Alarcón: El cierre de una etapa política en Venezuela

¿De dónde venimos? Desde marzo de 2020, cuando el Gobierno tomó ventaja de la aparición de la pandemia para imponer una cuarentena que acabaría con las protestas que comenzaban a escalar con motivo de la ocupación del Palacio Legislativo por el oficialismo, tras la reelección de Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, cuarentena que se vio reforzada por la desaparición del combustible, el país se paralizó y la oposición entró en jaque y sin encontrar jugadas alternativas hasta diciembre de 2021; cuando decidió retomar el camino electoral de cara a unas elecciones regionales y municipales que, como reconoce el mismo informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), no fueron competitivas, a pesar de que hubo algunas mejoras, como lo demostraba el haberse permitido la presencia misma de la MOE, que el Gobierno concedía a cambio de legitimar el proceso y obtener el reconocimiento internacional de los resultados de un proceso que no representaba grandes riesgos gracias al debilitamiento de la oposición, como consecuencia de su derrota y fragmentación.

Es así como, desde entonces, la asimetría ha prevalecido en el juego entre el Gobierno y la oposición, donde el primero es fuerte y no coopera, y la segunda es débil y recibe presiones para cooperar, ante la imposibilidad de identificar otras jugadas que puedan darle el triunfo o al menos no empeorar su situación, lo que habría diluido las expectativas sobre un escenario de cambio político e impuso, como respuesta pragmática tanto de actores internos como externos, la normalización. Sin embargo, durante el primer semestre de este año, comienzan a observarse movimientos importantes en el tablero político, cuyo desenlace resultaría aún prematuro intentar predecir.

La Primaria

Entre estos movimientos prevalece, por ahora, como eje clave la Primaria. Una carrera, sin lugar a dudas llena de obstáculos, porque esta ha ganado legitimidad como el mecanismo ideal para legitimar un liderazgo que podría cohesionar a la mayoría democrática del país, que es justo la estrategia que se necesita para derrotar a la del Gobierno que es la de dividir a la oposición democrática para derrotarla, como lo ha logrado con éxito desde el 2020.

Resulta por ello predecible que, desde el lado del Gobierno se busque la manera de frenar este proceso por diferentes vías, como forzar la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la proliferación de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las inhabilitaciones, las presiones sobre miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), las amenazas contra quienes puedan facilitar locales para organizar la elección, el apoyo financiero y tecnológico para intentar posicionar a precandidatos que descalifican la Primaria y serán candidatos sin pasar por ella, entre otras.

El cierre de una etapa

La realidad, aunque a muchos actores tanto del Gobierno como de la oposición no les guste, es que hoy pareciéramos estar presenciando el cierre de una etapa política, la del chavismo vs. la MUD para entrar en una nueva y diametralmente opuesta a lo que ha sido el juego de los últimos años, que se ha mantenido en un equilibrio que favorece el statu quo, como consecuencia de las asimetrías entre Gobierno y oposición.

Hoy, sin lugar a dudas, como indican todas las mediciones serias, muere el chavismo, con la ayuda de su actual liderazgo, e incluso, simultáneamente, los principales actores tradicionales de la oposición identificada hasta hace poco como la Mesa de la Unidad Democrática, hoy Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y se abre un camino a nuevos actores que pueden iniciar una nueva era. No es por casualidad que quienes hoy encabezan las encuestas, María Corina Machado, seguida, aunque ya no de cerca, por Benjamín Rausseo (“Er Conde del Guácharo”), no sean actores identificados con la Unidad, lo cual no implica que la Unidad per se haya sido una mala idea o deba ser desechada, sino que debe ser reinventada con nuevos actores y estrategias, que pasan por reconocer los fracasos y los daños que la misma oposición se ha autoinfligido como consecuencia de las luchas por parcelas e intereses individuales y partidistas, y reconocer a aquellos liderazgos que la gente reconoce como legítimos.

En la medida que el oficialismo se debilita y aumenta la percepción de que podemos derrotarlos, las ambiciones entre actores opositores se exacerban lo que dificulta la cooperación entre ellos, y el Gobierno lo sabe. Si los actores democráticos caen en la trampa de confrontarse entre ellos mismos, como pareciera ser hoy el caso de algunos pseudolíderes opositores que hoy centran más sus esfuerzos en descalificar a otros opositores que en derrotar al Gobierno, todos seremos derrotados.

Ante ese escenario, que plantea una crisis desesperante y existencial para el Gobierno, cuya mejor expresión la encontramos en el reciente discurso de Jorge Rodríguez ante la Asamblea Nacional para anunciar que no habrá más misiones de observación electoral europea en Venezuela, el Gobierno solo puede sostenerse por la fuerza, o sea usando la represión de ser necesario. El costo de usar la represión para mantener el poder se habría reducido de manera significativa en los últimos años, gracias a la desmovilización de la población desde 2020, pero esto puede comenzar a cambiar tras la Primaria, o incluso sin ella, por el posicionamiento de un nuevo liderazgo opositor.

Pero el oficialismo cuenta aún con un menú de opciones estratégicas que tratará de implementar en lo que queda de este año y el próximo, y que pueden retrasar, aunque no evitar que un cambio político tome cuerpo y se materialice en el tiempo. Llamamos a estas opciones y no alternativas, porque su implementación no es mutuamente excluyente, sino que podrían ser implementadas una o varias, de manera simultánea o progresiva.

