Armando Durán / Laberintos: La nueva realidad política venezolana

En altas horas de la noche del martes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que el presupuesto nacional del país para el año 2007 deberá presentarlo el Ejecutivo para su aprobación a la Sala Constitucional de ese tribunal y no ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución en su artículo 313. No era esta, sin embargo, la única violación flagrante del ordenamiento jurídico nacional previsto para ese día. Se esperaba, y quedan pendientes para las próximas horas o días, otras dos sentencias, también demoledoras de la muy maltrecha institucionalidad venezolana. Una eliminando la inmunidad que les confiere la Constitución a los miembros de la AN y la segunda cancelando la activación del referéndum revocatorio del mandato presidencial del Nicolás Maduro, derecho ciudadano sancionado en el artículo 72 de la carta magna.

En el curso de los últimos meses, para ser exactos desde el pasado 6 de diciembre, cuando Nicolás Maduro y el chavismo sufrieron una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias, el régimen de la llamada revolución bolivariana comenzó a precipitarse hacia lo que sin la menor duda parece ser su crisis terminal. Las dos piezas claves de este proceso de acelerada descomposición han sido la actuación de una Asamblea Nacional que con dos terceras partes de sus escaños ocupados por diputados de la oposición se ha propuesto frenar y reordenar el proyecto chavista de reproducir en Venezuela la implacable experiencia totalitaria cubana y la activación por parte de la oposición política del mecanismo constitucional del referéndum revocatorio para cambiar de presidente, gobierno y régimen anticipadamente.

   Mírese como se quiera, durante estos meses difíciles de 2016, la historia política de Venezuela se reduce al registro de la creciente tensión entre el gobierno y la oposición, que ha terminado estos días por arrinconar a Maduro, cuya popularidad se ha desplomado aparatosamente, y quien según todos los estudios de opinión independientes, hoy en día, apenas cuenta con 20 por ciento de aceptación popular. De esta atroz sensación de encontrarse solo ante un peligro mortal inminente es que ha surgido este exabrupto antidemocrático como recurso desesperado para prolongar la agonía del enfermo al menos hasta el primer trimestre del año que viene, cuando la cesación de Maduro como Presidente de la República no acarrearía necesariamente un eventual cambio de gobierno, mucho menos de régimen. La decisión de despojar al Poder Legislativo de su facultad para debatir el proyecto de presupuesto y aprobarlo, y de paso anularle a los diputados a la AN su fuero de inmunidad sencillamente forman parte de la necesidad del régimen de quitarse de encima un poder público que pretende actuar de manera autónoma, aun al precio de liquidar por la fuerza la expresión de voluntad popular manifestada en las urnas de las elecciones parlamentarias del 6-D.

   Hasta tal extremo ha llegado esta obsesión absolutista del régimen, que el supuesto conflicto de intereses entre la AN y el TSJ ha terminado siendo un puro y simple golpe de Estado continuado. En la práctica, esta deriva totalitaria del régimen ha reducido durante el año 2016 la actividad política y gerencial del gobierno Maduro a sólo dos acciones abiertamente antidemocráticas: el uso sistemático del TSJ para dejar sin efecto judicialmente cada una de las decisiones tomadas por la nueva Asamblea Nacional legal y legítimamente desde enero, fecha de su instalación, y el uso igualmente sistemático del Consejo Nacional Electoral para obstaculizar y ahora sencillamente cancelar el proceso constitucional del referéndum revocatorio.

   Durante el pasado fin de semana la situación empeoró dramáticamente, al saberse que el TSJ dictaría esas tres sentencias que afectan, de manera muy decisiva, el proceso político venezolano. Una novedad que obligó a la oposición a reaccionar el lunes ante la amenaza cierta de que el régimen se disponía a liquidar de un solo plumazo la esperanza ciudadana de encontrarle una salida pacífica y electoral a la actual crisis política del país. Hasta ese momento, la controversial estrategia de la oposición había sido no llamar las cosas por su nombre. Limitarse a descalificar la turbia naturaleza del régimen como una democracia deficiente, pero democracia al fin y al cabo, como si lo que en realidad resultaba eficiente políticamente fuera no dejar de participar en el juego aunque las cartas del contrincante estuvieran marcadas y el árbitro completamente parcializado. Cualquier cosa, sostenían, menos abandonar la mesa servida por el régimen para hacer ver el carácter supuestamente democrático del heterodoxo sistema político venezolano.

   Ahora, ante la magnitud de ese último y definitivo atropello por venir, era forzoso alertar al país y a la comunidad internacional de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza opositora, también se apresuró a destacar que aunque el régimen anulara la opción del revocatorio, la MUD no recurriría a la desobediencia civil, como proponían María Corina Machado y Voluntad Popular, el partido del encarcelado Leopoldo López, sino a lo que él llamó “obediencia constitucional”, porque ellos nunca abandonarían la búsqueda de una salida pacífica y electoral, sin tener en cuenta que la desobediencia civil es el derecho natural que tienen los ciudadanos, precisamente, para hacerle frente a un gobierno que viola la Constitución, derecho expresamente definido en los artículos 333 y 350 de la carta magna venezolana como una obligación.  

   Esa misma mañana, en editorial titulado “Venezuela, al autoritarismo”, el diario español El País advertía que “tres son las medidas con las que Nicolás Maduro está apuntalando la creación de un Estado autoritario, al despreciar la pluralidad política existente en el país, el mandato popular expresado en las urnas y la voluntad de la comunidad internacional de facilitar una salida a la crisis política que a su vez permita aliviar la extrema penuria en la que se ha hundido a la población.” Concluye El País esta importante reflexión editorial señalando que si Maduro insiste en cancelar las elecciones originalmente previstas (las regionales, en diciembre) o las solicitadas (el referendo revocatorio), “Venezuela será oficialmente un Estado autoritario.” Es decir, una dictadura.” Resumen perfecto de lo es la Venezuela de hoy y de mañana.

   Esta es la nueva y asfixiante realidad política venezolana. El régimen, aunque dividido en cuanto al compromiso colectivo con la supervivencia política indefinida de Maduro, parece cada día más dispuesto a sacrificarlo, pero no está dispuesto a ceder el poder. Ni siquiera parcelas de ese poder. La MUD, en cambio, además de estar dividida entre quienes prefieren la cohabitación con el régimen, ¡Viva Vichy! y quienes sostienen que no hay otra salida que la confrontación, vuelve a lucir insubstancial, desconectada de la realidad y de las necesidades urgentes de los ciudadanos, y una vez más da la impresión imperdonable de no saber qué hacer. Mientras tanto, el malestar social crece, a medida que la crisis económica, de manera inexorable, se hace crisis humanitaria. Y el estamento militar, sin duda el verdadero sostén del régimen, deshoja la margarita. Te quiero, no te quiero… Esta quizá sea la pieza que falta para poder armar el muy complejo rompecabezas venezolano.