Ante la ilegalidad de AMLO, la sociedad levanta la voz
El viernes 11, el presidente de México decidió traspasar una frontera en sus ataques a la prensa y la sociedad del país respondió como no lo había hecho en los tres años que lleva gobernando. La convocatoria de respuesta llevó mi apellido: #TodosSomosLoret.
Hace dos semanas, en el programa de investigación periodística que encabezo revelamos que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vivió en una lujosa casa en Houston, con alberca de 23 metros y cine privado, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa Petróleos Mexicanos. Un mes antes de que este ocupara la vivienda, se le otorgó un contrato de 85 millones de dólares a la empresa petrolera.
El reportaje impactaba tres de las más socorridas banderas políticas del presidente: la austeridad, el combate a la corrupción y el rechazo a los conflictos de interés. Por ello se volvió un escándalo nacional y sigue siendo eje de la conversación pública. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Accionistas de Baker Hughes demandaron una investigación por posibles conflictos de interés.
AMLO reaccionó con furia. Empezó calumniándome e insultándome. Cada día fue escalando la violencia de sus palabras hasta que el viernes rebasó todos los límites: presentó en su conferencia matutina una lámina exhibiendo lo que (según él) eran mis millonarios ingresos y anunciando que pediría a las autoridades fiscales que me investigaran. No fue un desliz. Fue un acto planeado y deliberado para mostrar su poder y tratar de intimidar a todo aquel que pretenda criticarlo.
En lo personal, el presidente puso a mi familia y a mí a merced del crimen organizado: en México las leyes mantienen en privado estos datos para no despertar el apetito de la delincuencia.
En lo profesional, este abuso de poder, este uso de los instrumentos del Estado para revelar información privada en venganza contra un periodista que lo cuestionó, tocó un nervio que hizo que —casi de manera unánime— la sociedad mexicana condenara la actuación del presidente.
Este nervio social estaba ya adolorido porque el país está registrando un récord histórico de periodistas asesinados: van cinco en poco más de un mes. México ha sido por años de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, pero lo de las últimas semanas enciende todos los focos rojos. Casi 100 periodistas han sido asesinados en dos décadas, y muchos colegas siguen pagando con su vida para defender la libertad de expresión que seguimos ejerciendo otros.
Esta sociedad está ejerciendo la libertad que tanto tiempo tomó arrebatarle al sistema autoritario y arbitrario del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por 71 años. Las voces que se juntaron en el space son las de quienes ven alarmados cómo se arremete desde la presidencia contra los fundamentos democráticos que se fueron construyendo en las últimas décadas. Las unió la sensación de que el presidente goza de una impunidad irremediable para embestir a cualquier ciudadano que le cuestione o reclame: han sido periodistas, intelectuales, científicos, estudiantes, organismos de la sociedad civil, madres solteras, mujeres que piden fin a los feminicidios, familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia, padres de niños con cáncer que piden medicinas para sus hijos, doctores que cuestionan la estrategia fallida contra el COVID-19, opositores, empresarios, autoridades electorales, funcionarios públicos y jueces que no se alinean a sus designios, organismos autónomos y universidades. La lista de personas y grupos insultados por el presidente crece semana a semana.
Lo que se desató el viernes por la mañana fue para defender la libertad de expresión, vista como la primera de las libertades democráticas, y después se amplió a la libertad de estudiar, trabajar, emprender, hacer investigación académica, científica, organizarse, elegir y vigilar a los gobernantes, decir lo que se piensa sin ser aplastado por el poder. En suma: vivir en democracia.
No es que todos los que están inconformes con ese proceder piensen igual o que quieran conformar un partido político opositor, como suele señalar López Obrador. No es un tema partidista ni electoral. Es la expresión de quienes hemos visto cómo este presidente trasnochado, abusivo y vengativo, que gobierna desde el odio y a quien nadie de su entorno ni de su equipo contiene, daña esas libertades.
En las nueve horas de conversación en vivo, el space se volvió una cuidadosa bitácora de los desplantes autoritarios de un presidente que quiere ser emperador. A la vez, exhibió que en México existe un robusto músculo social que está defendiéndose. La sociedad civil, satanizada por este gobierno, está respondiendo y buscando la forma de articular un sistema de defensas contra los ataques diarios del poder hacia cualquier expresión de ciudadanía, libre, independiente, propia de una vida democrática.
¿Cómo se articula esa defensa? No lo sé. Pienso de bote pronto que cada quién debe ejercerla desde su campo de acción, y hacerlo con libertad. Y que cada vez que se agreda esa libertad, se activen vasos comunicantes para evitarlo. El viernes se dio un primer, poderoso paso en esa dirección.
