Pilar Bonet – 35 años del fin de la URSS: La causa perdida de los “tres misioneros eslavos”.

La invasión a gran escala de Ucrania por Rusia entra en su quinto año. Esta guerra, que de hecho comenzó en 2014 con la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas de Donbás, supone el rechazo absoluto a las aspiraciones de los protagonistas de la desintegración de la URSS, cuyo 35º aniversario se cumple este año.

La contienda, que se ha cobrado centenares de miles de muertos, es una de las catástrofes que los líderes de las tres repúblicas eslavas de la URSS —Borís Yeltsin, presidente de Rusia; Stanislav Shushkévich, jefe del parlamento de Bielorrusia, y Leonid Kravchuk, presidente de Ucrania— pretendían evitar cuando firmaron la declaración del bosque de Belavezha (Bielorrusia), el 8 de diciembre de 1991.

Aquella declaración de 14 puntos, que constataba el “fin de la existencia” de la Unión Soviética “como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica”, se presentó en forma de denuncia del tratado fundacional de la URSS, de 1922, lo que fue una improvisación para acabar con la agonía del imperio, acelerada a partir del intento de golpe de Estado de agosto de 1991.

El año 1991 marcó un antes y un después, un divorcio civilizado, que inicialmente se presentó como una decisión racional consensuada entre tres dirigentes eslavos, unidos por la voluntad de evitar procesos convulsos y descontrolados y también por el deseo de eliminar el centro, representado por el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov.

La declaración de Belavezha afirmaba la democracia, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de los participantes, que eran las lindes administrativas de las repúblicas federadas soviéticas. Los firmantes se comprometieron a coordinar su política exterior, abogaron por la reducción de armamento y de los gastos militares y plantearon además la meta del desarme nuclear bajo control internacional. Hoy, aquel texto, aprobado por aplastante mayoría por el Parlamento ruso, parece ingenuo y utópico.

Inicialmente, los protagonistas se congratulaban por haber podido evitar el sangriento modelo yugoslavo. La perestroika (la reforma del sistema socialista tras la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985) había abierto la caja de Pandora de los conflictos políticos y étnicos a partir de los desordenes en Kazajistán en 1986, cuando un ruso fue designado al frente del Partido Comunista local. Luego, en 1988, se desencadenó el conflicto de Nagorno Karabaj, un territorio de Azerbaiyán donde la comunidad armenia expulso a la azerí y propició una cadena de limpiezas étnicas entre ambos grupos. En Asia Central y Georgia, entre otros lugares, hubo disturbios y muertos antes de que la URSS se disolviera.

Si nos atenemos a 1991 estrictamente, aquel no fue el año más sangriento, aunque hubo víctimas en Lituania (22 muertos), Letonia (seis), Rusia (tres muertos en Moscú en agosto) y en el Cáucaso.

El derramamiento de sangre continuó de forma más virulenta a partir de 1992, aunque los conflictos generados por el fin del imperio pasaron a ser percibidos ya mayoritariamente como acontecimientos diversos, independientes y aislados entre sí en entornos geopolíticos ya diferenciados.

Entre todos los conflictos que se han producido en estos 35 años en los espacios pos-soviéticos, la guerra de Rusia contra Ucrania es el de mayor magnitud, porque cuestiona el principio fundamental del llamado Consenso de Belavezha, un término acuñado por Guennadi Búrbulis, quien era secretario de Estado de Rusia en diciembre de 1991 y uno de los firmantes de la declaración del 8 de diciembre, junto al presidente Yeltsin (fallecido en 2007).

El fin de la URSS dejó cabos sueltos, que en parte se han ido acomodando con el tiempo. De las dos grandes amenazas para la cohesión interna de Rusia existentes en 1991, una se resolvió por las armas (el separatismo en Chechenia) y la otra (el soberanismo en Tatarstán) con diplomacia, astucia y presión política.

Entre los cabos sueltos no amarrados hasta hoy están el conflicto de la región del Transdniéster en Moldavia, y el estatus de las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, que fueron autonomías de Georgia en la época soviética. Encajonado entre el río Dniéster y Ucrania, el Transdniéster es una zona depresiva, aislada de Rusia por la guerra en suelo ucranio y donde priman los intereses económicos de la compañía Sheriff (más vinculada a Ucrania que a Rusia). La situación actual ha abierto una oportunidad para una solución capaz de encauzar los intereses de Sheriff en una perspectiva europea y de garantizar el respeto a la población local (eslava en su mayoría), en opinión de fuentes conocedoras de la cuestión. Sin embargo, Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, ignora a Tiráspol y personalmente es favorable a la unión de Moldavia con Rumania, justamente la idea que causó el conflicto con el Transdniéster en 1990.