Armando Durán / Laberintos: Democracia y corrupción en América Latina
¿Estabilidad política y lucha contra la corrupción? Sin la menor duda, son dos muy legítimas aspiraciones de los ciudadanos latinoamericanos desde siempre. Y quizá porque de pronto estas aspiraciones han adquirido una importancia todavía mayor, ellas constituyen el tema central de la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima los días 13 y 14 de abril. Un tema, como es habitual en estos encuentros presidenciales, propuesto por el gobierno del presidente anfitrión, que tal como señala la documentación del evento, propone someter a debate “los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática y la gobernabilidad” de las naciones.
Nadie había sospechado, sin embargo, mucho menos el presidente Pedro Pablo Kuczynki, que tres semanas antes de la instalación de la cumbre, la corrupción y la inestabilidad como su consecuencia directa fuera a causar en Perú una crisis política que por ahora ha concluido sin poner en peligro la institucionalidad. Como todos sabemos, la causa de este sobresalto fue la renuncia de Kuczynski a la Presidencia el pasado miércoles, para evitar que al día siguiente el Congreso lo encontrara culpable de haber recibido sobornos millonarios de la tristemente célebre constructora brasileña Odebrecht, y lo destituyera. Un súbito vacío de poder que rápida y constitucionalmente fue superado con la juramentación de su sustituto, el vicepresidente primero y embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, el viernes por la mañana. Un brusco cambio en la jefatura del Estado sin las “complicaciones” que esa misma mañana había anticipado la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Cayetana Aljovín.
En un primer momento, la brusca sustitución de Kuczynski generó en todas partes una inevitable incertidumbre. Por una parte, ¿afectaría este desagradable incidente el normal desarrollo del proceso político peruano? Por otra parte, ¿qué ocurriría con la Cumbre? ¿Se mantendrían la fecha y lugar del encuentro, o en cambio debía cancelarse el evento? Algunas voces también insinuaron que en el marco de un país en crisis quizá lo mejor sería posponer la fecha y darle a otros gobiernos de la región, Argentina o Chile, por ejemplo, el tiempo suficiente para organizar la reunión en Buenos Aires o Santiago de Chile.
El silencio que guardaron los gobiernos de las dos Américas ante este confuso momento político no contribuyó precisamente a despejar la duda. El presidente entrante, por su parte, declaró, con absoluta tranquilidad, que había dado instrucciones a su Cancillería de informar a los gobiernos del hemisferio que lo ocurrido nada cambiaba con respecto a la Cumbre excepto que él, y no Kuczynski sería el anfitrión. Y para tranquilizar aún más a sus ciudadanos y a los gobiernos de la región, en el discurso de 13 minutos que pronunció al jurar su nuevo cargo, destacó que la prioridad de su gobierno, y prueba palpable de ello eran la renuncia y la sustitución presidencial dentro del más estricto orden constitucional, era garantizarle a los peruanos y al resto del mundo que la continuidad institucional demostraba, más allá de cualquier suspicacia, que nada extraordinario había sucedido en su país. No mencionó la Cumbre en su discurso, pero era evidente de que lo que estaba ocurriendo bastaba para poner de manifiesto que el tema propuesto por Perú a los gobiernos de la región, lucha contra la corrupción y gobernabilidad, no era una simple expresión retórica, sino algo muy real. Vaya, que en ningún momento la normalidad institucional y la gobernabilidad habían estado en peligro.
