El robo de propiedades de la dictadura contra la Iglesia católica en Nicaragua es la mayor confiscación a la Iglesia en la historia reciente de América Latina. // Fotoarte: CONFIDENCIAL
A las monjas Clarisas las sacaron de dos de sus monasterios en Nicaragua la noche del 28 de enero de 2025. Primero llegaron a desalojarlas del convento ubicado en Carretera Vieja a León, en Managua, y después de la comarca Las Grecias, en Chinandega. A las religiosas solamente les permitieron salir con unas pocas pertenencias, aunque la confiscación se fraguó semanas antes.
El 17 de enero de 2025, la autonombrada “copresidenta” Rosario Murillo adelantó que “pronto” inaugurarían un centro universitario de tecnologías agropecuarias y para la agroexportación, que sería una extensión de la Universidad Nacional Agraria (UNA). Once días después, las monjas Clarisas fueron expulsadas de sus conventos y su antiguo monasterio “Sagrados Corazones de Jesús y de María”, de Chinandega, fue convertido —en menos de un mes— en el centro que Murillo había anunciado.
39 propiedades confiscadas a la Iglesia
Desde febrero de 2022, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 39 propiedades a la Iglesia católica y organizaciones de laicos, según un análisis de datos realizado por CONFIDENCIAL.
El conteo de propiedades confiscadas corresponde a los bienes que lograron verificarse con evidencia en datos públicos y fuentes abiertas. El total de los bienes robados es mayor. Sin embargo, las congregaciones afectadas prefieren no denunciar para evitar más represalias contra la Iglesia católica, que acumula varios años de persecución de parte de la dictadura.
Entre los bienes confiscados hay escuelas y universidades que fueron fundadas o eran administradas por la Iglesia, terrenos, fincas y haciendas, residencias religiosas, casas pastorales y oficinas, entre otros inmuebles.
En las propiedades confiscadas que lograron verificarse se confirmó un mismo patrón de robo y usurpación, que incluye rebautizar los bienes como supuestas “nuevas” obras públicas en un intento de legitimar los robos.
Las confiscaciones se ejecutan tras la cancelación de las personerías jurídicas de las congregaciones o fundaciones religiosas. El régimen las acusa de “obstaculizar el control y la vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”. Sin embargo, omite que, en muchos casos, es el Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación) el que se niega a recibir la documentación. Y al cancelarlas, sin derecho a ningún tipo de apelación, ordena el traspaso de sus bienes a nombre del Estado.
En otros casos, las confiscaciones se ejecutan como parte de acciones represivas, como las confiscaciones a las Diócesis de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo Rolando Álvarez Lagos, encarcelado, desterrado y desnacionalizado por ser una voz crítica contra el régimen. En esos casos, la dictadura no dio ningún argumento legal para justificar la toma de los bienes. Simplemente los ocupó.
El patrón operativo confirma que las confiscaciones no son hechos aislados, sino una política de gobierno que busca desmantelar la estructura social y educativa de la Iglesia católica que critica e incomoda a la dictadura.
Las congregaciones y diócesis más confiscadas
Las 39 propiedades confiscadas pertenecían a nueve congregaciones religiosas, cuatro diócesis o divisiones administrativas de la Iglesia católica y cinco fundaciones o grupos de laicos.
De las nueve congregaciones religiosas confiscadas, la Compañía de Jesús es la más afectada. A los sacerdotes jesuitas los despojaron de al menos nueve propiedades a nivel nacional, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA), con 63 años de historia en Nicaragua. El argumento: acusar a la UCA, sin pruebas, de ser un centro del terrorismo.
Los jesuitas son la única congregación que ha denunciado públicamente el robo de sus propiedades. En agosto de 2025, el sacerdote jesuita y vocero de la congregación para Nicaragua, José María Tojeira (q.e.p.d.), aseguró que “se están haciendo estudios” para demandar al Estado ante un tribunal internacional. El padre Tojeira calculaba el valor de lo robado en unos 60 millones de dólares.
Hicimos una evaluación (…) lo que es puramente material rondaba los 60 millones dólares. Pero claro, hay otras cosas como el archivo histórico, por ejemplo, que tiene un valor difícil de calcular”.
José María Tojeira
Sacerdote jesuita
Una estimación de CONFIDENCIAL, basada en fuentes de la congregación jesuita y cálculos propios, eleva el valor preliminar de lo confiscado a los 77 millones de dólares. Sin embargo, el monto solo incluye el último avalúo del campus San Ignacio Loyola, la inversión para construir el Laboratorio de Ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente y un terreno ubicado en carretera a Masaya, que son solamente tres de las nueve propiedades confiscadas, y no incluye el valor patrimonial de sus colecciones como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) o la Biblioteca José Coronel Urtecho.
