Un año después de que los Estados Unidos y Cuba formalmente restablecieran relaciones diplomáticas, los dos gobiernos han realizado considerables  progresos -si bien vacilantes- hacia la reconstrucción de lo que ha sido la relación más tóxica en el hemisferio.

Washington y La Habana han acordado cooperar en los problemas de salud, cuestiones marítimas, agricultura, el cambio climático e iniciativas medioambientales. Se espera que los vuelos comerciales entre los dos países se inicien este otoño. Las compañías estadounidenses de telecomunicaciones y hotelería han firmado un buen número de convenios para hacer negocios en Cuba, marcando las primeras incursiones comerciales en un mercado que ha estado restringidos por décadas.

El antiguo embargo comercial, sin embargo, se mantiene firmemente en su lugar, y los esfuerzos en el Congreso para comenzar a desmantelarlo no han progresado. Mientras la Casa Blanca promueve el contacto como el enfoque más prometedor para promover un cambio positivo, una obstinada coalición de  legisladores insiste en que los Estados Unidos siguen estando moralmente obligados a mantener las sanciones en su lugar hasta que – en palabras de la plataforma del Partido Republicano – «los gobernantes corruptos de la isla sean sacados del poder y den cuenta de sus crímenes contra la humanidad. «el resultado es una política conflictiva e incoherente, que impide que los dos países lleven a cabo la mayor parte de su agenda común.

Algunas cosas positivas han pasado del lado cubano desde diciembre de 2014, cuando Washington y La Habana anunciaron su intención de normalizar las relaciones. Los cubanos han sido más audaces a la hora de presionar por reformas a la economía de planificación centralizada de su país, así como para ampliar el acceso a internet. El gobierno ha tomado medidas modestas en ambos frentes, con el establecimiento de docenas de zonas Wi-Fi en las que los cubanos pueden conectarse en línea y señalando  su voluntad de crear un marco regulatorio para pequeñas y medianas empresas privadas.

Los grupos disidentes, por su parte, informan que sus filas han crecido constantemente, a medida que más cubanos aceptan su visión de una democracia representativa con fuertes garantías para las libertades civiles. Los grupos de oposición están preparándose para presentar candidatos el próximo año en el peldaño más bajo del sistema de elecciones de Cuba – el único que el Partido Comunista no controla totalmente – con la esperanza de transformar el sistema de forma gradual de abajo hacia arriba.

Los cambios económicos están avanzando muy lentamente, pero esto podría cambiar si se levantara el embargo. Con ello crecería la presión popular para  reformas más radicales, y al gobierno le resultaría más difícil de justificar la represión de los disidentes afirmando que son agentes de una conspiración extranjera.

El empeoramiento de la economía cubana, provocada en parte por la inestabilidad política y económica en Venezuela, el mayor país benefactor de Cuba, también podría ser un catalizador para la reforma. A principios de este mes, el presidente Raúl Castro advirtió en términos sorprendentemente contundentes de que los cubanos deberían prepararse para un período de austeridad.

Algunos defensores de la postura del Congreso de continuar el embargo podrían ver las dificultades de Cuba como una oportunidad para presionar a los octogenarios hermanos Castro durante sus últimos años en el poder. Eso sería un error. La infraestructura de mala calidad de Cuba continuaría deteriorándose, los inversores extranjeros podrían retroceder,  las comunidades actualmente marginales serían aún más pobres y el éxodo de ciudadanos cubanos desesperados a los Estados Unidos se aceleraría. Parece muy poco probable que este escenario podría marcar el comienzo de una era de mayores libertades. Pero sin duda alguna sembraría miseria.

Traducción: Marcos Villasmil

ORIGINAL EN INGLÉS:

The New York Times – The Editorial Board

America’s Conflicted Cuba Policy

One year after the United States and Cuba formally re-established diplomatic relations, the two governments have made considerable, if halting, progress toward rebuilding what has been the most poisonous relationship in the hemisphere.

Washington and Havana have agreed to cooperate on health care challenges, maritime issues, agriculture, climate change and environmental initiatives. Commercial flights between the two countries are expected to start this fall. American telecommunications and hotel companies have signed a handful of deals to do business in Cuba, marking the first commercial forays into a market that has been off limits for decades.

The longstanding trade embargo, however, remains firmly in place, and efforts in Congress to begin dismantling it have made little headway. While the White House promotes engagement as the most promising approach to enable positive change, a stubborn coalition of lawmakers insists that the United States remains morally obligated to keep sanctions in place until —in the words of the Republican Party platform — the island’s “corrupt rulers are forced from power and brought to account for their crimes against humanity.” The result is a conflicted, indeed incoherent, policy that prevents the two countries from making the most of their shared agenda.

Some positive things have happened on the Cuban side since December 2014, when Washington and Havana announced their intention to normalize relations. Cubans have grown bolder in pressing for reforms to Cuba’s centrally planned economy, as well as for broader access to the internet. The government has taken modest steps on both fronts, establishing dozens of Wi-Fi areas where ordinary Cubans can connect online and signaling its willingness to create a regulatory framework for small and midsize private enterprises.

Dissident groups, meanwhile, report that their ranks have grown steadily, as more Cubans are sold on their vision of representative democracy with strong safeguards for civil liberties. Opposition groups are preparing to field candidates next year for the lowest rung of Cuba’s election system — the only one the Communist Party does not fully control — hoping to transform the system gradually from the bottom up.

Economic changes are moving very slowly, but this could change if the embargo were lifted. Popular pressure for more sweeping reforms would grow, and the government would find it harder to justify its crackdowns on dissidents by claiming they are agents of a foreign conspiracy.

Cuba’s worsening economy, brought about in part by political and economic turmoil in Venezuela, long Cuba’s benefactor, could also be a catalyst for reform. Earlier this month, President Raúl Castro warned in strikingly blunt terms that Cubans should brace for a period of austerity.