Ambiente y elecciones. Lo que faltó en el informe de Bachelet
En los últimos seis años la oficina de la ACNUDH, la CIDH y más de 100 Estados que intervinieron en el último Examen Periódico Universal de Venezuela emitieron más de mil recomendaciones para intentar corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos en el país. No obstante, estas recomendaciones no fueron acatadas como parte de la política que por más de una década los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro decidieron aplicar ante los órganos de Naciones Unidas.
En este período no solo se dejaron de escuchar las recomendaciones internacionales sino que se denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, se dejaron de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y se negaron solicitudes de visita de mandatarios independientes y de la Comisión Interamericana.
En este contexto, el pasado 4 de julio se presentó el resumen del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Desde el punto de vista de los adversarios y críticos al régimen de Nicolás Maduro, el informe es lapidario. El trabajo desarrollado por la alta comisionada y su equipo técnico fue respaldado por 190 organizaciones que trabajan por garantizar los derechos humanos en Venezuela.
La oficina de la alta comisionada ha emitido tres informes respecto a la situación de Venezuela. Según el comunicado de las ONG venezolanas «sus informes (haciendo énfasis en el resumen publicado el 4 de julio) recogen, de manera rigurosa y respetuosa, las voces de cientos de víctimas dentro del país y migrantes forzosos, venezolanos que han tenido que huir del país por razones políticas o para sobrevivir».
No obstante, los adeptos a la Revolución bolivariana lo analizan de manera muy diferente. La economista Pascualina Curcio describe el trabajo como un texto «repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades […]. El informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera».
Al momento de presentar el informe, la alta comisionada indicó: «El Estado de derecho en Venezuela está erosionado. Mi oficina ha documentado ataques contra oposición, defensores de derechos humanos, desapariciones y asesinatos extrajudiciales».
También denunció el uso repetido de «fuerza excesiva y letal contra manifestantes» y «ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas».
El reporte acusa al gobierno de Nicolás Maduro de «graves vulneraciones de derechos» y documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La respuesta oficial del régimen venezolano se centró en presentar hasta 70 observaciones al resumen de informe.
No obstante, más allá del debate generado por estas observaciones del gobierno venezolano, dos temas resaltan como los grandes ausentes en el documento presentado el 4 de julio: 1) violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela; 2) derechos electorales y proceso comicial de 2018.
Alejandro Álvarez Irragori, especialista en gestión social del ambiente, con énfasis en temas relacionados con derechos humanos ambientales y coordinador de la organización Clima21, en un análisis publicado sobre el informe de la alta comisionada, sostiene que este «pudo ser más explícito y contundente en temas de violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela […]. Por ejemplo, pudiera haber indicado que en el país no hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población y que, según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua».
Por otra parte, se indica que también se excluye del informe que «el uso del mercurio en la minería es generalizado, a pesar de que fue prohibido por decreto presidencial, y que el gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata». Y que, a causa de ello, existe evidencia de que una gran cantidad de personas, «incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados».
También se señala como una omisión significativa que «la acción del Gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático y que el país no cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático […]. El Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas. A través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos».
Por otra parte, los integrantes de organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan temas de transparencia electoral reclamaron la ausencia de menciones específicas a la violación de los derechos humanos de los venezolanos en lo referente a la participación política.
En este sentido, recuerdan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles dejan claro que el derecho al voto también es un derecho humano.
Sin embargo, la omisión en este caso encuentra dos atenuantes: en el resumen del informe se indica que «es política de Estado disminuir la democracia» y, por otra parte, antes de presentar su informe la alta comisionada fue enfática al señalar que el problema político de Venezuela se resolvería a través de negociaciones promovidas por Noruega, conversaciones que aún en están en marcha y en donde el derecho al sufragio libre y las garantías para la participación política son el tema central.
