Armando Durán / Laberintos: De Barbados al Esequibo

   En el curso de las últimas semanas, diversos sucesos han ahondado aún más la grave crisis política que parecía haber tomado un rumbo favorable cuando una delegación de funcionarios de muy alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden, encabezado por Juan González, su Consejero de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, a la que se integró un representante de la compañía petrolera Chevron, visitó Caracas por sorpresa en marzo del año pasado y se reunió con Nicolás Maduro en su despacho presidencial del Palacio de Miraflores.

   El motivo de aquel imprevisto encuentro fue que, días antes, el 24 de febrero, Rusia había invadido Ucrania, desatando una guerra cuyo primer efecto, más allá de los propiamente bélicos, fue poner en peligro el suministro de petróleo y gas que Rusia exportaba, entre otros, a China, Países Bajos, Alemania, Bielorrusia y Corea del norte, por un valor que en 2021 alcanzó los 130 mil millones de dólares. Razón de peso muy considerable, que de pronto hizo pensar a Washington en Venezuela, no en términos exclusivamente políticos, sino como la potencia petrolera qué había sido antes de haberse prácticamente desintegrado por la corrupción y el pésimo manejo de la industria.

   A partir de aquel primer encuentro, Washington levanto parcialmente las sanciones aplicadas al régimen venezolano que afectaban directamente la producción y exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, razón de la presencia de Chevron en esa reunión de marzo en Caracas y de ahí que el régimen que preside Nicolás Maduro comprendiera la posibilidad de  reactivar gradualmente el volumen de sus exportaciones petroleras a Estados Unidos y recuperar al menos parte de su tradicional importancia como productor y exportador de petróleo, reducir las sanciones financieras, económicas y comerciales que Estados Unidos y Europa Occidental le aplican al régimen chavista venezolano, revitalizar la producción petrolera del país y aumentar gradualmente el volumen de sus exportaciones a Estados Unidos, país que paga de contado y a precio de mercado cada barril de petróleo que importa. Una opción generada por la guerra en Ucrania, que le abría a Caracas la oportunidad de comenzar a romper el asfixiante cerco de las sanciones, a cambio de dar algunos pasos que permitieran reanudar una ronda de negociaciones con la oposición venezolana y facilitar el gradual levantamiento de las sanciones.

  En otras palabras: aquella suerte de súbito entendimiento entre Estados Unidos y el aislado régimen chavista de Venezuela bien valía para ambas partes una misa. Tanto, que los acuerdos alcanzados en esos diálogos sostenidos en las sombras por representantes de Biden y Maduro, desembocaran en el acuerdo que firmaron  el pasado de 17 octubre, en Barbados, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, en nombre de Maduro y de la llamada Plataforma Unitaria, alianza de la mayoría de los partidos y movimientos políticos de la oposición venezolana.

   El contenido del documento no se diferencia de lo debatido en diversas rondas de diálogo realizadas en los últimos 20 años, excepto que en esta ocasión, además de los intereses del oficialismo y la oposición, Estados Unidos también entró en el juego, un factor que le imprime al acuerdo un tono muy distinto, pues Washington se compromete a levantar temporalmente las sanciones, pero a medida que el gobierno venezolano dé pasos concretos en una ruta que conduzca  a la celebración de una elección presidencial suficientemente limpia y democrática para proporcionarle al futuro gobierno de Venezuela la legitimidad que Maduro le hizo perder al suyo al hacerse reelegir en una elección abiertamente fraudulenta celebrada en mayo de 2018

   Es decir, que en el fondo, la finalidad de este acuerdo firmado en Barbados también implica ponerle fin a la comedia de enredos que ha caracterizado las negociaciones gobierno-oposición y el juego electoral en Venezuela desde la manipulación oficialista del referéndum revocatorio de 2004; brindar una oportunidad, sin duda remisa pero oportunidad al fin y al cabo, de celebrar esa próxima elección presidencial con condiciones electorales finalmente transparentes.  Entretanto, ambas partes asumieron el compromiso (que el régimen comenzó a incumplir enseguida) de respetar los mecanismos empleados por cada sector para elegir su candidato presidencial, garantizar el acceso de todos a los medios de comunicación y contribuir a crear un clima político y social propicio al desarrollo de un proceso electoral pacífico, con participación de todos.

