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Los hoyos del queso

Sendas declaraciones de la exministra Tohá y el ministro Grau ponen el dedo en la llaga de por qué la izquierda perderá las próximas presidenciales.

 

Esta semana dos declaraciones dieron en el clavo de por qué la oposición va a ganar las presidenciales, a pesar de la intervención electoral del Gobierno y de las amenazas a la futura gobernabilidad si la izquierda pierde La Moneda. Una fue la de la ex Ministra del Interior y la otra, del Ministro de Hacienda.

Carolina Tohá, en un conversatorio con público latino en París, hizo un descarnado análisis de la relación de la izquierda con la delincuencia y el acatamiento de las leyes. Sus opiniones reflejan las dificultades que vivió mientras dirigió el Ministerio del Interior y Seguridad, principalmente con la ultra izquierda del PC y del Frente Amplio, a pesar de que ella no discrimina entre ese polo y el del Socialismo Democrático. De esa izquierda en el poder, sumándose ella misma, señala que “tendemos a explicar la inseguridad como resultado de otros problemas”.  

Eso es exactamente lo que hace Gabriel Boric el mismo día que asume la Presidencia, cuando en su primer discurso asevera que “la desigualdad es su origen”, refiriéndose a la delincuencia.

Y la ex ministra PPD añade que es una “trampa” esa mirada para explicar la inseguridad, a lo cual habría que agregarle también la violencia, porque tienen el mismo clivaje en la visión de izquierda: “si la inseguridad es una consecuencia de la desigualdad, la exclusión y la pobreza, agrava estos problemas y hace difícil de resolverlos”. Pero el argumento principal de la trampa es que “las mayores víctimas de la desigualdad son los más desprotegidos, no los poderosos”, y son a los primeros a quienes más les cuesta obtener justicia y los “más vulnerables a caer en carreras delictuales”.

Exactamente esa es la interpretación causal que el Presidente Boric le da también a la violencia (que mezcla indistintamente con la delincuencia) y la repite cada vez que se refiere al 18-O, donde critica que se le tilde como “estallido delictual”. Él ha defendido que pudo tener un ingrediente de violencia, pero que fue una expresión de las injusticias “que coinciden con las demandas que se expresaron en el estallido social, (que) no han sido resueltas; atenderlas es prioridad de nuestro gobierno: seguridad, pensiones, salud, salud mental, la crisis de la vivienda” (discurso en la Sofofa, 26 octubre 2022).

Y, es más, en numerosas ocasiones agradece la violencia como partera de la historia. Junto con asumir, desde los balcones de La Moneda, asevera: “No estaríamos aquí sin la movilización de ustedes”. No fue una movilización cualquiera, sino que una delictual, pero él hace caso omiso de ese factor esencial, como lo hicieron también en la Convención Constitucional líderes como Fernando Atria, que la justificaron para llegar allí. Y por eso el “compromiso”, así lo llamó, con los indultos a quienes no fueron juzgados por la desigualdad, la pobreza, los abusos o por las demandas insatisfechas, sino porque cometieron delitos comunes. Algunos tenían prontuario de delitos comunes previo a la revuelta. Pero el Presidente no consideró fechorías las condenas por saquear supermercados, atropellar a un detective, incendiar hoteles o universidades. Fueron parte de la movilización que sirvió a sus fines: abrir el proceso constituyente. Y llamó insistentemente a apoyar sus reformas como mecanismo para neutralizar nuevos estallidos, partiendo por la tributaria y la previsional. 

Dos años después, volviendo sobre los incidentes del 18-O, Boric señalaba “hay otra violencia que también es más profunda, las desigualdades, la impunidad, la falta de ejercicio de derechos a quienes más lo merecen”, reivindicando la movilidad social como instrumento para avanzar. Y reiteraba que la movilización (esa que lleva implícita la violencia y delinquir) ha sido la única forma de avanzar (23 agosto 2024).

Con esa concepción de los avances sociales (donde el trabajo bien hecho y las políticas públicas adecuadas no existen), se entiende el reproche de Tohá a “los complejos de la izquierda que le tienen alergia a la policía”, al “orden público” y a “hacer cumplir la ley”, a pesar de que “es la principal protección de los vulnerables”.

Por eso ha envejecido tan mal el octubrismo, porque si bien es cierto que antes hubo apoyo a la protesta violenta para demandar cambios, hoy el clamor es por la crisis de inseguridad que se oye con desesperación en las poblaciones, no en Vitacura.

De ahí que ahora las personas no estén mirando a la izquierda que amparó la movilización social insurreccional, que le quitó toda legitimidad a carabineros para reprimir la delincuencia y que en gran parte no apoyó los proyectos de seguridad de su propio gobierno, con los cuales hoy se jacta La Moneda de haber hecho más que ningún otro en materia de seguridad (principalmente por los votos de la derecha). Hoy los vecinos buscan orden y atajar el crimen organizado que reemplaza al Estado en las poblaciones.

Las otras perforaciones del queso corrieron por cuenta del ministro Nicolás Grau. Admitió esta semana que el desempleo “es el pendiente más importante que tenemos nosotros”. Y quien encabezó el Ministerio del Trabajo, Jeannette Jara, es precisamente la candidata de continuidad, que ha buscado convertir en su fortaleza las 40 horas y el alza del salario mínimo. Lamentablemente, informes del Banco Central han reparado que justamente el alza de los costos laborales, por arriba de la productividad, es lo que ha impedido volver a tasas de desocupación anteriores a la pandemia.

Grau, que en un su nuevo rol en Hacienda hace acrobacias políticas con las cifras para intentar demostrar que este gobierno no será el con los peores resultados económicos desde 1990, ha procurado destacar la “disminución de la informalidad y la creación de puestos de trabajo con protección social”. Por desgracia, dato mata relato y lo que indican las cifras de cotizantes, así como las del seguro de cesantía, es todo lo contrario. “Los empleos formales han caído desde 2022”, señaló a fines de agosto el economista David Bravo, comparando los registros administrativos de las AFP con las erróneas estimaciones del INE.

Hay dos necesidades primordiales hoy: seguridad y empleo. La primera requiere respetar la ley y la policía y, el segundo, no obstaculizar la libre iniciativa privada para crear riqueza. Esos principios ajenos a quienes “habitan” hoy La Moneda son los mismos que determinarán la salida de la izquierda del poder.

 

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