Armando Durán / Laberintos: Fraude electoral en Venezuela
El editorial del diario El Nacional en su edición de este jueves, ¿Quién perdió el domingo”? califica la elección el domingo pasado de los 545 delegados a una ilegal Asamblea Nacional Constituyente de “patraña descomunal de la dictadura.” En consecuencia, y a la vista de la conducta incierta de la alianza opositora MUD durante estos 4 meses de rebelión popular, la emplaza a no responderle a los millones de ciudadanos que la apoyan “con la retórica habitual, ni con declaraciones que llamen a acciones que no terminan de llegar a conclusiones concretas y posibles.” Termina el editorial con una advertencia sombría: “La MUD tiene la palabra, mientras tenga tiempo de pronunciarla.”
Se trata de una visión muy cruda pero muy real de los lamentables sucesos que han desembocado en la realidad de esta amañada jornada electoral. Por una parte, el régimen, en su terca obsesión por perpetuarse en el poder a sangre y fuego, no le hizo el menor caso al hecho de que más de 80 por ciento del país rechazó la devastadora gestión política, económica y social del régimen propinándole al chavismo una derrota aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Por otra parte, la oposición no le prestó atención a los resultados de la consulta popular del pasado 16 de julio. Dos posiciones de indiscutible arrogancia cuyo principal efecto fue la ostensible abstención de los electores y la nula acción de la MUD para impedir que a pesar de ello el régimen se saliera con la suya y avanzara, sin mayores contratiempos, en la tarea de darle el golpe definitivo a lo que queda en Venezuela de democracia.
La gravedad de la situación ha sido escandalosa. Bastó pasearse ese infame domingo 30 de julio por las calles de Venezuela para comprobar que el país le ha dado la espalda a Maduro, a su gobierno y al régimen de la mal llamada revolución bolivariana. Según informó Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, más de 8 millones de electores acudieron a las urnas. En cambio, diversos organismos calcularon que a los sumo sólo 3.7 millones de electores acudieron al llamado del CNE. Al margen de las posibles distorsiones provocadas por la tensa confrontación política que reina en el país, incluso a la certeza moral que hoy por hoy comparten la inmensa mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional democrática de las Américas y la Unión Europea, un dato objetivo refuerza la denuncia de las múltiples irregularidades cometidas por las autoridades electorales: cuatro días después de la elección, el CNE aún no ha facilitado las actas en las que supuestamente deben quedan registrados los resultados de la votación en las 24 mil mesas instaladas en todo el país. Una razón que facilitó que 40 gobiernos americanos y europeos ya hayan informado que no reconocen la validez de esos resultados electorales.
Este miércoles la crisis finalmente experimentó una agudización inquietante. Desde Londres, Antonio Mujica, presidente de Smarmatic, empresa multinacional dedicada a diseñar y aplicar lo que ellos llaman soluciones electorales y que desde su controversial participación en la realización del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez en agosto de 2004 se ha encargado de ejecutar en Venezuela todas las actividades relacionadas con el voto electrónico y demás fases de todos los eventos electorales realizados en Venezuela, declaró que “sin lugar a dudas, en las elecciones de la constituyente hubo manipulación de los datos sobre participación real de electores, en una cifra superior a un millón.”
Como complemento a estas explosivas declaraciones, Súmate, organización venezolana fundada en 2002 para atender todas las tareas vinculadas a consultas populares y que dos años más tarde cuestionó técnicamente la participación de Smarmatic en el referéndum revocatorio de aquel año, explicó este miércoles que la falta de información del CNE sobre los resultados de la elección del domingo puede deberse a diversos hechos irregulares, como “el voto múltiple, la usurpación de identidades, la introducción de votos fraudulentos mediante la simulación sin presencia física real del elector y que se hayan precargado las máquinas de votar. Las cosas se complican porque no hubo auditorías ni se imprimieron las actas.” Es decir, que esos supuestos 8.2 millones de electores puede ser la simple ocurrencia de algún funcionario escrita a mano en una hoja de papel.
Tibisay Lucena, sin desmentir las denuncias concretas de Mujica, acusó al presidente de Smarmatic de hacer “una aseveración irresponsable”, pero su declaración sí fue tomada muy en serio por Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien declaró que en Venezuela se cometió “el fraude más grande de la historia electoral de América Latina”, y por Federica Moghenini, Alta Comisionado de la Unión Europea para sus Relaciones Exteriores, quien en nombre de los 28 países que integran la UE rechazó sin contemplaciones la legitimidad de la votación y de la futura Asamblea Nacional Constituyente.
A la hora de escribir estas líneas, jueves al mediodía, no se pueden medir aún las consecuencias que tendrá la naturaleza abiertamente fraudulenta de los resultados anunciados. Por lo pronto, flotan en el aire tres preguntas turbadoras:
Según se había anunciado, en la mañana de este jueves iba a instalarse la Asamblea Nacional Constituyente. A última hora de la tarde del miércoles, sin embargo, Maduro anunció que la instalación se posponía 24 horas. Su argumento fue que se corría la fecha para perfeccionar la organización del acto, pero también se interpretó como una reacción natural para analizar a fondo el impacto que podría tener dentro y fuera de Venezuela la denuncia de Smarmatic, y la necesidad de resolver la aún no resuelta selección del Presidente de la ANC, ¿Cilia Flores, Diosdado Cabello o una tercera y consensuada opción?
La segunda cuestión a dilucidar es no saber a ciencia cierta qué hacer con los 112 parlamentarios de la oposición. Se dan por descontados dos hechos. Uno, que la ANC tiene previsto disolver todos los poderes públicos y absorber sus atribuciones constitucionales, comenzando por la Asamblea Nacional. Dos, determinar si en efecto el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, debe pasar ahora a ser la sede de la ANC. El problema radica en el hecho de que los diputados opositores han sostenido que no aceptan ser barridos por un organismo ilegal y que si en efecto son expulsados por la fuerza del Palacio Federal Legislativo, se instalarán en otro lugar y no dejarán de seguir funcionando como legítimo Poder Legislativo venezolano. Lo que sí sabemos es que la noche del miércoles efectivos de la Guardia Nacional ocuparon todos los espacios del Palacio Federal Legislativo y que diversos voceros del régimen han adelantado que una de las primeras decisiones que tomará la ANC será despojar a los diputados de su inmunidad parlamentaria, alguno de los cuales serán encarcelados de inmediato, acusados de haber cometido múltiples delitos contra el Estado.
Por último se plantea el cuestionamiento de la MUD en general y de algunos de sus dirigentes en particular, sobre el hecho de no haber estado ni estar en estas horas cruciales a la altura de las circunstancias, tal como señaló con crudeza Antonio Ledezma en su mensaje a los venezolanos divulgado por las redes sociales la noche del lunes y que le acarreó ser devuelto pocas horas después a una celda en la prisión militar de Ramo Verde. Es la opinión repetida por miles de venezolanos ante el melancólico desenlace de estos cuatro meses de turbulentas confrontaciones y la necesidad, como señala El Nacional en su editorial de hoy, de un cambio en el seno de la oposición. Una realidad a la que debemos añadir las maniobras del régimen encaminadas a convencer, como ya lo han logrado en algunos casos, a la participación en las elecciones regionales anunciadas para diciembre de este año. De ahí la exhortación del editorialista del diario a la dirigencia política de la oposición. “La MUD tiene la palabra, mientras tenga tiempo de pronunciarla.” A sabiendas de que de esa “palabra” depende que la lucha por la restauración democrática emprenda una nueva ruta o que el fraude electoral del domingo termine marcando el fin, por tiempo indefinido, de la democracia venezolana.
