Ambientalista, oficio peligroso

Si trabaja en Colombia debería encender una vela al santo de su devoción porque, según el último informe de la ong Global Witness, más de un tercio de los 177 activistas  asesinados el año pasado cayeron en la república sudamericana, elevando a 1910 la cifra de víctimas en el decenio 2012-2022.

Uno de cada cinco murió en la selva amazónica, a pesar de los buenos propósitos de la nueva Administración bogotana, sin que disminuyera la violencia contra las comunidades indígenas, amenazadas por la minería ilegal, la agroindustria y la industria maderera,  sometidas a una insidiosa criminalización para silenciar las voces denunciantes; con el agravante de que las víctimas del 34% de las agresiones apenas representan el 5% de la población mundial y que, siempre según Global Witness, numerosos consorcios basados en la Unión Europea, Gran Bretaña y los Estados Unidos son responsables en cierta medida de las violaciones a los derechos humanos.

Así quedan en papel mojado las exhortaciones regulares que la organización envía a los líderes mundiales a tomar medidas de salvaguarda, precisamente en vísperas de una nueva conferencia, la COP28, a celebrarse en Dubai en noviembre, que evaluará los progresos, más bien magros, desde el Acuerdo de París suscrito en diciembre de 2015.

60 asesinatos otorgaron a Colombia un bochornoso palmarés, seguida de Brasil con 34, México con 31, Honduras con 14 y Filipinas  con 11, en medio de la más absoluta impunidad que Global Witness rechaza, basada en su concepto   normativo  de que “si queremos evitar un desastre climático e impartir una auténtica justicia climática, los gobiernos y las empresas deben proteger la tierra y los Defensores ambientales y asegurar que sus voces sean escuchadas”.

Para la organización, estos Defensores son gentes comunes – individuos o comunidades enteras- que tratan de proteger pacíficamente sus hogares, sus estilos de vida y la salud del planeta, asumiendo una posición contra la injusta, discriminatoria, corrupta y dañina explotación de los recursos naturales.

La misma que funciona con  violencia cada vez más desenfadada para asesinar activistas como la hondureña  Berta Cáceres, la pareja del  periodista Dom Philips, colaborador del Guardian londinense, y Bruno Pereira, un brasilero experto en tribus remotas, en el valle amazónico de Javari y el líder indígena venezolano Virgilio Trujillo Arana, defensor de su territorio contra la minería ilegal amparada por el gobierno.

Y es que, como ratifica una funcionaria de la organización, los pueblos indígenas son los vigilantes más celosos de sus bosques y juegan un papel fundamental en el combate contra la crisis climática y por eso son objeto de hostigamiento,  pues si bien más de un centenar de países se comprometieron en la COP26 de Glasgow a detener la deforestación, más del diez por ciento de los bosques originales se perdieron en 2022 respecto del año anterior.

Y por eso reitera que ante la emergencia que se agudiza se debe ir de la mano del respeto a los derechos humanos, aunque conozcamos apenas un fragmento de la situación por las restricciones a la libertad de prensa y la ausencia de un monitoreo independiente, sobre todo en África, Asia y el Cercano Oriente, que ocultan los crímenes y otras formas legales más sutiles de coacción.

Varsovia, septiembre de 2023