A más Estado, mayor corrupción

Ilustración de Alejandra Svriz.

Todos recordaremos, porque no hace demasiado, cómo los políticos de izquierda y de ultraizquierda aprovecharon el drama de la pandemia para intentar justificar el sobredimensionamiento del Estado. Según ellos, se necesitaba un Estado con gran tamaño para afrontar crisis como aquélla u otras similares. Además de oportunista, su argumentación se caía por la base pues la evidencia empírica internacional no avaló su argumento quedando demostrado que entre la dimensión del Estado y la eficacia en la gestión de la crisis no hubo correlación, ni positiva ni negativa.

Lo relevante no es el tamaño del Estado sino su capacidad de respuesta ante las necesidades que puedan surgir, circunstancia que depende más de la agilidad y flexibilidad del aparato estatal que de su volumen. Siempre responderá mejor un Estado-tigre, ágil, veloz y con capacidad de salto que un Estado-elefante que por su gran peso carecerá de los citados atributos además de salirnos mucho más caro en forma de los impuestos necesarios para financiarlo

Y sin embargo cuanto más grande sea el Estado y cuanto mayor sea su presencia en nuestras vidas a través de la farragosidad regulatoria, de los controles sinfín, de la burocracia interminable, de la provisión de bienes y servicios que no debe proveer… más numeroso será el ejército de directivos y funcionarios públicos que exista. Y, como consecuencia inevitable, mayor será el número de los tienen la posibilidad de corromperse. Vaya por delante mi defensa de la inmensa generalidad de los que trabajan en el sector público y mi convicción respecto a que los corruptos son solo un porcentaje mínimo, pero las leyes matemáticas no mienten, por reducido que sea el porcentaje cuanto mayor sea la población a la que se aplique mayor número de corrupciones habrá.

La actualidad más rabiosa nos ofrece un ejemplo más que significativo. Mira que llevan tiempo la oposición política y buena parte de los medios de comunicación criticando la inflación de asesores designados a dedo que se ha producido en el Gobierno de Sánchez. Y hete aquí que es precisamente uno de esos asesores, el ciudadano Koldo, la cabeza de momento más visible del último asunto de corrupción destapado cuya magnitud real y consecuencias finales están aún por conocerse.

¿Era necesario, siquiera conveniente, para el interés general que el ciudadano Koldo fuera nombrado asesor del ministro de Transportes? Visto su peculiar curriculum vitae, es evidente que no. Esto ya es una cierta forma de corrupción, corrupción que crece cuando es también designado vocal del Consejo de Administración de la empresa pública Renfe Mercancías, responsabilidad tampoco acorde con su expertís profesional. Y que se agranda aún más cuando su mujer y su hermano pasan también a percibir retribuciones públicas.

«Resulta peligroso y, aún más, sospechoso el desembarco de cientos y cientos de Koldos que el Gobierno de Sánchez ha colocado»

Pero enlazando con la argumentación precedente, el resultado provisional de la investigación apunta a que con el nombramiento –innecesario– que recae en el ciudadano Koldo, éste accedió a unos resortes de poder que, parece que incrementados por el intenso respaldo público que recibe de su ministro, ha utilizado presuntamente para enriquecerse ilegalmente a costa de todos nosotros. Es inevitable pensar que si al ciudadano Koldo no se le hubiera nombrado lo que innecesariamente se le nombró no habría tenido la ocasión de cometer la presunta corrupción que ha cometido. Por eso resulta peligroso y, aún más, sospechoso el desembarco de los cientos y cientos de Koldos que el Gobierno de Sánchez ha colocado –innecesariamente– en todos los ministerios y demás centros del Estado.

Otro sí digo: poco antes de escribir estas líneas se ha conocido la nueva intención del Gobierno de Sánchez de constituir una nueva empresa pública dotada con 20.000 millones de euros que será destinada a ejercer de cabecera de un nuevo holding estatal, en este caso tecnológico. En una perspectiva económica la iniciativa es criticable pues el Estado pasará a tener presencia donde no debe tenerla. Reinventar ahora el INI franquista heredero del italiano IRI fascista que creó Mussolini no es lo que necesita la economía española.

Adicionalmente, el desarrollo del proyecto generará nuevos empleos en el Estado, directivos y empleados en las nuevas empresas públicas, vocales en sus Consejos de Administración y en las privadas en las que se participe…, En definitiva, más ocasiones para engrosar la lista de Koldos que dispondrán de los resortes del Estado para su posible corrupción.