Una red de hasta once casos de corrupción y acoso ahoga a Sánchez

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa ofrecida anteayer en la sede del PSOE – EP

El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más difícil, acorralado por distintos casos de corrupción que afectan a su entorno más próximo y que se unen al estallido de un ‘me too’ en el seno del PSOE que también podría acabar judicializado.

Los dos últimos secretarios de Organización de la formación, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a quienes el presidente del Gobierno premió, situándoles como sus manos derechas en el partido con el cargo de secretarios de Organización y con el Ministerio de Transportes en el caso de Ábalos, han ido a la cárcel de manera preventiva en el último medio año. Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dibujan un panorama de una gravedad difícil de ignorar por el presidente del Gobierno. Las formaciones del Congreso que apoyaron su investidura le piden explicaciones.

Ábalos está a punto de sentarse en el banquillo acusado de beneficiar con sucesivos contratos públicos (de hasta 53 millones) al comisionista Víctor de Aldama que le sobornó de distintas maneras. Se enfrenta a una pena de prisión de 24 años y siguen brotando los detalles delictivos alrededor de Cerdán. Estos son todos los escándalos que afectan al círculo de mayor confianza de Pedro Sánchez y que desestabilizan su Gobierno:

Un juez de Madrid investiga las reuniones de la exmilitante de la formación de Pedro Sánchez con el guardia civil investigado en el caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, Rubén Villalba, y con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda para conseguir trapos sucios contra la UCO y contra el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, quien está al frente de las causas que afectan al Gobierno. Además de Díez, en esta causa el juez Arturo Zamarriego también investiga al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol.

Precisamente Díez, apodada la ‘fontanera’ del PSOE, fue detenida el miércoles y ayer quedó en libertad en la Audiencia Nacional con medidas cautelares por otra trama de corrupción en la que pudo estar involucrada junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández y el exsocio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Ellos también fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil en la que hubo registros y requerimientos de información en distintas empresas públicas, entre ellas Correos, donde trabajó Díez. Ayer también fueron puestos en libertad.

El ex secretario de Organización del PSOE está investigado en el Tribunal Supremo como el líder de una organización criminal para el cobro de mordidas por adjudicaciones públicas a Acciona y la empresa Servinabar, que Cerdán poseía con su amigo Antxon Alonso casi al 50%.

En dicha causa también están imputados José Luis Ábalos (pues los contratos salieron de su ministerio) y su asesor Koldo García, a quien Cerdán conocía desde al menos 2015, cuando era diputado en Navarra y le recomendó como persona de confianza en la cartera de Ábalos, la que contaba con la mayor asignación para contratación pública.

Precisamente Ábalos y Koldo García irán a juicio -queda aún por conocer la fecha- por beneficiar al empresario Víctor de Aldama con contratos de mascarillas por 53 millones de euros a cambio de sobornos económicos y de distinto tipo, como el disfrute de una vivienda de alquiler. Ellos están acusados en el Alto Tribunal. Por otro lado, en la Audiencia Nacional también están investigados la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por participar en las irregularidades para otorgar contratos a la compañía a la que representaba Aldama.

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico a todos los miembros del PSOE entre 2014 y 2021 por si el sistema para compensar gastos adelantados sirvió para lavar dinero de actividades ilegales. Dicha investigación surgió a raíz de comunicaciones interceptadas a Koldo García y José Luis Ábalos. El PSOE tiene que informar de los pagos en efectivo a todos sus miembros, incluido Pedro Sánchez.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado investiga si la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pudo utilizar la influencia del presidente para dirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y si el empresario Juan Carlos Barrabés se benefició de contratos públicos de Red.es por ayudarla en dicha cátedra. Tanto Barrabés como ella y su asesora en la Moncloa Cristina Álvarez, que le pudo ayudar a desarrollar funciones privadas y profesionales apartadas del cargo para el que fue contratada por Presidencia, están investigados por tráfico de influencias y por malversación en el caso de Gómez y Álvarez.

En este momento no hay ninguna causa judicial abierta, pero las acusaciones del caso Begoña Gómez insisten en que se investigue si Air Europa recibió un rescate público de 475 millones de euros en 2020 por la relación de la mujer del presidente con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, la matriz del grupo de los fundadores de la aerolínea. El juez Peinado dejó de investigar en dicha línea por indicación de la Audiencia Provincial, pero el exministro Ábalos, en declaraciones a ‘El Mundo’ justo antes de entrar a prisión, señaló a Gómez: «Claro que Hidalgo habló con ella», afirmó.

La Audiencia de Badajoz tiene previsto juzgar en mayo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y prevaricación. Se considera que consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz por la influencia del secretario general del PSOE en la institución. Con él será juzgado el candidato socialista a la presidencia de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, quien era el presidente de la Diputación cuando el músico fue colocado.

La policía estalló esta semana una operación en la que se investiga si hubo lavado de dinero del Gobierno de Nicolás Maduro a través de la aerolínea española Plus Ultra. Detuvo al presidente Julio Martínez y al CEO Roberto Roselli. El empresario Víctor de Aldama ya describió en el Supremo, por otro lado, los detalles del intento de entrada de la ex vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en España, a pesar de tener la prohibición de pisar suelo europeo, gracias a la intervención de Ábalos.

Al menos ya una decena de mujeres han presentado denuncias por acoso sexual contra el exdiputado de máxima confianza de Pedro Sánchez, Francisco Salazar y contra José Tomé, quien hace dos días dimitió como presidente de la Diputación de Lugo. El PSOE no tiene previsto llevar dichas denuncias a la Fiscalía, aunque Hazte Oír ya ha presentado una querella «ante la pasividad» del partido.

El fiscal general del Estado a quien Sánchez mantuvo en el cargo a pesar de que se le abrió una investigación por revelación de una investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha sido condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia sin precedentes.