Carlos Malamud: El laberinto peruano
La presidencia de Boluarte se caracterizó por su incapacidad de atajar el constante aumento de la violencia y del crimen organizado
El presidente de Perú, José Jerí, posa durante la ceremonia de nombramiento de los integrantes del Gobierno de transición. EFE | Confidencial
Siete presidentes en los últimos ocho años es el inusual récord político del Perú. Esto se complementa con otros datos adicionales: cuatro de ellos están presos por corrupción, otro está siendo investigado y no puede salir del país y uno se suicidó pegándose un tiro, y todo al margen de la saga personal de Alberto Fujimori. Si añadimos que la última mandataria fue “vacada” (censurada y destituida) por “incapacidad moral permanente” y que su reemplazante, José Jerí, pende de un hilo y ha sido incapaz de formar gobierno durante algunos días es lógico pensar en una crisis política mayúscula.
El rocambolesco fin de Pedro Castillo, con su fallido autogolpe, le permitió a su vicepresidenta Dina Boluarte alcanzar el poder. Pese a haber sido elegida por un partido marxista–leninista pudo gobernar con el apoyo de la fujimorista Fuerza Popular y otros partidos de derecha, como Renovación Popular, del ya exalcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga. Sin embargo, este respaldo no fue gratuito y convirtió a Boluarte en rehén de un Congreso cleptocrático, corrupto, fragmentado y sin la grandeza de miras necesaria para alcanzar los acuerdos que impulsen las reformas políticas que permitan construir un Perú diferente.
Su gestión careció tanto de legitimidad de origen como de ejercicio y la presidenta fue incapaz de aportar gobernabilidad a un país que la necesita en grado sumo. Afortunadamente política y economía todavía discurren por andariveles separados. La gestión de Julio Velarde Flores en la presidencia del Directorio del Banco Central de Reservas ha sostenido no solo a la moneda nacional, el sol, sino también el crecimiento y la estabilidad económicos.
La presidencia de Boluarte se caracterizó por su incapacidad de atajar el constante aumento de la violencia y del crimen organizado. Solo en el primer semestre de 2025 los homicidios se incrementaron un 17% respecto a 2024 y este año podría ser el más violento desde 2017. Más allá de la promesa hecha cuando llegó al poder de comportarse de forma honesta, fue golpeada por diversos casos de corrupción, como el escándalo de los relojes Rolex, sus operaciones semiclandestinas de cirugía estética o las acusaciones contra su hermano por tráfico de influencias. La persistencia de la violencia y la corrupción provocaron su salida del gobierno meses antes de las elecciones presidenciales, que deberán celebrarse en abril de 2026.
Todo ello explica sus bajos, bajísimos, índices de popularidad y aprobación de su gestión. En el momento de su destitución no pasaban del 3%. Incluso hay encuestas que hablan de un rechazo total entre los jóvenes de 18 a 24 años. La mencionada cercanía electoral forzó a sus “aliados” políticos a alejarse de ella y para eso nada mejor que destituirla. Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina las prioridades son otras y aparecer muy próximo a una persona tan desprestigiada como Boluarte puede ser tóxico y hundir cualquier pretensión de llegar a la Casa de Pizarro, sede del gobierno.
Uno de los disparadores de la destitución fue el ataque contra una popular orquesta de cumbia, Agua Marina, en unas dependencias militares. Fue la gota que colmó la paciencia de los 130 parlamentarios que integran el Congreso. Votaron 122, todos a favor de su cese, con ningún voto en contra ni abstención. Curiosa unanimidad en un parlamento tan fragmentado, el mismo que reintrodujo la bicameralidad (Senado y Cámara de Diputados) y permitirá a sus señorías ser elegidas de forma alterna en un cuerpo u otra, de forma burlar la imposibilidad de ser reelectos.
El horizonte de Jerí, el casi desconocido presidente interino, es muy limitado. Hay quien dice que llegó al poder por casualidad, gracias a una meteórica carrera política. Tiene un elevado rechazo popular debido a varias acusaciones de corrupción y abusos sexuales. El miércoles 15 se realizaron diversas manifestaciones en Lima y otras de las principales ciudades del país en su contra, pero no alcanzaron el nivel de concurrencia esperado por sus jóvenes organizadores, que buscaron asimilarse a la generación Z y que en la capital finalizaron en media de gran violencia.
El panorama abierto en Perú es bastante incierto. Hay 43 fuerzas habilitadas para participar en las elecciones presidenciales y no sería improbable contar al menos con 40 candidatos. Este escenario de fragmentación y dispersión del voto es reflejado por las encuestas. Por un lado, el número de quienes rechazan participar o votarían en blanco o nula roza el 40%, y, por el otro, ningún candidato supera el 10%. Según la última medición de Ipsos López Aliaga, con el 10%, encabeza las preferencias populares, seguido por Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, con el 8%, tras haber desplazado a Keiko Fujimori que ha bajado al tercer lugar con el 6%. Si los ocho primeros candidatos se reparten el 38% del voto, los siguientes 30 no pasan del 12%.
En este contexto puede ocurrir cualquier cosa. Ningún aspirante a la presidencia podrá imponerse con claridad, siendo prácticamente descartable que alguno gane en primera vuelta. No solo eso, habrá tal dispersión en la representación parlamentaria que la gobernabilidad será un gran quebradero de cabeza para quien le toque gobernar el país. Solo un pacto de amplio espectro que busque la reconfiguración del Perú permitiría pensar en un futuro donde sea posible salir del laberinto en que está actualmente atrapada la sociedad peruana.
*Este artículo se publicó originalmente en El Periódico, de España.
