El régimen cubano ha abierto una cacería contra los envíos informales de remesas a la Isla, alegando una supuesta premeditación para impedir que las divisas lleguen directamente a sus manos.
Al respecto, es preciso recordar que las remesas no pertenecen al Gobierno cubano —ni a ningún otro gobierno—, sino a las familias. Millones de cubanos se esfuerzan en diversos rincones del mundo para ayudar a sus allegados en la Isla. Ese dinero, por tanto, pertenece únicamente a remitente y receptor, quienes deberían contar con total libertad para elegir el mejor trámite.
La seguridad ha de ser un elemento esencial en este tipo de transacciones, pero es el propio régimen cubano, con su voracidad recaudatoria, quien provoca que los afectados acudan a cualquier vía y abandonen el uso de bancos y agencias.
Una muestra inequívoca de esa voracidad recaudatoria es el irrisorio cambio oficial de dólares/ euros a pesos cubanos. A lo que habría que sumar los abusos de un sistema bancario que suele retener las remesas —incluso durante meses— pretextando falta de fondos.
Es por ello que, más allá de cualquier práctica extrema a la que acudan los cubanos para que el dinero llegue rápidamente a sus familias, el único delincuente en todo esto es el régimen de La Habana. Los bancos y agencias que intermedian en estas operaciones en cualquier lugar del mundo, están obligados a denunciar las ilegales retenciones de remesas. Y los cubanos tienen el legítimo derecho a enviar a los suyos, de la manera en que mejor consideren, la ayuda que necesitan para sobrevivir dentro de Cuba.
