Alex Saab, testaferro de Maduro, creó una red mundial de evasión de sanciones

Maduro abraza a Saab en Caracas después de su liberación REUTER

Al aceptar el canje del supuesto testaferro de Nicolás Maduro por diez presos estadounidenses y la promesa incumplida de permitir elecciones libres, el Gobierno de Joe Biden privó a la Fiscalía estadounidense de demostrar cómo la dictadura en Venezuela armó una trama internacional para evadir sanciones y lavar dinero. Una serie de documentos judiciales a los que el juez ha levantado ahora parcialmente el secreto de sumario revela que Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, utilizaron a Álex Saab como enlace para negociar con el régimen iraní, del que acabaron obteniendo combustible y otros insumos.

Saab fue también parte crucial en el establecimiento de una vía de canje ilícito de oro con Turquía, el país al que viajaba en avión privado Delcy Rodríguez cuando en enero de 2020 hizo escala en Madrid y se vio con un ministro socialista español.

Según esos documentos e informes de Inteligencia norteamericanos, en 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde por una orden de EE.UU. a través de Interpol, Saab estaba negociando junto con el entonces ministro venezolano de Petróleo, Tareck el Aissami, un esquema de canje del oro venezolano por gasolina refinada iraní, evadiendo las sanciones aplicadas por la Casa Blanca.

Como resultado de esas gestiones, la aerolínea iraní Mahan Air realizó al menos 17 vuelos y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán envió cinco buques petroleros de Irán a Venezuela con 1,5 millones de barriles de gasolina al régimen de Maduro, que sufría escasez de combustible. Según estimaciones de la Inteligencia norteamericana de 2020, la República Islámica de Irán recibió casi 500 millones de dólares en casi diez toneladas de lingotes de oro como pago, aunque no se conoce la vía para abonar esa cantidad.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, en una parada de repostaje del avión que le llevaba a Irán. Le precedía una misiva de Rodriguez, la vicepresidenta venezolana, enviada al gobierno iraní el 1 de junio, explicando que el viaje de Saab sería el inicio de un acuerdo para evadir las sanciones norteamericanas, y otra del propio Maduro, fechada en el 11 de junio, pidiendo «el envío periódico y mensual de gasolina a Venezuela durante un año» y «poder acompañar este esquema con mecanismos de financiamiento que definan los equipos de ambos países».

Saab, que había sido imputado en EE.UU. en 2019 junto con otro colombiano, Álvaro Pulido, por lavado de dinero, fue extraditado finalmente en octubre de 2021. El juez responsable, Robert Scola, del distrito sur de Florida, le denegó en diciembre de 2022 la inmunidad diplomática. Se enfrentaba a unos veinte años de cárcel por alzar bienes y lavar 350 millones de dólares de fondos públicos venezolanos por medio de bancos de EE.UU.

En el juicio, los abogados de Saab alegaron que este no podía haber sido detenido porque gozaba de inmunidad diplomática, algo que defendió también el exjuez español Baltasar Garzón, que tomó antes parte en su defensa en Cabo Verde.

Un abogado de Saab, Jonathan Barr, admitió en sede judicial que aquel era «enviado especial de Venezuela a Irán en misión oficial». Reveló la defensa que antes del arresto viajó de Venezuela a Irán en dos ocasiones separadas, a principios de 2020. EE.UU. sabía que esos viajes eran en parte la razón de la entrega de gasolina y otros insumos para el régimen chavista.

Paralelamente, a principios de 2020, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo escala secretamente en Madrid, donde se vio con el entonces ministro español José Luis Ábalos, vulnerando sanciones de la Unión Europea. Ni el gobierno español ni el régimen venezolano revelaron entonces el motivo de la visita.

Rodríguez viajaba a Turquía, un país con el que Maduro también estrechó lazos tras el endurecimiento de sanciones por parte de la Administración de Donald Trump.

