés para la Casa Blanca.
*Artículo publicado originalmente en La Razón de México
