Se espera que el gobernante Partido Comunista de Cuba anuncie una serie de reformas económicas y políticas la próxima semana, las cuales espera poner en funcionamiento mientras el país se prepara para el fin del mandato de los Castro en 2018.
Las propuestas serán anunciadas en el séptimo congreso del partido, que comienza este domingo 17. Sin embargo, su contenido y alcance siguen siendo un misterio para casi todos, salvo para los más importantes dirigentes del partido. Ello contrasta con la discusión de las diversas propuestas que precedió al último congreso, en 2011, y que incluyó un amplio debate por parte de las bases del partido. En esta ocasión los altos funcionarios no han compartido la información con ellos, o solicitado sus opiniones.
Este enfoque sigiloso es miope, en un momento de cambio y de descontento creciente. Los cubanos de a pie, incluyendo aquellos que son críticos del Partido Comunista, deberían tener voz en cómo se gobernará el país y por quién, sin temor a represalias y a ser perseguidos.
Para muchos cubanos, la débil economía de la isla es el asunto más urgente. En 2011, los líderes del partido se comprometieron a transformar la economía de planificación centralizada, pero se han movido demasiado lentamente en la apertura del país a la inversión extranjera y en permitir que un sector privado eche raíces. El principal obstáculo ha sido el ejército cubano, que ha ejercido el control monopólico de grandes segmentos de la economía, con la creación de una oligarquía de uniforme que se resiste a repartir la riqueza.
«Si el monopolio estatal no se desmonta, nada de lo que hagan va a funcionar», afirmó en una entrevista Pavel Vidal, un destacado economista cubano que reside en Colombia. «El mayor activo de Cuba es una población bien educada, pero se debe hacer más para aprovechar los beneficios de ello.»
El tipo de cambio transformador que muchos cubanos anhelan requerirá un líder visionario. Pero no queda claro quién va a dirigir el país cuando Raúl Castro – que se convirtió en presidente después de que su hermano Fidel se enfermara en 2008- se retire en 2018. También es incierto si los ciudadanos cubanos tendrán voz y voto en el nuevo gobierno.
El probable sucesor, el vicepresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha ofrecido pocas pistas acerca de cómo va a gobernar. Su perfil relativamente bajo ha promovido la especulación de que sería un presidente mucho menos poderoso que cualquiera de los hermanos Castro. Especialistas en Cuba creen que es probable que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, que fuera el principal contacto en las conversaciones secretas con el gobierno de Obama que dieron lugar a la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, continuará ejerciendo un poder considerable tras bastidores.
El año pasado, el gobierno cubano dijo que estaba actualizando sus leyes electorales. Ese proceso, que se ha mantenido en secreto, generó esperanzas de que los líderes comunistas del país podrían estar contemplando un sistema más democrático.
«Si se asumen verdaderas reformas económicas y se comienza un proceso que mejore la situación de los derechos civiles y políticos, muchos cubanos estarían dispuestos a olvidar el daño que han causado hasta la fecha y el juicio histórico será mucho menos severo,» José Daniel Ferrer, el líder de la Unión patriótica de Cuba, el grupo disidente más grande de la isla, señaló en un correo electrónico.
Si las reformas continúan a un ritmo glacial, muchos jóvenes cubanos seguirán huyendo en masa, alimentando un éxodo que se ha convertido en una especie de referéndum.
Traducción: Marcos Villasmil
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ORIGINAL EN INGLÉS:
Cuba’s ruling Communist Party is expected to announce a series of economic and political reforms next week that it hopes to put in place as the country prepares for the end of the Castros’ rule in 2018.
The proposals will be announced at the party’s seventh conference, which starts on Sunday. But their content and scope remain a mystery to all but a few senior leaders of the party. While the policy review that preceded the last party conference, in 2011, included broad debate by rank-and-file party members, this time top officials have not shared information with them or solicited their views.
This surreptitious approach is shortsighted at a time of change and rising discontent. Ordinary Cubans, including those who are critical of the Communist Party, should have a say in how the country will be run and by whom, without fear of reprisal and persecution.
For many Cubans, the island’s languishing economy is the most pressing issue. In 2011, party leaders promised to overhaul the centrally planned economy, but they have moved too slowly in opening up the country to foreign investment and allowing a private sector to take root. The main obstacle has been the Cuban military, which has long exercised monopoly control over large segments of the economy, creating an oligarchy in uniform that is reluctant to spread the wealth.
“If the state monopoly is not dismantled, nothing they do will work,” Pavel Vidal, a prominent Cuban economist who is now based in Colombia, said in an interview. “Cuba’s greatest asset is a well-educated population, but it must do more to reap the benefits of that.”
The type of transformative changes many Cubans yearn for will require a visionary leader. But it remains unclear who will lead the country when Raúl Castro — who became president after his brother Fidel became ill in 2008 — steps down in 2018. Also uncertain is whether ordinary Cubans will have a say in the new government.
The probable successor, Vice President Miguel Díaz-Canel Bermúdez, has offered few clues about how he would govern. His relatively low profile has led to speculation that he would be a far less powerful president than either of the Castro brothers. Cuba analysts think it is likely that Raúl Castro’s son, Alejandro Castro, who was the main contact in secret talks with the Obama administration that led to normalization of relations with the United States, will continue to wield considerable power behind the scenes.
Last year, the Cuban government said it was updating its electoral law. That process, which has been shrouded in secrecy, fed hopes that the country’s Communist leaders could be contemplating a more democratic system.
“If they embrace true economic reforms and start a process that improves the situation of civil and political rights, many Cubans would be willing to forget the harm they have caused to date and the historical judgment will be much less severe,” José Daniel Ferrer, the leader of the Patriotic Union of Cuba, the largest dissident group on the island, said in an email.
If reforms continue at a glacial pace, young Cubans will keep fleeing the island in droves, fueling a exodus that has become a referendum of sorts.