Ramón Peña / En Pocas Palabras: Yihadismo judicial
En un articulo reciente, el juez español Baltazar Garzón advertía: “El Yihadismo debe combatirse sin las limitaciones de nuestros propios miedos e intereses”. Un llamado a decodificar la respuesta convencional al terrorismo, ajustándola para enfrentar a quienes en lugar de leyes, derechos y razones, solo obedecen la ideología patógena de la Sharia medieval que gobierna sus voluntades.
En Venezuela, los remanentes del Chavismo en el poder tampoco reconocen leyes, derechos ni razones. Con la amalgama de los poderes Ejecutivo y Judicial declarada hace más de diez años, la justicia solo obedece al reinante César de plazoleta. Lo demuestra el record de 45 mil decisiones del TSJ desde 2005, todas falladas a favor del régimen y ahora, las sistemáticas maquinaciones para desconocer e inhabilitar al Poder Legislativo.
A la luz de los principios universales de la democracia, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, hasta nuestra Constitución de 1999, este régimen es notoriamente ilegítimo. Su singular y única motivación es mantenerse en el poder a toda costa, para lo cual emplea el terror judicial. Para muchos de los muyahidines rojos, es el medio para no terminar con sus huesos en la gayola. A diferencia de los yihadistas, el régimen no actúa por inspiración ideológica porque ya ni doctrina tiene, la que le quedaba languideció con la reciente capitulación de la Habana.
El Presidente de la Asamblea Nacional ha anunciado legítimas vías para recuperar la institucionalidad del país en un marco pacifico, constitucional y electoral. No obstante, si la justicia ignominiosa las obstaculiza, la propia Constitución Nacional ofrece la opción para ocuparse de quienes gobiernan al margen de la Ley: el Artículo 350.
