Almagro: Magistrados y reforma electoral “dan ventaja absoluta” al FSLN

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó este jueves pasado por medio de un extenso comunicado, su “extrema preocupación” por la elección de unos magistrados orteguistas en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la aprobación de una reforma electoral, por parte de los diputados del Frente Sandinista y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional. Ambas acciones, según el diplomático uruguayo, “claramente dan una ventaja absoluta al partido oficial” en las elecciones de noviembre próximo.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos observa con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de reformas electorales que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2017, y resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la organización”, reza el comunicado divulgado por la Secretaría General de la OEA.

“La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”, agrega el documento.

El comunicado hace mención a la resolución de la Asamblea General de la OEA, aprobada el 21 de octubre de 2020, denominada como “restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, la cual estableció que el Gobierno de Nicaragua y la oposición debían adoptar medidas de reforma electoral “significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, a fin de promover elecciones libres y justas”. Entre estas medidas, la resolución consideró como esencial “la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”.

Orteguismo juramenta a nuevos magistrados CSE

La Asamblea Nacional, controlada por una mayoría absoluta de diputados del Frente Sandinista luego del fraude electoral de 2016, juramentó este jueves a los siete magistrados propietarios y tres suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE). Además, con la publicación de la reforma electoral y la juramentación de estos magistrados, hecha en La Gaceta, este miércoles 5 de mayo, el orteguismo cierra el proceso legislativo referido a los cambios en el Poder Electoral.

“La elección del nuevo CSE y la reforma aprobada por el poder legislativo, con el apoyo de diputados del partido oficial y otros diputados, erosiona, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población. La elección de nuevos magistrados en el CSE afines al partido oficial consolida la concentración del poder del FSLN en todos los cuatro poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral y Poder Judicial. Este arreglo de poder no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente y con condiciones de transparencia a sus gobernantes”, añade el comunicado de la Secretaría General de la OEA.

Incumplimientos a los acuerdos

La OEA recuerda en su comunicado los acuerdos firmados e incumplidos con el régimen orteguista, para lograr modernizar y dar credibilidad al poder electoral de Nicaragua, luego de los constantes fraudes que han permitido al Frente Sandinista atornillarse en el poder.

“El Gobierno (de Nicaragua) firmó en ese marco sendos acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada: a) los acuerdos surgidos del ‘Diálogo constructivo entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA’, realizados entre el 20 de octubre de 2016 y 20 de enero de 2017, firmados en el mes de febrero de 2017; b) la no puesta en práctica de las recomendaciones de la OEA, que fueron presentadas ante la Asamblea General de la Organización en diciembre de 2017 y en cuya sesión fueron aceptadas y comprometidas a cumplir por la delegación de Nicaragua; c) el acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica en marzo-abril de 2019, que rescataba los acuerdos con la Secretaría General de la OEA de 2018”,  menciona.

También se recuerda en el comunicado que fue el Gobierno de Nicaragua el que solicitó la presencia de la Secretaría General de la OEA, lo que quedó establecido en un documento firmado y hecho público, el 20 de marzo de 2019. Dicho acuerdo contó con la presencia de testigos y garantes de la Nunciatura de la Iglesia católica de Nicaragua y delegados de la Secretaría General del organismo regional.

“Esta reciente elección y aprobación de reforma electoral pone en evidencia la falta de voluntad del régimen – así como de algunas fuerzas políticas – de tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la población nicaragüense. La Secretaría General de la OEA  recuerda que la ausencia de pluralidad de partidos y la inexistencia de separación de poderes violan flagrantemente los principios del Sistema Interamericano del cual el país es parte”, señala.

Finalmente exhortó al régimen orteguista y a las fuerzas políticas colaboracionistas que respaldaron la reforma electoral que adopten medidas de reformas electorales coherentes con los principios del ejercicio efectivo de la democracia y acceso a los derechos humanos “establecidos en los instrumentos jurídicos interamericanos de los cuales Nicaragua es signatario”.

