A los arquitectos ‘por la izquierda’ se les llama decoradores de fiesta en Cuba

Desde que el Gobierno dio a conocer la noticia de que la arquitectura se encontraba entre las 124 actividades prohibidas para el ejercicio del trabajo privado, el gremio no ha dejado de buscar espacios para expresar su descontento, a veces desde el pesimismo y el desencanto, otras desde la búsqueda de soluciones.

Tras dos semanas de debates públicos entre profesionales, 14ymedio salió en busca de la opinión de algunos de esos cubanos que han levantado su vivienda «por esfuerzo propio» sin haber visto nunca a un arquitecto y ha consultado a algunos expertos sobre las consecuencias que puede traer esta práctica para el entorno urbanístico de la ciudad.

«¿Pero quién dijo que se necesita un arquitecto para levantar una casa?», contraataca Iván Calvo, de 52 años y residente en El Cerro, ante la pregunta de si había contratado los servicios de un profesional para lograr levantar su vivienda.

En 2018, después de casi una década poniendo un ladrillo sobre otro, Calvo terminó finalmente de construir su casa. Todas las tardes sube con sus amigos a la terraza a jugar dominó y a alimentar a las palomas que cría junto a su hijo de 17 años.

«Mi vida es mi casa, junto a mi familia y mis pájaros. La levanté yo solito, con la única ayuda de unos primos míos que veían algunos fines de semana. Nunca necesité a un arquitecto, más allá del trámite burocrático con la vivienda, todo lo hicimos entre el albañil que contraté y yo», remata.

Raffaello Farnese, arquitecto cubano residente en Miami, asegura que construir sin la guía de un profesional conlleva a «peligros estructurales» en el inmueble que luego puede «ocasionar derrumbes».

«La Habana sobrevive porque está muy bien construida en el capitalismo, con profesionales excelentes que prohibieron desde 59. La herencia, el patrimonio y la ciudad maravilla son el resultado de la práctica de arquitectos y constructores cubanos».

En la casa que queda justo al lado de la de Calvo vive Silvia, una joven de apenas 26 años que junto a su esposo levantó una casa en la azotea del inmueble de sus suegros, pero ella lo ve diferente.

«Se supone que el arquitecto de la comunidad esté ahí para elaborar el proyecto pero yo quería hacer algo decente y busqué otro camino. Acudí a un amigo graduado de arquitectura que me hizo los planos por la izquierda y luego solo fue darle algunos pesos al funcionario de vivienda para que pusiera su firma, que es la única que reconocen las autoridades», explica.

El amigo de Silvia se gana la vida en un estudio profesional que fundó hace tres años junto a dos colegas. «Todo es muy absurdo, él es graduado de arquitectura pero para poder legalizar su negocio y pagar impuestos tuvo que sacar una licencia de decorador de fiestas», dijo la joven.

«Todo es muy absurdo, él es graduado de arquitectura pero para poder legalizar su negocio y pagar impuestos tuvo que sacar una licencia de decorador de fiestas»

El hecho ha dado pie a anécdotas como la inauguración del Monumento al Decorador Cubano, creado en 2019 por el proyecto independiente de Arquitectura Infraestudio como «homenaje» a esa figura legal que les permite existir y trabajar desde sus estudios.

Para el arquitecto Rafael Muñoz el país necesita que los profesionales de la construcción «se hagan cargo» nuevamente de las ciudades. «Estamos sumergidos en un caos urbanístico que está aniquilando el inmenso patrimonio construido de la nación», sentenció el profesional desde Berlín, ciudad donde ahora reside.

«En el país no hay seguros ni aseguradoras para profesionales (ejercer sin ellas es un suicidio), no hay bufetes de abogados especializados en temas inmobiliarios, las obras públicas no se sacan a concurso, sino que se otorgan de manera turbia o, peor aún, se encargan en el extranjero. Tampoco hay una política de precios transparente y vinculante, no hay préstamos bancarios que permitan la compra de equipos y licencias de softwares. Ningún profesional debe ejercer con software piratas. Si queremos que nos respeten, debemos respetar el trabajo de los demás», enumera.

El arquitecto considera que poco puede aportar a la declaración de sus colegas del Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA) en la que reclaman que reclaman, desde un punto de vista de la arquitectura y la ciudad, al Gobierno ejercer esta actividad por cuenta propia.

Sin embargo reivindica «abordar el tema desde otro punto de vista no menos importante, el lado humano y el lado ético» porque considera que las recientes leyes «vienen a reforzar la deformación de pirámide invertida» de la sociedad cubana.

«Cuanto más sabes, más estudias, más aprendes, menos posibilidades de una vida digna te ofrece el país. Esto desestimula el estudio, el esfuerzo de superación. Cualquier joven cubano que opte por entrar a la universidad sabe de antemano que estará optando por colocarse ‘voluntariamente’ en la parte más baja de esa pirámide. Cada vez menos están dispuestos a ello», detalló.

El arquitecto aporta un dato específico de su generación pero que ilustra el fenómeno de manera general: «En julio de 1989 nos graduamos 101 jóvenes arquitectos en la facultad de arquitectura de la Cujae (Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría). Hoy más de 80 están fuera del país. Ese fenómeno, del que nadie habla, se repite en cada graduación y en cada carrera universitaria en Cuba. Las universidades cubanas son una máquina de hacer emigrantes».

Muñoz llama a quienes «tienen el timón de la nave nacional» a darle oportunidad a los jóvenes «de asumir su propio futuro» o estos «seguirán abandonando en masa la Isla». Para él, la añorada legalización de los estudios de arquitectura e ingeniería en el país, se enfrenta a «retos que los colegas tampoco deben subestimar».

El arquitecto Ruslan Muñoz, profesor de la Cujae, publicó el pasado día 11 en su perfil de Facebook un listado de medidas gubernamentales que, a su juicio, han dañado al gremio desde el mismo 1960.

Entre ellos destacó la intervención y nacionalización de las compañías de construcción y todas sus industrias afines en 1960. El cierre de las empresas proyectistas y la emigración gradual de profesionales entre los años 1960-1963. El cierre del Colegio Nacional de Arquitectos en 1967 y la ofensiva revolucionaria en 1968. Culmina su lista en 2021 con la prohibición de las actividades de arquitectura e ingeniería, aunque insta a sus colegas a aportar más datos.