La paradójica relación entre el tema propuesto por el entonces presidente Kuczynski y la realidad de su triste salida anticipada de la Presidencia creaba así un efecto contrario al que muchos temían, aunque sus alcances siguen siendo por ahora imprevisibles. Si bien el ejemplo que acaba de dar la democracia peruana es una clara demostración de vigencia y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en el espacio político perfectamente superado por la vía pacífica y el más estricto respeto a la legalidad constitucional, permitía que un suceso tan traumático no provocara la menor perturbación del orden democrático, un hecho que a su vez le plantea a los gobiernos que participen en esta VIII Cumbre un desafío inesperado: para darle seriedad y verosimilitud a un debate que antes de la crisis presidencial peruana podía haber discurrido por senderos discursivos y nada más, esta crisis le imprimía al tema democracia-corrupción una dimensión nueva y absolutamente real. Vaya, que a la luz de lo ocurrido y, sobre todo, de su tranquila solución, obliga a los gobiernos de la región a tomar el toro por los cuernos y reconocer los efectos demoledores de la corrupción en el futuro político de América Latina. Una realidad que en definitiva ya no puede pasar por alto el uso habitual de sobornos y turbios manejos de contratos oficiales, que en el caso de la investigación abierta a la constructora Odebrecht, ya se ha cobrado dos víctimas brasileñas de muchísimo peso político, en Brasil y en toda América Latina, Dilma Rousseff, destituida de la Presidencia por el Congreso de su país acusada de haber favorecido a la constructora a cambio de jugosas comisiones, y su mentor, el poderoso Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde hace pocos días está a punto de ingresar a prisión.
Fuera de Brasil, en Colombia, la investigación de las actividades ilegales de Odebrecht ha descubierto innumerables casos de comisiones millonarias para obtener importantes contratos de obras públicas, que incluyen la contribución de un millón de dólares a la última campaña electoral de Juan Manuel Santos, una denuncia propulsada por la oposición dirigida por el ex presidente Álvaro Uribe. La investigación de los manejos ilegales de Odebrecht también ha desvelado numerosos y gigantescos actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña en la Argentina de los Kirchner, en el Ecuador de Rafael Correa, en México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. En Venezuela se señalan diversos negociados tanto de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro como de algunos dirigentes de la oposición en funciones administrativas de origen electoral, y en Perú, además del caso Kuczynski, las investigaciones señalan a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Alberto Fujimori
Ningún gobierno de las dos Américas se ha pronunciado todavía sobre esta inquietante realidad. Sin duda, algunos de ellos esperaban que esta VIII Cumbre se limitara a un diplomático saludo a la bandera. El caso Kuczynski, el progresivo endurecimiento de la política del gobierno de Donald Trump, de manera muy especial ahora con el nombramiento de tres auténticos halcones como nuevos Secretario de Estado, Directora General de la CIA y Asesor de Seguridad Nacional, y el hecho de que la investigación de las actividades ilegales de Odebrecht también está presente, y mucho, en la agenda de la Fiscalía General de Estados Unidos, sumados a esta muy concreta experiencia peruana, hacen pensar que Estados Unidos, Perú y gobiernos como los de Argentina, Chile y Brasil pongan todo el énfasis de la Cumbre (si es que se instala el próximo 13 de abril en Lima) en denunciar y promover acciones judiciales muy concretas en los casos vinculados a Odebrecht en América Latina, especialmente en Venezuela, cuyo presidente, esté presente o ausente en la Cumbre, será uno de sus principales protagonistas.
Es muy difícil presumir lo que ocurrirá en el escenario político latinoamericano durante y después de la Cumbre, pero sí puede afirmarse que la suma de estos turbulentos ingredientes en materia de corrupción y estabilidad política, objetos de la preocupación política regional desde hace una eternidad, a partir del debate que tenga lugar en Lima, con el caso Kuczynski y con los devastadores efectos políticos y sociales que la corrupción ha tenido en la Venezuela chavista, marcará un nuevo y muy significativo renacer de los conflictos ideológicos en un continente que por muy diversas razones ha preferido, desde el derrumbe del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, concentrar toda su atención en los argumentos implacables de la macroeconomía, el pragmatismo y los abusos de poder. Una realidad que la crisis peruana pone de nuevo sobre el tapete político la relación inadmisible que existe entre las muchas variantes de la corrupción y su repercusión como enemiga directa de la institucionalidad democrática. Desde esta perspectiva, y aunque sólo sea por aquello de que no hay mal que por bien no venga, quizá lo que inicialmente se nos presentaba como una amenaza a la estabilidad democrática en Perú, termine siendo el fulminante que dispare en esta VIII Cumbre de las Américas la largada de una auténtica guerra a la corrupción y en defensa de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho.