DictaduraPolíticaRelaciones internacionales

Armando Durán / Laberintos: ¿En peligro las «negociaciones» en México?

 

La noticia la transmitió un cable de la agencia France Presse a las 10 de la mañana del viernes 24 de septiembre: “El inicio de la tercera ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, previsto para este viernes en México, quedó aplazado ante la ausencia de delegados del presidente Nicolás Maduro.”

Al día siguiente supimos que la razón de esta ausencia era la manera de protestar del gobierno venezolano por dos hechos ajenos al proceso de las negociaciones.

El primero, porque en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primer ministro de Noruega, Erna Solberg, sostuvo lo que todos sabemos, que “hemos visto graves violaciones de derechos humanos en muchas partes del mundo, entre ellas, en Venezuela.” El gobierno venezolano exigió de inmediato una rectificación y en horas de la noche del sábado 25 de septiembre, todavía desde Caracas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y jefe de la delegación negociadora de su gobierno en México, informó que se reincorporarían de inmediato a la Mesa porque el impasse creado por ese discurso de Solberg en Nueva York había sido superado gracias a la declaración de Dag Halvor Nylander, representante del gobierno de Noruega en el proceso negociador, quien declaró a la prensa que lamentaba que “la declaración en la ONU pueda afectar la confianza en la imparcialidad de nuestro país ante las negociaciones. Es fundamental que esta negociación sea entre los propios venezolanos, sin ninguna interferencia indebida.” Declaración que como quiera que se mire constituye una contradicción dentro del gobierno noruego y una victoria de política internacional del gobierno de Nicolás Maduro.

El segundo, porque el 14 de septiembre Jorge Rodríguez informó que su gobierno había decidido nombrar como miembro pleno de la delegación de su gobierno en las negociaciones de México al empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado por la justicia de Estados Unidos de lavar elevadas sumas de dinero y preso en Cabo Verde desde hace más de 400 días a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Aplicación rocambolesca de una supuesta inmunidad diplomática para al menos frenar la decisión que ya han tomado los tribunales y el gobierno de Cabo Verde, autorizando su extradición a Estados Unidos. Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en México rechazó esta desafiante maniobra del gobierno de Maduro, pero limitó su protesta a lo estrictamente protocolar, pues en esa misma declaración advirtió que ni esa jugarreta ni ninguna otra apartaría a la oposición del camino del diálogo y las negociaciones.

Quien sí protestó, y mucho, fue James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, pero residenciado en Bogotá, a quien tanto Jorge Rodríguez como su igualmente poderosa hermana, Deisy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva del gobierno bolivariano, respondieron airadamente. Según Jorge, la declaración de Story “insulta a la delegación de la Plataforma Unitaria, a la que parece darle órdenes. El Gobierno Bolivariano jamás atenderá una agenda que intente propiciar este personaje. Que vaya a naricear a Superman.” Por su parte, Delcy declaró que “es vergonzoso cómo James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela. Él representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras. Así será por siempre. Amén.” Si bien no luce factible que el objetivo de impedir con el argumento “diplomático” que Saab sea trasladado a territorio estadounidense, también es evidente el alto grado del compromiso oficialista con Saab, tal como demostró la delegación chavista cuando al llegar a Ciudad de México se hizo fotografiar a los pies del avión en el que habían viajado desde Venezuela, esgrimiendo cada uno de sus miembros una foto de Saab de gran tamaño.

Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que el “diálogo” entre unos y otros este pasado fin de semana en la capital mexicana no dio ni para entregar un anodino comunicado conjunto. Tan insignificante resultó esta reunión, que al darla por terminada ambas partes delegaron en Nylander la tarea de informar a la prensa que el gobierno y la oposición habían acordado “realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con actores políticos y sociales nacionales (a los que no identificó), para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación”, que por ahora no pasa de ser más de lo mismo para nada. Concluyó el noruego su declaración afirmando que “las delegaciones coincidieron en la necesidad de un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación.” Sin que él ni nadie nos aclarara el significado de lo que él llamó “enfoque de género.”

