Sin oposición, tituló Elvira Lindo su columna del domingo pasado en El País y en su primera frase se lamenta de que “ay, si la hubiera». Yo no he resistido la tentación de apropiarme de ese título y de su lamento inicial. Cierto que Lindo no habla de Venezuela sino de España y que, además, no lo hace para advertir que Pedro Sánchez gobierna sin oposición, sino exactamente para denunciar todo lo contrario. Que desde su derrota en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, lo que han hecho los partidos de derecha y extrema derecha ha sido declararle al socialismo español una exacerbada guerra a muerte con fines exclusivamente político-electorales.
Habría que hacer algunas precisiones. En primer lugar, que Lindo escribe desde y sobre un país que al margen de las muy legítimas preferencias ideológicas de cada quién, goza de ejemplares derechos democráticos y lo que condena son las muy malas y polarizadas mañas de una derecha que cegada por la rabia prácticamente le atribuye al gobierno de Sánchez hasta la culpa de los estragos económicos y sanitarios que la pandemia del COVID-19 suscita en todo el planeta. Al revés de lo que sucede en Venezuela, donde la oposición no se desenvuelve en un clima ni siquiera medianamente democrático y en 22 años solo se ha excedidos excepto para desconocer la naturaleza autocrática del régimen, a todas luces muy próxima al totalitarismo cubano. Como si a pesar de la práctica abiertamente antidemocrática del régimen, en realidad viviéramos en democracia. Una democracia sin duda heterodoxa, pero a fin de cuentas democracia. Mentira podrida que le permite a los dirigentes de nuestra inexistente oposición colaborar sin ningún complejo con el régimen para no ser expulsados del terreno de juego y recibir en cambio algunos beneficios políticos y materiales.
En segundo lugar, que nadie puede negar que los españoles y sus dirigentes políticos de todos los signos, desde 1978, han podido resolver sus diferencias en el diálogo, los acuerdos y las urnas electorales. Y porque desde entonces nadie ha puesto en duda la equidad y la transparencia de todos los eventos electorales que se han celebrado en España. Mientras tanto, en Venezuela, desde la primera elección convocada por el régimen, en abril de 1999, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente encargada de definir la naturaleza del régimen naciente, sus dirigentes jamás han contemplado la opción de entregar el poder por las buenas.
Por último, me parece oportuno recordar que las persistentes consultas electorales del régimen, auténticas trampas cazabobos desmanteladas hace cuatro años con el fracaso de las negociaciones gobierno-oposición en República Dominicana, liquidadas al parecer para siempre en las fallidas intentonas del régimen, la Unión Europea y la alianza del sector de la oposición encabezado entonces por Juan Guaidó, en Oslo y Barbados el año pasado. Engendros grotescos que resucitan estos días de sus cenizas con la inaudita convocatoria de dos presuntas consultas electorales. Una convocada por Maduro para renovar la composición de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre; la otra, llamada consulta popular por esa diluida Asamblea Nacional que la promueve, todavía sin fecha y sin que sus convocantes hayan anunciado todavía si se tratará de un referéndum consultivo o de un plebiscito para preguntarle una vez a los electores qué rumbo desean fijarle al país de ahora en adelante. Como si los venezolanos no hubieran expresado su parecer hasta la saciedad y la muerte, en las calles de Venezuela desde el 11 de abril de 2002 y en el referéndum de julio del año 2017 tras cuatro sangrientos meses de duros enfrentamientos con las fuerzas represivas del régimen.
Esta controversial historia del auge y caída de la democracia venezolana comenzó hace muchos años, para ser exactos, el 23 de enero de 1958, día en que el general Marcos Pérez Jiménez acató sin chistar la orden que le dieron los mandos militares venezolanos de entonces de hacer las maletas, tomar el avión presidencial y marcharse del país. Al conocerse la buena nueva, el pueblo jubiloso de Caracas salió a las calles a vitorear el nacimiento de una nueva etapa de la historia nacional y darle la bienvenida a las tres corrientes políticas que se habían enfrentado a la dictadura durante sus 10 años de existencia, la extrema izquierda del Partido Comunista de Venezuela, la democracia cristiana de COPEI y la social democracia de Acción Democrática.
