De Fujimori a Bolsonaro: tres décadas de expresidentes latinoamericanos en la mira judicial
En los últimos años, la justicia ha estrechado el cerco sobre expresidentes de todas las corrientes políticas
Sin teléfono móvil y bajo arresto domiciliario. Esta fue la decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, tras constatar que Jair Messias Bolsonaro, de 70 años y expresidente del país, habría incumplido las medidas cautelares impuestas mientras es juzgado por su implicación en un intento de golpe de Estado.
La fiscalía brasileña sostiene que Bolsonaro, junto con sus ministros y altos mandos militares, habría conspirado para anular las elecciones presidenciales de 2022 -que perdió frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva-, así como para atentar contra la vida del entonces candidato progresista. El supuesto complot convergió en un intento de asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, promovido por partidarios del líder ultraderechista el 8 de enero de 2023.
Las protestas en los edificios gubernamentales de Brasil dejaron escenas que recordaron al asalto al Capitolio en Washington, apenas dos años antes, auspiciado en esa ocasión por seguidores de Donald Trump -presidente de Estados Unidos y aliado de Bolsonaro- que previamente a su reelección fue acusado en los mismos términos al tratar de revertir resultados electorales y presuntamente instigar la revuelta. Episodios que hacen temer que el enjuiciamiento o encarcelamiento de antiguos jefes de Estado haya dejado de ser algo excepcional, con el continente americano ofreciendo algunos de los ejemplos más significativos de esta tendencia.
Sin necesidad de abandonar la mayor economía de Sudamérica, cabe recordar que el propio Luiz Inácio Lula da Silva pasó más de 500 días en prisión tras ser hallado culpable de corrupción y lavado de dinero en el marco de la ‘Operación Lava Jato’. La sentencia le impidió presentarse a los comicios de 2018, con los que Jair Bolsonaro accedió al poder por primera vez.
Todo cambió en 2021, cuando el Tribunal Supremo anuló las condenas al entender que el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación contra Da Silva y nombrado en 2019 ministro de Justicia por Bolsonaro, no habría sido imparcial. Aun así, muchos detractores del actual presidente brasileño subrayan que, al haberse anulado ambos procesos por razones técnicas, su inocencia no ha quedado plenamente demostrada.
También entre 2021 y 2022, pero cruzando la frontera hacia Perú, Pedro Castillo estuvo al frente de la jefatura de Estado del país andino. Sin embargo, su legislatura tuvo un final abrupto al ser enviado a prisión preventiva tras tratar de llevar a cabo un autogolpe de Estado, que derivó en su destitución, y la de algunos de sus ex primeros ministros por parte del Congreso. En la actualidad, Castillo permanece en el centro penitenciario de Barbadillo (Lima), mientras se celebra un juicio en el que la Fiscalía solicita una pena de 34 años de prisión por rebelión. No ha sido el único en enfrentarse a la justicia Peruana.
Fujimori, condenado por crímenes contra la humanidad
Uno de los casos más sonados en el continente sudamericano estuvo protagonizado Alberto Fujimori, presidente de Perú desde 1990 hasta 2000. Años después de verse forzado a renunciar estando en el exilio por corrupción, fue extraditado desde Chile a Perú, donde se enfrentó a varios juicios, siendo uno de los más mediáticos el celebrado por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y el secuestro de un periodista y un empresario.
Finalmente, se le impuso una condena de 25 años de cárcel por crímenes lesa humanidad y secuestro agravado, convirtiendo a Fujimori en el primer exmandatario de Latinoamérica en ser sentenciado en su país por delitos de esta naturaleza. Desde 2009 cumplió la condena en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, no obstante, tras una batalla legal fue indultado por motivos humanitarios y salió definitivamente en libertad en 2023. Falleció un año después, a los 86 años.
Más recientemente, otro expresidente de la región ha vuelto a acaparar titulares: el colombiano Álvaro Uribe. Hace unos días fue condenado por un juzgado de Bogotá a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque la Defensa del Uribe -quien gobernó entre 2002 y 2010- ya ha anunciado que apelará la decisión, de confirmarse convertiría al fundador de Centro Democrático en el primer exmandatario en contar con una condena penal firme en la historia del país.
De Argentina a Ecuador
2025 se perfila como un año especialmente intenso en el ámbito judicial. Además de los procesos contra Bolsonaro y Uribe, en junio la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del país entre 2007 y 2015. La exmandataria fue declarada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos mandatos, acusaciones que siempre ha rechazado al considerarlas parte de una persecución política.
En esa línea, ha comparado su situación con la del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con la del ecuatoriano Rafael Correa -condenado en 2020 a ocho años de prisión por el caso ‘Sobornos 2012-2016’- quien reside en Bélgica y sostiene que la sentencia responde a un «lawfare» destinado a impedir su regreso a la vida política.
Los procesos judiciales que enfrentan diversos exmandatarios de América Latina podrían anticipar un cambio en la relación entre poder político y rendición de cuentas. Casos como los de Bolsonaro, Castillo, Fujimori, Uribe, Kirchner o Correa, si bien no son los únicos, muestran que la figura presidencial ya no está exenta de ser investigada o juzgada una vez finalizado su mandato. Un fenómeno que atraviesa países y corrientes ideológicas, y plantea el desafío de garantizar procesos imparciales y transparentes, capaces de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