“El saqueo fue inmenso. Si bien los daños económicos son, hasta la fecha, incalculables, el perjuicio científico y académico es aún mayor, pues el acervo cultural incautado arbitrariamente a la universidad es de un valor inconmensurable”, reveló a CONFIDENCIAL una fuente jesuita.
El segundo grupo más confiscado es la Fundación Fabretto, una organización sin fines de lucro que operó en Nicaragua durante más de 60 años, inspirada en el legado del misionero salesiano Rafael María Fabretto.
A la Fundación Fabretto le confiscaron al menos cinco centros educativos y una finca, de las cuales se desconoce el patrimonio total, porque prefirieron no dar declaraciones para este reportaje. En este caso, tras ocupar sus obras sociales, la dictadura sigue utilizando el nombre del sacerdote italiano.
En tercer lugar con más confiscaciones está la Diócesis de Matagalpa, a cargo del obispo Rolando Álvarez. La Diócesis perdió al menos tres propiedades, incluyendo la Curia Episcopal, donde el obispo y un grupo de colaboradores permanecieron asediados por la Policía Nacional durante dos semanas, hasta su arresto arbitrario el 19 de agosto de 2022. El valor de las tres propiedades confiscadas supera los siete millones de dólares, según estimaciones periodísticas del medio de comunicación Mosaico CSI.
Número de propiedades confiscadas a cada congregación y diócesis
Las 39 propiedades confiscadas pertenecían a nueve congregaciones religiosas, cuatro diócesis o divisiones administrativas y cinco fundaciones o grupos de laicos.
“Riqueza a manos de los pobres”
Tres días después de la confiscación de la UCA, la dictadura instaló de forma exprés una “nueva” universidad estatal, que en realidad inició operaciones cinco meses más tarde. La prisa y la parafernalia —que incluyó izar la bandera del gobernante Frente Sandinista— evidenció el interés de una revancha política.
En Chinandega, la Alcaldía también se apresuró a inaugurar un “nuevo” centro universitario, instalado en el monasterio confiscado a las monjas Clarisas. El pretexto fue aprovechar la fecha del aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino. Pero tres meses después, en otra efeméride partidaria, la recién destituida presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, inauguró la filial universitaria como si se tratara de la primera vez.
En la primera “inauguración”, el inmueble estaba prácticamente intacto, solo habían instalado banderas rojinegras, unas sillas y una tarima con la imagen de los “copresidentes” Ortega y Murillo. En el segundo acto, sumaron sillas escolares, computadoras, algunos equipos de cocina y ornamentos.
Imágenes del Monasterio “Sagrados Corazones de Jesús y de María”, confiscado en enero de 2025 a la Orden de Santa Clara, ahora convertido en el “Centro Universitario Héroes de Chinandega”. // Foto: CCC
En un acto público, durante otra efeméride partidaria —el aniversario del natalicio de Sandino, el 18 de mayo de 2024—, Ortega justificó las confiscaciones. “Lo importante —dijo— es que esa riqueza mal habida (…) está en estos momentos en manos del Estado a disposición del pueblo, de los pobres, de los campesinos, de la juventud”. No dio pruebas de cómo esa riqueza, según él, era mal habida y omitió que había prometido respetar la propiedad privada, cuando buscaba volver al poder en la campaña electoral de un ya lejano 2006.
Las confiscaciones de proyectos sociales también dejan en el abandono a sectores vulnerables que eran atendidos por la Iglesia. Mientras las usurpaciones de colegios y universidades —sustituidas por espacios que promueven el adoctrinamiento partidario— persiguen un control ideológico de la educación básica y la anulación del pensamiento crítico en la educación superior.
Doce de las propiedades confiscadas están ubicadas en Managua. Otras nueve están ubicadas en el norte del país (Matagalpa y Jinotega); seis más en la zona de Las Segovias (Madriz, Estelí y Nueva Segovia); cuatro en el Occidente (León y Chinandega); otras cuatro en el suroriente (Rivas, Granada y Carazo); dos en Chontales, y dos en Río San Juan.