Más allá de estas ocurrencias y del más de lo mismo, lo que quedó de manifiesto en esta reunión es precisamente su pequeñez. Por la muy sencilla razón de que ninguna de las partes aspira en realidad a resolver la insostenible crisis política, económica y social de Venezuela con estas negociaciones que se celebran por iniciativa noruega y a la vera del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada día más próximo a creerse el sucesor de aquel Luiz Inácio Lula da Silva que en su momento de mayor esplendor actuaba como patriarca del socialismo no del todo democrático en América Latina. Negociaciones cuyo objetivo es diverso, ajustado en su variedad a los intereses de cada parte:

Para el gobierno ilegitimo de Maduro, la recuperación en México y en las urnas del 21 de noviembre de su legitimidad, perdida irremisiblemente desde su espuria reelección en mayo de 2018.

Para la oposición, de nuevo fragmentada tras el incalificable despilfarro de Juan Guaidó del inmenso capital político que había conquistado al comprometerse a propiciar la transición de la dictadura a la democracia, la recuperación de algunos de los pocos espacios que le habían permitido a sus dirigentes no ser expulsados indefinidamente del terreno de juego.

A los noruegos y a la diplomacia europea, la recuperación del mal paso que dieron al confundir los deseos con la realidad, cuando reconocieron a Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela.

A los Estados Unidos, que llevados de la mano de Donald Trump cayeron en la trampa rupturista que planteaban Leopoldo López y Guaidó, y no supieron qué hacer después del fiasco del llamado de ambos a la insurrección cívico militar del 30 de abril de 2019.

A fin de cuentas, para todos, acosados por los efectos devastadores de sus múltiples fracasos, recuperar la ilusión de una “normalización” política, es decir, el acuerdo de un modus vivendi del gobierno de Maduro con sus opositores nacionales y con la comunidad internacional, que a cada uno le permita cohabitar con los otros, al precio que sea. Para pasar la página venezolana lo antes posible. Precisamente para eso, como tantas veces han hecho desde hace 20 años, todas las partes acordaron celebrar la mega elección convocada para el próximo 21 de noviembre. Jornada solo factible si antes se lograba vender como verdad salvadora la mentira de las actuales negociaciones en México, cuya única finalidad es certificar la legitimidad de unos comicios restauradores de esa “normalidad” que todos desean aunque solo sea para no verse arrastrados a rincones que ciertamente no quieren visitar.

Eso, y nada más que eso, es lo que se busca con esta patética búsqueda que se oficia en México. Con un punto decisivo a favor de Maduro y compañía, porque su equipo, a pesar de haber dilapidado también el capital político que supo construir Hugo Chávez antes de morir, siempre ha sabido lo que quiere y siempre ha sabido qué hacer para lograrlo. La oposición, en cambio, nunca ha estado dispuesta a llegar tan lejos y por eso no ha llegado nunca a ninguna parte. Vaya, que como no aspiran a conquistar el cielo, se conforman con no perder el purgatorio. Y así llegamos a esta encrucijada crucial, en la que nadie ha vuelto a hablar de restaurar la democracia ni el orden constitucional, sino de nuevo manosear aquello de las supuestas condiciones electorales, sin tomarse en serio que el régimen chavista de Venezuela nunca ha reconocido, política ni existencialmente, ninguno de los aspectos esenciales de la democracia como sistema de gobierno. Y sin siquiera haber intentado armar una alianza electoral oportunista, como la que les permitió a estos mismos partidos presentarse unidos en las elecciones parlamentarias de 2015 y propinarle así al régimen una aplastante derrota electoral, aunque después la oposición no quiso o no supo gestionar esa importantísima victoria.

No se trata de hacer comparaciones. Ya habrá tiempo de hacerlas. Por ahora basta examinar las conductas de las partes en México, y la celebración de esas inminentes elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales el 21 de noviembre, en las que quienes acudan a las siempre fraudulentas urnas instaladas ý controladas por un régimen cuya única pretensión es conservar el poder hasta el fin de los siglos, tendrán que “decidir” qué candidatos ocuparán los 3082 cargos sometidos a votación. El oficialismo, acudirá a esa convocatoria unido en una única lista conformada por 3082 candidatos. Al contrario, en un ejercicio insensato y suicida, la oposición acudirá a la consulta de ese día con 67 mil candidatos. Basta disponer de esta información para anticipar los inexorables resultados de esa votación y para saber por qué ocurre lo que ocurre en Venezuela y, por supuesto, en torno a las negociaciones en México. Y, sobre todo, el por qué del descrédito irremediable que siente la inmensa mayoría de los venezolanos por el gobierno y por la oposición.

 

 

Botón volver arriba