Armando Durán / Laberintos: Maduro impone su voluntad
Hace un par de semanas, al concluir la primera reunión de los representantes del gobierno y de un sector de la oposición, yo formulaba desde este mismo espacio una interrogante perturbadora: ¿Cede la oposición venezolana? Ahora, tras las dos siguientes reuniones, celebradas los días 11 y 12 de noviembre, ya no cabe la menor duda. Este fin de semana Nicolás Maduro y compañía se salieron con la suya: en lugar de sostener sus condiciones para sentarse a la mesa armada por Maduro, Enrique Samper y José Luis Rodríguez Zapatero para sacarle al régimen las patas del barro, los cuatro representantes de esa facción dialogante de la oposición firmaron un comunicado en el que reconocen que existe un “boicot” a la economía, denuncian el desacato de la Asamblea Nacional decretado por los agentes del régimen en el Tribunal Supremo de Justicia, califican a los presos políticos de simples “personas detenidas” y se comprometen a “convivir en paz” con el gobierno de la llamada revolución bolivariana, todo ello a pesar de que 10 días antes habían acusado a Maduro de romper el hilo constitucional.
Debemos recordar que la posición de la alianza opositora antes de acudir a la cita impulsada por el Vaticano había sido clara y rotunda: el gobierno de Nicolás Maduro, al suspender la activación del mecanismo constitucional del referéndum revocatorio, había dado un golpe de Estado. En virtud de ello, y amparados en los artículos 330 y 350 de la Constitución Nacional, la MUD en pleno convocaba al pueblo a declararse en rebelión popular, tomar las calles de toda Venezuela desde el miércoles 26 de octubre y seguir haciéndolo hasta que se restableciera en el país el hilo constitucional. La crisis venezolana entraba de repente en una etapa que parecía ser terminal.
Lo que en verdad ha ocurrido no podía estar más alejado de aquel firme compromiso. El primer encuentro gobierno-oposición, la noche del domingo 30 de octubre, había provocado un justificado malestar en el pueblo opositor. Sobre todo porque la aparición de Maduro en el acto de instalación de la mesa de diálogo, la cordialidad de sus saludos, sus sonrisas de felicidad, sus palmaditas de solidaridad en la espalda del secretario ejecutivo de la MUD, constituían notas falsas en la agenda anunciada por la dirigencia opositora, que nada más y nada menos incluía la apertura de un juicio político a Maduro por haber roto el hilo constitucional y una marcha al palacio de Miraflores el jueves 3 de noviembre, para entregarle su carta de despido.
¿Cómo digerir esta escena de absoluta normalidad democrática en medio de la puesta en marcha por la oposición de una estrategia de confrontación sin remedio hasta tanto en cuanto se restableciera en Venezuela el violado ordenamiento democrático consagrado en la Constitución Nacional?
Los temores que surgieron ese domingo decisivo le imprimieron a la sesión de la Asamblea Nacional del martes primero de noviembre una tensión especial. ¿Cómo conciliar la condena a Maduro por haber dado un golpe de Estado con la actitud de aquí no pasa nada que desde la noche de ese domingo parecía marcar un nuevo rumbo en las relaciones entre el gobierno y la oposición, sorpresa que había hecho estallar de indignación a la opinión pública en las redes sociales, la única válvula de escape de una población acorralada por el aparato político-militar y para-militar del régimen que ahora, además temía verse abandonada por sus dirigentes? Misión, por supuesto, imposible, como se supo enseguida, al saberse que las cúpulas de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo decidieron cancelar el juicio político a Maduro y posponer indefinidamente la marcha a Miraflores, programada para dos días después. Todo con tal de volver a sentarse a la mesa a la mesa servida por los ex presidentes Samper, Rodríguez Zapatero, Lionel Fernández y Martín Torrijos.