La Inteligencia norteamericana sospecha que Saab, antes de estar abriendo una vía de canje del oro venezolano con Irán, había hecho lo propio con el régimen turco de Reccep Tayip Erdogan. Saab estuvo involucrado en una trama previa de canje de oro por alimentos con Turquía. Según informes judicializados sobre Saab, este se aprovechó del arco minero rico en oro de Venezuela y del sistema de distribución de alimentos humanitarios CLAP, dirigido por militares. El programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fue creado por el chavismoo para distribuir alimentos subsidiados a los ciudadanos como parte de sus políticas de asistencia social.

La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016, cuando él y Pulido, el otro imputado en EE.UU., idearon una forma de obtener beneficios del régimen, según figura en el auto de imputación. La Fiscalía alegaba que ambos desviaron dinero venezolano y se lucraron llenando las bolsas CLAP de bienes –arroz, harina de maíz, pasta, aceite, azúcar– de ínfima calidad, a veces caducados o podridos. Saab y Pulido Vargas utilizaron diversas empresas pantalla de Hong Kong y México. En 2018, ante la crisis económica y humanitaria en Venezuela, la escasez de divisas llevó al régimen de Maduro a usar oro para pagar algunos de sus contratos, incluido el contrato de las bolsas CLAP. Una vez extraído de las minas venezolanas, el oro se enviaba a Turquía para ser refinado, en lugar del refinador previo del país, que era Suiza, fortaleciendo la relación emergente del régimen de Maduro con Erdogan en Turquía.

En 2018, una empresa de Estambul, creada poco después de una reunión de Maduro con Erdogan en Ankara, sirvió al régimen venezolano para mover 900 millones de dólares en oro a Turquía. Las autoridades venezolanas admitieron en julio de 2018 que comenzaron a refinar oro en Turquía para evitar el riesgo de incautación de activos en Suiza, que sí cooperaba con las autoridades estadounidenses. Tras la detención de Saab, El Aisami, que había sido vicepresidente venezolano y entonces era ministro de Petróleo, asumió las negociaciones con Turquía.

El Aisami ha sido acusado por EE.UU. de ser además un enlace del régimen de Maduro con la guerrilla Hizbolá, aliada de Irán en Líbano.

Los detalles del fraude de Saab se estaban dirimiendo en el juzgado de Florida en el que se le procesaba, hasta que en diciembre Biden ordenó secretamente a la Fiscalía su indulto, total y completo. Ahora, la Fiscalía se ha quedado sin poder probar el caso que lleva instruyendo más de un lustro.

Con esa decisión, Biden logró la excarcelación de veinte presos políticos venezolanos, diez encarcelados norteamericanos y la extradición de un fugitivo acusado de fraude al Pentágono y apodado Fat Leonard. El régimen también prometió elecciones presidenciales libres, pero la Justicia electoral de la dictadura ha mantenido la inhabilitación de María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras.

El 25 de enero, tres senadores republicanos -Jim Risch, Chuck Grassley y Marco Rubio- instaron al Departamento de Justicia a hacer público todo el sumario de la investigación sobre Alex Saab, «supuesto lavador de dinero y cercano aliado del narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro».

Los senadores pidieron las confesiones que hizo mientras estaba bajo custodia estadounidense y otras anteriores, pues, durante la instrucción de la causa, la Fiscalía halló que además Saab había sido en 2018 informarte de la Agencia Antidroga de EE.UU., la DEA, por sus siglas en inglés. Aunque en principio cooperó a cambio de protección, a última hora cortó comunicaciones con las autoridades de EE.UU.

Biden ha levantado parcialmente las sanciones aplicadas previamente contra Maduro y ha liberado a dos sobrinos del dictador venezolano condenados a prisión por tráfico de cocaína. Tras la negativa del régimen de permitir la candidatura de Machado, la Casa Blanca ha vuelto a aplicar las sanciones a la venta de oro, pero mantiene los permisos para el comercio de petróleo, que es una de las principales vías de ingresos para el chavismo.

Aunque no se ha anunciado formalmente, tanto el régimen como la Casa Blanca han dado indicaciones de que tienen en vigor un acuerdo migratorio que permite a EE.UU. la repatriación de emigrantes venezolanos, uno de los grupos que más cruza la frontera ilegalmente desde México.