   Ese barco empezó a hacer aguas muy pronto, pues apenas 5 días más tarde, con la celebración de la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre, un evento en el que Maduro y compañía decidieron no intervenir porque según sus cálculos, sin intervención del Consejo Nacional Electoral,  el evento sería un rotundo fracaso, resultó ser una masiva demostración de respaldo popular espontáneo a la oposición, pues a las urnas acudieron casi dos millones y medio de electores, un claro rechazo a Maduro y a su régimen, que además, en su gran mayoría, 92 por ciento de los votantes, expresaron su apoyo a María Corina Machado, de Vente, partido que no forma parte de la Plataforma Unitaria.

   La reacción del régimen no se hizo esperar. Al día siguiente de la elección denunciaron las cifras de participación y votación como fraude al pueblo y el Fiscal General de la República, en aparatosa rueda de prensa, denunció el “delito” y citó a su despacho, para el lunes siguiente, a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y a sus representantes regionales, en calidad de investigados, grosera manera de romper uno de los puntos esenciales del Acuerdo de Barbados, que le daba a la oposición libertad de elegir a su candidato para esa elección presidencial como le viniera en ganas. Por supuesto, los citados acudieron a su cita el lunes, durante horas permanecieron en las oficinas de la Fiscalía, luego, sin darles explicación alguna, fueron dejados en libertad. Desde ese instante, de pronto, la elección primaria de la oposición desapareció del vocabulario y de las acciones del oficialismo, como si nunca se hubiera realizado, y repentinamente, algún asesor de Maduro recordó que en septiembre del año anterior la Asamblea Nacional había aprobado convocar un referéndum consultivo para que el pueblo reafirmara los “derechos inalienables de Venezuela sobre los 160 mil kilómetros cuadrados del territorio Esequibo”, en la fecha que fijara el Consejo Nacional Electoral.

   La decisión de las autoridades electorales, por las razones que fueran, no decidieron nada hasta precisamente ahora, cuando en Miraflores se entendió que esa primera reacción de desconocer las verdades que puso de manifiesto la elección primaria había sea un error y se decidió entonces  convocar el olvidado referéndum consultivo sobre el Esequibo, un tema sobre el que todos los venezolanos nunca han dejado de estar completamente de acuerdo, como medio para convertir, patriotismo mediante, la participación en el resultado del referéndum en un Sí a Maduro y al régimen. Un embarazoso error de cálculo, porque la maniobra era demasiado evidente y el malestar popular tan abrumador, que ni con el argumento del patriotismo que todos los venezolanos compartimos, ni con la multimillonaria inversión para promover el referéndum a toda prisa, se pudo impedir que la nota más destacada del referéndum fuese la ausencia de electores, tal como lo demuestran las innumerables fotos y videos de centros de votación patéticamente desiertos en todo el país. Realidad, sin embargo, que no afectó en absoluto la versión oficial de lo sucedido, pues esa misma noche el presidente del CNE, sin la menor vacilación, informó que más de 10 millones de venezolanos, casi 70 por ciento de votantes que no han emigrado estos años de crisis extrema, habían desbordado los centros de votación.

   No solo se trataba de un engaño absurdo porque todos vimos que había ocurrido lo contrario, sino que ha servido para que el régimen convierta esa mentira en el argumento que le permite poner en marcha un gran operativo encaminado, eso lo señala hasta un editorial del diario El País de España en su edición de este viernes 8 de diciembre, a asumir argumentos para generar un estado de inestabilidad casi prebélica entre Venezuela y Guyana por la soberanía del territorio Esequibo, que a su vez, llegado el caso, justificaría declarar un estado de “conmoción nacional”, marco dentro del cual sencillamente no sería posible avanzar hacia la celebración de una elección presidencial el año que viene.

   Este giro que ha tomado la compleja crisis venezolana está en plena evolución y nos obliga a seguirnos ocupándonos de ella la próxima semana. Con la esperanza de que la mesura vuelva a aposentarse en el ánimo de Maduro y compañía.