Más de la mitad de las propiedades ya han sido usurpadas
De las 39 propiedades confiscadas a la Iglesia católica, 22 ya fueron repartidas y ocupadas por diferentes instituciones del Estado, que han inaugurado “nuevos” proyectos en un intento de sostener el discurso populista del supuesto traslado a “manos de los pobres”. Sin embargo, el Gobierno no transparenta la formalidad del traspaso ni los propósitos o lineamientos de uso del inmueble.
Sobre el destino de las otras 17 propiedades confiscadas, no se logró comprobar qué ha sucedido.
Las instituciones del Estado que han colaborado con la usurpación de las propiedades son:
- Consejo Nacional de Universidades (CNU), ahora extinto
- Ministerio de Educación (Mined)
- Ministerio de Salud (Minsa)
- Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuario (INTA)
- Ministerio del Interior (MINT, antes Ministerio de Gobernación)
- Ministerio de la Familia
- Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
- Instituto Nacional Tecnológico (Inatec)
Las confiscaciones de once instituciones educativas
Entre las propiedades confiscadas a la Iglesia hay al menos ocho colegios y seis universidades. Varios de estos centros de educación tenían décadas de funcionamiento y contaban con planes de estudio de certificación nacional e internacional. En su lugar, la dictadura alega la “apertura” de once centros educativos, a cargo del CNU y el Mined.
El CNU dirigió la reutilización de ocho propiedades, maquilladas como nuevos centros de educación superior. Entre estas están:
- Monasterio de la Orden de Santa Clara o hermanas clarisas, en Chinandega, convertido en el Centro Universitario “Héroes de Chinandega”, asignado a la Universidad Nacional Agraria (UNA).
- Centro Diocesano Pastoral “La Cartuja”, de la Diócesis de Matagalpa, reacondicionado como “Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación ‘Padre y Comandante Camilo Torres Restrepo”, también asignado a la UNA.
- Campus San Ignacio de Loyola de la Universidad Centroamericana (UCA), rebautizado “Universidad Nacional Casimiro Soteto Montenegro”. La propiedad incluye el Laboratorio de Ingeniería Julio y Adolfo López de la Fuente, ubicado a unos 200 metros del campus.
- Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), de la Diócesis de Estelí, renombrada como Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP).
- Dos recintos de la Universidad Juan Pablo II, ubicados en Managua y Juigalpa, donde instalaron la “nueva” Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana.
- Casa de los Frailes Menores Franciscanos, en Managua, donde instalan la Academia Nacional de Idiomas “Héroe Brian Wilson”, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
El Mined, por su parte, está a cargo de la administración de tres colegios confiscados:
- Colegio Susana López Carazo, confiscado en abril de 2023 a las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en Rivas, donde sigue funcionando, pero bajo administración del Ministerio.
- Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, confiscado en mayo de 2023 a las religiosas de la congregación del mismo nombre, en San Sebastián de Yalí, en Jinotega.
Colegio San José, confiscado a las Hermanas Josefinas, en agosto de 2025, en Jinotepe (Carazo), rebautizado con el nombre del extrabajador de la Alcaldía de Managua, Bismarck Martínez, a quien la dictadura considera “mártir del golpismo”.
El INTA también tiene dos nuevos centros en propiedades confiscadas: el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias, ubicado en el Monasterio de Monjas Trapenses en San Pedro de Lóvago (Chontales), y la Reserva de Recursos y Estación Biológica “Coronel Santos López”, instalada en la Finca Mangas Verdes, de la Fundación Fabretto, en San José de Cusmapa (Madriz).
Los “nuevos” proyectos en obras sociales confiscadas
La dictadura “maquilla” como nuevos “proyectos para el pueblo” las confiscaciones de propiedades, pese a que entre las propiedades robadas también hay proyectos sociales, centros pastorales y proyectos de servicio a la población, que eran administradas por la Iglesia y equipos voluntarios.
Al Minsa le asignaron la Clínica Nazareth, que pertenecía a la Asociación Nazareth para el Desarrollo Integral de la Familia (Andif), y el Centro de Salud Mental “Doctor Jacobo Marcos Frech”, instalado en el Monasterio de la Orden de Santa Clara, en Managua.
El Ministerio de la Familia está a cargo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Madre Paquita, instalado en el Hogar Inmaculado Corazón de María de las Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta.
La imagen de dieciocho misioneras, cruzando a pie hacia Costa Rica, con apenas pertenencias, le dio la vuelta al mundo en julio de 2022, convirtiéndose en una de las imágenes emblemáticas de la persecución religiosa de la dictadura.