En medio de ese clima de asombro, incoherencia e irritación volvieron a reunirse los representantes de esos tres partidos y los representantes del gobierno, con la única finalidad, como habían hecho en 2014 para frenar las protestas callejeras desatadas por los estudiantes y respaldada por los partidarios de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, de oxigenar una vez más la moribunda Presidencia de Maduro.
El desolador desenlace de este perverso fin de semana borró de un solo plumazo cualquier esperanza de hacer realidad el compromiso adquirido por la MUD en la jornada electoral del 6 de diciembre, de cambiar de presidente, de gobierno y de régimen este mismo año. Más allá de cualquier duda, la actitud del llamado G-3 de la MUD constituía ahora una flagrante negación de aquel mandato popular, en esta ocasión con el invaluable aval del Vaticano. No en balde, con el argumento de que no podían ignorar la solicitud del papa Francisco de ser prudentes y tener paciencia para no provocar situaciones de peligro insuperables políticamente, los dirigentes de la MUD se apresuraron a justificar la traición que significaba desmovilizar al pueblo opositor y reconocer el carácter democrático de un régimen al que apenas 10 días antes habían denunciado de violar las normas esenciales de la Constitución y del estado de Derecho.
La situación subió dramáticamente de tono la noche del sábado 12 de noviembre, cuando Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre de Caracas, uno de los cinco representantes de la oposición en la mesa de diálogo, leyó un breve comunicado firmado por los representantes del gobierno y la oposición, en el que se señalaba que ambas partes en conflicto estaban de acuerdo en apoyar los lineamientos trazados por el Alto Mando Cívico Militar de la Revolución y sus asesores nacionales y extranjeros.
Para completar este desolador nuevo escenario político, el martes 15 de noviembre, las autoridades de la Asamblea Nacional informaron que los tres diputados del estado Amazonas que le daban a la oposición el control de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, cuya elección el 6-D había sido aceptada por el Consejo Nacional Electoral pero desconocida desde el primer momento por el TSJ con la intención de arrebatarle a la oposición su control absoluto del poder Legislativo, solicitaban su desincorporación, inaceptable solicitud del gobierno para repetir las elecciones en ese estado, que en la práctica era la forma más vulgar de admitir que, en efecto, tal como había denunciado el oficialismo, la elección de los tres era el fruto envenenado de un fraude electoral perpetrado por la MUD.
Casi al mismo tiempo, el TSJ dictó una sentencia que prohibía, desde ese instante, la organización de protestas callejeras y la divulgación en los medios de comunicación de las que se hicieran. Henry Ramos Allup, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, declaró de inmediato que era “absolutamente nula la nueva decisión de la Sala Constitucional del TSJ”, pero a pesar de su tremendismo verbal, su opinión y lo que desde hace meses ha decidido la Asamblea es letra muerta y carece de valor y fuerza legal. Nada casualmente, mientras los partidarios de López (Voluntad Popular), Machado (Vente Venezuela) y Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) se negaban a aceptar las componendas acordadas con el gobierno por los otros partidos miembros de la MUD, la Conferencia Episcopal Venezolana, siguiendo al pie de la letra las precisas indicaciones del Vaticano de garantizar la estabilidad política en Venezuela incluso al precio de sacrificar los derechos políticos e individuales de los ciudadanos, insistían en afirmar que si fracasaba el diálogo, es decir, la capitulación de las fuerzas opositoras, en Venezuela habrá guerra civil. Un argumento falso, pues ninguna guerra civil puede estallar de la confrontación entre un pueblo indefenso y unas fuerzas armadas entrenadas y equipadas para la guerra, y cuyo perverso objetivo es en realidad amedrentar a los ciudadanos con la amenaza de que si no entran por el angosto aro dictatorial del régimen, su disidencia impulsaría al régimen a sofocar a sangre y fuego cualquier rechazo a la voluntad personal y totalitaria de Nicolás Maduro y sus lugartenientes. Para mayor gloria, no de Dios, por supuesto, sino de los intereses políticos y comerciales de una comunidad internacional para que la ética, la libertad y los derechos no parecen significar mucho.