Sesión en Consejo Permanente

Este jueves también se conoció que Almagro, remitió una carta a la embajadora Elisa Ruíz Díaz, representante de Paraguay y presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA, solicitando incluir la “situación de Nicaragua” en la próxima sesión de esta entidad. Almagro en la misiva igualmente pide se le permita una intervención de su parte, precisamente para referirse al tema de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Se espera que la sesión se lleve a cabo la próxima semana, posiblemente el miércoles 12 de mayo.

Los diputados orteguistas reeligieron este martes a los magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas, del Frente Sandinista. Además, nombraron a Brenda Rocha Chacón, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney McDavis Álvarez y Adriana Marina Molina Fajardo propuestos por el FSLN.

También se confirmó el nombramiento de los candidatos propuestos por partidos colaboracionistas: Cairo Amador, propuesto por la Alianza Liberal Nicaragüense; Leonzo Knight propuesto por el Partido Conservador, Alberto Blandón por el Partido Liberal Constitucionalista, y Maura Lizet Álvarez, propuesta por el Partido Liberal Independiente.

Esta nueva constitución del poder electoral implica la salida de los ahora exmagistrados Emmet Lang Salmerón, Luis Benavides Romero, Judith Silva Jaen, Norma Moreno Silva y los suplentes Emiliano Enríquez, Virginia Molina y Miguel Ángel Meléndez.

Todos estos, junto a Roberto Rivas Reyes y los reelectos Lumberto Campbell y Mayra Salinas, han sido señalados por organismos de observación y opositores políticos de avalar los fraudes electorales que han permitido al Frente Sandinista consolidar su músculo político, principalmente en el parlamento.

Rivas Reyes y Campbell además están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, precisamente por ser señalados de ser operadores claves para perpetrar estos fraudes electorales, que han deslegitimado la credibilidad del Consejo Supremo Electoral.

Unión Europea: Reformas no son resultado de un diálogo

La Unión Europea (UE) emitió una declaración por medio de su vocería en la que señala que las reformas electorales no son producto de un diálogo político con los grupos opositores, que fue una de las principales recomendaciones para solventar la crisis sociopolítica provocada desde la masacre a las protestas civiles de abril de 2018.

“La Unión Europea toma nota de la reforma de la ley electoral aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 4 de mayo y sobre el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Desafortunadamente, ambos no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Estas decisiones no son el resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha pedido repetidamente. Constituyen un paso atrás hacia una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua”, cita el comunicado.

“La UE seguirá aplicando una política de compromiso constructivo y crítico con las autoridades nicaragüenses y utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”, añade el documento.

CONFIDENCIAL adelantó la semana pasada que el orteguismo solo buscaría reelegir a Campbell (pese a sus severos problemas de salud) y Salinas, además de establecer en el poder electoral una mayoría de mujeres como magistradas. Salinas, de acuerdo a las fuentes del Frente Sandinista, será colocado como presidente del CSE, llenando formalmente la vacante que dejó Rivas Reyes, luego que este renunciará a raíz de las sanciones en su contra.

La elección de los magistrados se dio en una sesión exprés en la que los diputados orteguistas, juntos a sus aliados políticos del PLC, ALN, PLI, Apre y el Partido Conservador, aprobaron la reforma electoral que abre las puertas a nuevo fraude en los comicios de noviembre próximo.

La reforma ha sido rechazada y condenada por las plataformas políticas opositoras y precandidatos presidenciales, quienes aducen que la misma mantiene el control del Frente Sandinistas en todas las estructuras del poder electoral, consolida el ventajismo político para el partido rojinegro en unos eventuales comicios de noviembre y el otorga al dictador Daniel Ortega en su carácter de jefe supremo de la Policía el poder para controlar las actividades de campaña política de los partidos opositores.

Dirigentes de las principales plataformas opositoras, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, expresaron en una entrevista conjunta al programa Esta Noche que enfrentarán la reforma electoral consolidando una unidad opositora única y apelando a la presión de la comunidad internacional.

Durante la juramentación de los nuevos magistrados orteguistas, el presidente del poder legislativo, Gustavo Porras, expresó que los procesos de elección de estos funcionarios y la aprobación de la reforma electoral representan un “triunfo de la democracia nicaragüense, en la que queda establecido que las elecciones se harán con nuestras reglas del juego, de manera soberana y sin injerencia extranjera”.