En el documental “Nicaragua Levantará”: La persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica, las religiosas narraron que la dictadura les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Ellas consiguieron comprar 18 pasajes para irse en avión, pero las autoridades les ordenaron salir por vía terrestre hacia Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, y las llevaron por un “atajo”.
“Yo tenía un poco de conocimiento (de por dónde íbamos en ese atajo) porque es mi país, pero no entendía por qué nos llevaban por allí. Tenía miedo que se inventaran un accidente”, relató la hermana misionera María Anchila, meses después, desde el exilio.
La dictadura también ocupó ocho residencias religiosas. En enero de 2025 ordenó desmantelar la Curia Episcopal de Matagalpa, donde vivía el obispo Rolando Álvarez. Dos meses después, en marzo de 2025, “inauguró” una clínica de Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), una empresa privada que administra varias clínicas médicas del INSS.
El INSS, por su parte, ha sido utilizado por la dictadura para “lavar” más de 110 propiedades confiscadas, según un reportaje publicado por CONFIDENCIAL.
En el convento de las religiosas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, en León, la institución “premiada” fue la Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio del Interior, que instaló ahí una sucursal de la que primero solamente pusieron un rótulo y meses después pintaron para comenzar a operar.
Ortega y Murillo, confiscadores de la Iglesia en el siglo XXI
En América, sólo en otros dos países se habían ejecutado confiscaciones masivas a la Iglesia católica, similares a las que dirigen Ortega y Murillo en Nicaragua, como confiscadores de la Iglesia en el siglo XXI.
Las primeras ocurrieron en México, entre 1856 y 1863, cuando cerraron 310 conventos y monasterios, tras la aprobación de las Leyes de Reforma, impulsadas por el presidente Benito Juárez, sentando las bases de la separación entre la Iglesia y el Estado en ese país, según el Archivo General de la Nación.
En esa época, la Iglesia católica era dueña de gran parte de las tierras agrícolas y ganaderas de México. Tenía haciendas, terrenos urbanos, colegios, universidades y otros bienes que, tras ser nacionalizados, fueron vendidos o convertidos en edificios públicos.
Sin embargo, a diferencia de la reforma mexicana que buscaba un Estado laico, la de Nicaragua únicamente intenta imponer el Estado totalitario de una dictadura que se define a sí misma como “cristiana”.
El segundo país fue Cuba, con las confiscaciones masivas ordenadas por Fidel Castro, tras la Ley de Reforma Agraria, aprobada en mayo de 1959. Castro ordenó la expropiación de las compañías estadounidenses y latifundios para entregarlas al Estado. Su decisión provocó sanciones económicas de Estados Unidos, pero el mandatario comunista no se detuvo.
En 1961 nacionalizó la educación y la salud, con lo cual todos los colegios, hospitales, clínicas y asilos privados —incluyendo los que pertenecían a la Iglesia católica— pasaron a manos del Estado. Unos 350 colegios y universidades católicas fueron confiscadas, según el periodista e historiador cubano, Dimas Castellanos, en una entrevista publicada en Diario de Cuba.
“Cientos de miembros de órdenes religiosas y miles de monjas dedicadas a la educación tuvieron que ser enviados a otros países”, relató Castellanos. También se prohibieron procesiones y se expulsaron sacerdotes. Una de las más emblemáticas fue la de 132 religiosos enviados a España en el buque Covadonga, el 9 de septiembre de 1962.
Cincuenta años después de la ocupación, el régimen cubano empezó a devolver a la Iglesia parte de los inmuebles confiscados. Las primeras devoluciones ocurrieron en 2009, aunque se conocieron públicamente hasta 2013. Entre esas propiedades está la capilla de la antigua Universidad de Santo Tomás de Villanueva, al oeste de La Habana, según el medio Martí Noticias.
El profesor de historia de las religiones de la Universidad de La Habana, Enrique López Oliva, declaró entonces que hay dos factores detrás de las devoluciones: “Uno económico, pues, el Gobierno cubano no tiene recursos para atender esta infraestructura que está en proceso de deterioro”, y el otro “dar una imagen de que la relación con las Iglesias mejora”.
Otras devoluciones han ocurrido en “secreto”. Según el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor José Félix Pérez, “en el transcurso de estos últimos años, realmente es poco lo que se ha percibido. Algunas diócesis han recibido algún terreno, algún local, pero realmente todavía faltaría mucho (por devolver)”, dijo a Diario de Cuba.
La confiscación y el silencio en Nicaragua
La confiscación de las propiedades de las oenegés en Nicaragua se oficializó con la creación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines De Lucro o Ley 1115, en marzo de 2022. En ella se estableció que, en casos de cancelación de personería jurídica, “corresponderá proceder de oficio a la hoy rebautizada Procuraduría General de Justicia con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua”.