Como he escrito en repetidas ocasiones, a lo largo de las dos décadas siguientes, los mecanismos institucionales de la naciente democracia funcionaron satisfactoriamente, incluso para derrotar, política y militarmente, a sus enemigos de izquierda y de derecha. Durante ese difícil período también se desarrolló en Venezuela una sólida clase media de profesionales, técnicos y pequeños comerciantes. Hasta buena parte de la población de menores ingresos podía de repente afrontar su futuro con relativa seguridad. La riqueza del petróleo, al parecer inagotable en el marco de una democracia sólida, financiaba el sueño de casi todos y garantizaba una envidiable movilidad social. Sin embargo, los gobernantes de la Venezuela moderna no lograron deslastrarse de las viejas tradiciones de los caudillos del siglo XIX y primera mitad del XX. Sobre todo, porque a pesar de ser civiles, al ser Venezuela más rica, se sentían más poderosos. En todo caso, el petróleo daba pie, incluso, a las fantasías más extravagantes.
Mientras tanto, la realidad se abría paso secretamente a medida que la renta petrolera dejaba de ser suficiente para satisfacer las demandas insaciables del Estado y de la población. Hasta que un día, el viernes 18 de febrero de 1983, el gobierno de Luis Herrera Campíns se vio obligado a decretar la devaluación del bolívar tras un cuarto de siglo de estabilidad monetaria, un hecho insólito en América Latina. Ese viernes llamado “negro”, el espejismo de la multiplicación de los panes y los peces se hizo añicos de improviso y puso en evidencia los frágiles fundamentos de la economía y las finanzas nacionales. En esa encrucijada decisiva de la historia venezolana, Hugo Chávez comprendió que había llegado su hora. Llevaba años conspirando en los cuarteles y ahora percibía que, encubierta por esa visión optimista del futuro venezolano, había crecido la rabia de muchos que no encontraba en los dispositivos del sistema democrático esperanza alguna de salvación. Este sentimiento de furioso rechazo al presente y el pasado era la pieza que necesitaba Chávez para terminar de armar el rompecabezas de su ambicioso proyecto político.
La democracia venezolana se había consolidado gracias al llamado Pacto de Punto Fijo, conciliación de las élites políticas venezolanas, con excepción del Partido Comunista auspiciado, por Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, firmado en 1958 antes de las elecciones de diciembre de ese año. Con el tiempo, aquel pacto político que había facilitado el desarrollo en Venezuela de un régimen bipartidista, ingrediente esencial para garantizar una saludable alternancia en el poder, se fue transformando en un sinuoso y pragmático entendimiento de las cúpulas de Acción Democrática y Copei, los grandes grupos económicos y las organizaciones sindicales. Dentro de este nuevo marco de relaciones, todos pasaban por alto la necesidad de superar la crisis social generada por la discrepancia creciente entre una renta petrolera que en términos reales decrecía y una población que en esos 25 años de democracia seguía siendo dependiente casi exclusivamente del petróleo. Los graves desajustes macroeconómicos, el empobrecimiento gradual de la familia venezolana y la marginalidad como destino fatal de millones de venezolanos configuraron un cuadro social que las clases dirigentes se negaron tercamente a reconocer. Ni siquiera después del Caracazo, en febrero de 1989, se mostraron dispuestos a reflexionar sobre el carácter explosivo de la situación. Como si para ellos nada grave ocurría en Venezuela. Chávez sí lo percibió y el 4 de febrero de 1992, y a punta de cañonazos, trató de poner a Venezuela al revés.
Se inició entonces el gran drama actual de Venezuela, cuyos pormenores, hasta el agotamiento irreversible de sus fuerzas políticas tradicionales y la inevitable transición hacia un régimen caracterizado por sus desmanes, la desmesurada ambición personal de sus dirigentes y la insuficiencia absoluta para gobernar, analizaremos en las dos próximas entregas de esta columna.
