Activistas venezolanos critican la falta de apoyo de la región a su país
Varios activistas civiles venezolanos sostuvieron este lunes en Washington que América Latina debe resolver de una vez su “deuda” ante la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela porque, dicen, el “deterioro” que se vive en este país puede acabar afectando a toda la región.
Un reclamo que no es nuevo. De hecho, se ha escuchado en repetidas ocasiones, muchas de ellas como ahora, al inicio de una nueva sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde varias de las reuniones se centrarán este martes en el país sudamericano.
Lo que cambia ahora, afirman, es el contexto: una región que ha respaldado la candidatura venezolana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -lo que implica, sostienen, un mayor nivel de exigencia en materia de “institucionalidad democrática”- y una consolidación de los gobiernos latinoamericanos tras la reciente oleada de elecciones, incluidas las brasileñas que acaban de confirmar a Dilma Rousseff en el poder.
“No puede ser que el gobierno venezolano haga una declaración desconociendo sus obligaciones en el sistema de Naciones Unidas y otras naciones no digan nada, eso lo que hace es debilitar la protección en la región”, advirtió Carlos Correa, director de Espacio Público.
Son los venezolanos los que tienen que “resolver” su situación interna, subrayó en una rueda de prensa celebrada en la sede de Human Rights Watch (HRW) junto con la fundadora de la organización no gubernamental venezolana Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), Liliana Ortega, y el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado.
“Pero el concurso de la comunidad internacional es fundamental”, sobre todo ante la “deuda de la región en relación al compromiso de derechos humanos en Venezuela”, insistió Correa.
Para Ortega entretanto, se “ha demostrado que América Latina ha sido tímida frente a la situación de los derechos humanos en Venezuela”. Todo ello cuando nadie mejor que algunos de los líderes de la región saben, por haber sido en su momento beneficiarios de las medidas cautelares u otras protecciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “salvaron vidas en el pasado”.
Por ello, sostuvo, “Venezuela debería ser llamada a la reflexión por haber denunciado la Convención Interamericana (para salirse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana) y evitar que eso se reproduzca en otros países”. Algo en lo que, según la responsable de COFAVIC, Rousseff tiene una “responsabilidad histórica por su pasado y por haber sido víctima de violaciones de derechos humanos”.
Los señalamientos por la falta de actuación de la región no deben ser sin embargo individualizados, puntualizó el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
“Los gobiernos latinoamericanos han tenido una actitud decepcionante en general frente a Venezuela y otros casos similares, porque se ha ido deteriorando el compromiso con estos valores fundamentales”, denunció.
Tres audiencias fijadas para la tarde del miércoles -situación de la independencia judicial, del derecho a la libertad de expresión y situación general de los derechos humanos- volverán a abrir en la CIDH el debate sobre el estado de los derechos en Venezuela, con la mira puesta especialmente en los sucesos desde que comenzaron las protestas a comienzos de año que han acabado con el encarcelamiento de varios líderes de la oposición.
Pero el tiempo apremia, advierten los activistas. Según Marino Alvarado, 2015 va a ser un año “muy difícil en términos de protesta social” debido a la “desesperante” situación de los sectores más pobres. “Y si el gobierno va a adoptar la misma actitud ante protestas sociales como la que mantuvo en las protestas de febrero y mayo, vamos a tener altos niveles de conflictividad social”, alertó.