Sin embargo, la dictadura ya llevaba cuatro años confiscando propiedades de facto, rebautizándolas como bienes públicos, como ocurrió con la Redacción de CONFIDENCIAL, asaltada y ocupada en diciembre de 2018 y convertida en una supuesta “casa materna” en febrero de 2021.
En septiembre de 2024, la dictadura también reformó la Ley 641 del Código Penal, estableciendo que “estarán sujetos a decomiso, los bienes o activos” de quienes cometan lavado de activos, terrorismo y su financiamiento dentro o fuera de Nicaragua. Todos delitos utilizados para perseguir a la oposición.
A la fecha, no se sabe con exactitud el total de los bienes que han sido confiscados desde 2018. En mayo de 2024, una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) estimó las pérdidas por confiscaciones en más de 250 millones de dólares, pero la cifra apenas valoró unas 24 propiedades.
Precisar la magnitud del robo también es difícil por el silencio de quienes temen denunciar. En el caso de las confiscaciones a la Iglesia católica ni las autoridades de la Conferencia Episcopal ni el Vaticano se han pronunciado al respecto. Las congregaciones y fundaciones afectadas —excepto los jesuitas— también han optado por no hablar. Incluso sacerdotes exiliados o desterrados prefieren no dar declaraciones, para —dicen— no afectar a los sacerdotes y las obras de la Iglesia que siguen funcionando en Nicaragua.
La dictadura también acabó con 17 canales de televisión y radios católicas que fueron cerradas por supuestamente “no contar con los permisos de operación o el título habilitante vigente”. De estos medios, 13 pertenecían a las diócesis de Matagalpa y Estelí. Las otras cuatro eran de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la diócesis de Bluefields y de sacerdotes. De estas no se logró confirmar si los inmuebles y el equipo de operaciones fueron confiscados.
La Iglesia también perdió las subvenciones estatales que históricamente recibían del Presupuesto General de la República y que alguna vez ascendieron a 23.9 millones de córdobas. Estas ayudas crecieron sustancialmente desde 2007, cuando Ortega volvió a la Presidencia de Nicaragua, en un intento de congraciarse con la Iglesia, pero se las quitó por “rebelarse” en 2018.
En 2023, los dictadores también ordenaron congelar las cuentas bancarias de la Iglesia católica, para “investigarlas” por supuesto caso de lavado de activos.
En una nota de prensa, de mayo de 2023, la Policía justificó que “inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis del país”, sin precisar a cuáles diócesis.El congelamiento de las cuentas bancarias en el sistema financiero nicaragüense fue general. Primero con cuentas de la Iglesia en Estelí, luego Matagalpa, Managua y finalmente en todo el país. En los meses siguientes se extendió a cuentas personales de varios sacerdotes e incluso el fondo de retiro de los sacerdotes jubilados. A la fecha no hay detalles de cuánto dinero fue congelado ni qué ha pasado con la “investigación” de la Policía.
Mientras los robos continúan, la dictadura se autodefine “cristiana” y “solidaria”, a la vez que acusa a la Iglesia de “malvados” y “demonios” “disfrazados de religiosos”, y celebra sus robos como “triunfos del pueblo”.
En palabras de Murillo, “todo eso se devuelve al pueblo, porque el que hace el bien, recibe bien, por derecho propio. Por eso decimos, más hospitales, centros de salud, universidades”. Aunque sea en propiedades robadas.
Confiscación se extiende a Iglesias evangélicas
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acabó en tres años y medio con 1342 asociaciones, fundaciones, ministerios y congregaciones religiosas, vinculadas principalmente a las Iglesias católica y evangélica en Nicaragua.
Estas incluyen 52 organizaciones religiosas que pidieron su disolución en un intento por no ser confiscadas, como ocurre de facto con las canceladas por supuestos incumplimientos. El Ministerio Puerta de la Montaña, acusado de lavado de dinero, perdió unos cinco millones de dólares, según su presidente y misionero estadounidense, Jon Britton Hancock. Una de las propiedades es el Rancho Colibrí, en Matagalpa, donde se instaló un “Centro de Recuperación de Adicciones”, que administra una desconocida “Fundación Nuevos Días”, que asegura trabajar con la asesoría y coordinación del Ministerio de Salud. El centro, de carácter privado, confirma que el régimen hace negocio con los bienes confiscados.