Una es la que el régimen considera más deseable es la utilizada hasta ahora, o sea “divide et impera” a los fines de dividir al sector democrático, reducir las expectativas de cambio, generar abstención entre sus electores y fragmentar el voto opositor. Una estrategia que ya sufre de desgaste y cuyas probabilidades de éxito se reducen progresivamente.

Otra, alternativa estratégica de la que se ha venido hablando mucho, es que el Gobierno intentará detener la elección primaria por su impacto en el tablero político, lo cual, le generará críticas y cuestionamientos entre la comunidad internacional y detendrá, e incluso podría dar marcha atrás, los acuerdos de eliminación o flexibilización de algunas sanciones, razón por la cual trata de hacerlo a través de terceros (actores, supuestamente, de la oposición), colocando obstáculos operativos a su organización, como ha sido la renuncia de los rectores del CNE, presionando a los organizadores para abortar el proceso, etc. Intentos estos que lucen todos con bajas probabilidades de éxito por el ambiente que se ha generado en favor de la Primaria, lo que reduce las alternativas del Gobierno para detenerla al tipo de intervención que no querría tener por sus posibles consecuencias.

Una tercera opción, aunque es la menos deseable para el Gobierno, pero a la que podría apelar, para evitar un escenario de derrota electoral, es seguir los pasos de Nicaragua, para continuar en el poder a través de un proceso que no puede ser llamado elección, lo que le eliminaría las posibilidades del tan anhelado reconocimiento internacional, la eliminación de todas las sanciones y la normalización de relaciones a que también aspira.

La situación planteada nos coloca ante dos escenarios posibles de cara a la Primaria que deberían tener lugar este año:

1)Que no haya Primaria: A través de una intervención judicial si el Gobierno calcula que la elección opositora puede tener éxito; o por el anuncio de adelanto de elecciones. Ambas serían alternativas no deseables para el Gobierno por las razones explicadas.

2)Que se celebre la Primaria: En este caso podría ocurrir que fracase por sí sola o porque haya sabotaje, pero hoy todo apunta a que sería exitosa, por lo que podría llegarse a la Primaria por un error de cálculo del Gobierno.

En conclusión

Hoy pareciéramos estar presenciando el cierre de una etapa política, la del chavismo vs. la MUD para entrar en una nueva y diametralmente opuesta a lo que ha sido el juego de los últimos años, que se ha mantenido en un equilibrio que favorece el statu quo, como consecuencia de las asimetrías entre Gobierno y oposición.

La renuncia de rectores del CNE ocurrida en junio es un paso en la dirección de contener cualquier avance en el posicionamiento de un liderazgo opositor que se constituya en referente unitario. El CNE (gobierno) nunca estuvo dispuesto a cooperar con el éxito de la Primaria, tal como se desprende de las repuestas dadas por el ente electoral a sus organizadores; pero, pese a ello, la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria continuaban dispuestos a aceptar las condiciones del CNE.

Es así como el Gobierno materializó una decisión que venía anunciando desde principios de año, tras la derrota en Barinas, para sustituir al actual CNE, que no es el que el oficialismo necesita para las próximas elecciones (2024 y 2025), por uno que provoque una mayor abstención entre la oposición, como fue el caso del liderado por Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena en su momento. Tomar la decisión en este momento serviría también para tratar de abortar la Primaria, cosa que hubiese sucedido si el resto de los rectores hubiesen seguido los pasos de Rafael Arráiz Lucca, quien tras la disolución del CNE y la decisión de continuar con una Primaria autogestionada, renunció inmediatamente a su cargo como rector de los comicios de la oposición.

Asimismo, si la jugada fuese la de adelantar la elección presidencial, se necesita suficiente tiempo para constituir un nuevo CNE (proceso que implica alrededor de 100 días), se instalen los nuevos rectores y se reconfigure el organismo (tres meses). Hay que tomar en cuenta que la convocatoria de la Presidencial debe hacerse 6 meses antes. Por ello, el régimen quiere tener todo listo para que el nuevo CNE pueda anunciar la fecha de los comicios, cuando mejor le convenga, en cualquier momento del próximo año.

El Gobierno además teme que en torno a la Primaria se active un escenario de movilizaciones, lo cual es posible, ya que es una tendencia que se observa en la encuesta realizada por el CEPyG UCAB-Delphos: en noviembre pasado 21,3% estaba dispuesto a protestar contra el Gobierno y ahora la cifra ha subido a 32,7%.

Si la Comisión Nacional de Primaria, los actores y los liderazgos políticos son exitosos en este proceso, la oposición puede tener un liderazgo unitario, movilizar a la población y generar las expectativas en la ciudadanía de que sí es posible el cambio que aspira.

Y si hay una creciente disposición a defenderla, como también se muestra en los estudios de opinión, aumentarían los costos de represión para el Gobierno, pues este buscará mantenerse en el poder por la fuerza. Mientras los costos de mantener el poder son bajos, no hay manera de lograr la transición y, precisamente, en la medida en que se eleven, entonces entramos en una relación más simétrica, que se derivaría de una Primaria exitosa con la población activada. En este caso, no cooperar no le funcionaría al Gobierno, y eso abre oportunidad de una transición, sobre todo si también se logran reducir los costos de tolerancia para los actores que sostienen al Gobierno, lo que facilitaría que sectores, hasta ahora vinculados irremediablemente a la suerte del oficialismo, puedan abrir espacios de negociación.