La fe encarcelada o cómo el régimen cubano viola la libertad religiosa en sus prisiones
'Como soy prisionera política, no puedo tener ningún beneficio… Estoy profundamente afectada porque no quieren que practique mi fe': testimonio recogido en un informe de Solidaridad Cristiana Internacional.

Un nuevo informe de la organización Solidaridad Cristiana Internacional (CSW) denuncia que el régimen cubano viola de manera sistemática la libertad religiosa dentro de sus cárceles, donde tanto presos políticos como comunes son hostigados, castigados e impedidos de practicar su fe.
El documento, titulado Libertad de religión o de creencias en las prisiones de Cuba (octubre de 2025), expone que los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) y su Departamento de Prisiones consideran la libertad religiosa «un beneficio» y no un derecho. Esta interpretación, advierte CSW, permite a las autoridades negar arbitrariamente el acceso a biblias y a asistencia religiosa, e impedir las reuniones de culto, en abierta violación de las Reglas Nelson Mandela de la ONU.
«Dicen que como soy prisionera política no puedo tener ningún beneficio… Estoy profundamente afectada porque no quieren que practique mi fe. Desde que fui encarcelada nunca he podido disfrutar de una visita religiosa», declaró una prisionera política de Santiago de Cuba, condenada a diez años de prisión. «Todos los cargos en mi contra son falsos, porque lo único que hice fue salir a reclamar mis derechos», añadió, según el informe de CSW.
«No se trata de abusos aislados de algunos funcionarios, sino de una política de Estado», advierte el abogado Edel González Jiménez, miembro del equipo de DIARIO DE CUBA. La arbitrariedad con la que se prohíbe el acceso a biblias, a líderes religiosos o incluso a la oración privada demuestra que la represión de la fe forma parte de un mecanismo deliberado para deshumanizar y quebrar psicológicamente a los presos, en especial a los políticos».
Represión bajo apariencia legal
El informe de CSW subraya que la Ley de Ejecución Penal de 2022 y el Reglamento del Sistema Penitenciario reconocen el derecho a recibir atención religiosa, pero solo a través de instituciones «autorizadas» por el MININT, como el Consejo de Iglesias de Cuba o la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos. En la práctica, esto excluye a los grupos religiosos no registrados, que constituyen una gran parte de la población creyente del país, incluidas las religiones afrocubanas.
La organización señala que de los 181 prisioneros entrevistados —102 por motivos políticos y 77 por delitos comunes—, el 93% aseguró que no puede practicar su fe dentro de prisión, y la mayoría ha sido testigo de abusos o insultos por parte de los guardias. «Nos llaman ‘parásitos’ o ‘gusanos religiosos'», relató un preso político condenado a siete años. «En las cárceles, la humillación es lo normal».
Castigos por orar o llevar símbolos religiosos
El documento detalla que quienes intentan orar, cantar o realizar rituales son interrumpidos o castigados. «Cuando busco un poco de privacidad para orar, los guardias me dicen que si continúo con mis creencias me mandarán a la celda de castigo«, contó un recluso que cumple 20 años de condena por desacato a la autoridad.
Otro, sentenciado a 12 años, afirmó: «Cuando voy a realizar un ritual religioso, los guardias entran y me obligan a detenerme».
Las restricciones afectan especialmente a los practicantes de religiones afrocubanas, para quienes la vestimenta y los amuletos tienen un valor espiritual esencial. «La imposibilidad de portar mis símbolos me afecta profundamente, porque mi ropa lo es todo para mí», dijo un preso yoruba condenado a 27 años.
Sin visitas pastorales ni biblias
La totalidad de los presos encuestados afirmó haber solicitado visitas religiosas; el 79% nunca las ha recibido. «Dicen que las visitas son ‘contra la Revolución'», explicó un joven condenado a 15 años por sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Otro relató: «No permiten que entre mi padrino porque dicen que es mi cómplice… estos son mis orishas, mis guías».
CSW documentó casos de negación formal de visitas espirituales firmadas por el mismo funcionario del MININT, Adonis Charchaval Ramírez, quien en sus resoluciones calificó los derechos religiosos como «beneficios no aplicables a condenados por delitos contra la seguridad nacional».
El acceso a literatura religiosa es igualmente restringido. De los 181 entrevistados, solo 26 dijeron haber recibido ocasionalmente biblias o textos sagrados. «Dicen que nosotros, los de la oposición, no tenemos ningún tipo de beneficio», señaló un preso condenado a 15 años por sedición. Otro agregó: «No lo permiten porque es otra forma de hostigar al recluso, ya que le impide vivir su fe«.
De concesiones a represión total
El informe recuerda que, tras las reformas de 2010, el Gobierno permitió el ingreso de capellanes acreditados del Consejo de Iglesias de Cuba y de la Iglesia Católica, y algunos prisioneros podían conservar literatura religiosa. Sin embargo, la situación se agravó tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando las autoridades reimpusieron restricciones severas y trataron a todos los detenidos como «contrarrevolucionarios».
Hoy, las cárceles cubanas recluyen a cerca de 90.000 personas, de acuerdo con cifras oficiales de 2020 —probablemente mayores ahora—, y a más de 1.100 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders.
Llamado internacional
CSW ha exigido al Gobierno cubano implementar las Reglas Nelson Mandela, permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a todas las prisiones, y garantizar el derecho de los reclusos a practicar su fe sin represalias. También insta a la ONU, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos a presionar diplomáticamente y aplicar sanciones a los responsables del MININT implicados en abusos.
El informe concluye que el régimen usa la religión como herramienta de control y castigo, en un contexto de deterioro general del sistema penitenciario. «Las cárceles de Cuba son el reflejo más crudo de la represión del Estado«, advierte CSW, «y el derecho a creer se ha convertido en otro privilegio que el régimen otorga o retira según su conveniencia política«.