Armando Durán / Laberintos: Nueva realidad política venezolana

   La gran movilización popular anunciada para el lunes 23 de enero por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, con la finalidad de celebrar el 59 aniversario del fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez con una demostración de fuerza popular y voluntad de cambio político, terminó en un nuevo y estrepitoso fracaso.

    ¿Qué ocurrió para que la Venezuela democrática, que había comenzado extraordinariamente bien el año 2016, haya despilfarrado el enorme capital político conquistado en las urnas de las elecciones parlamentarias? La derrota aplastante del chavismo en aquella jornada del 6 de diciembre logró la proeza de elegir una Asamblea Nacional con dos terceras partes de sus escaños ocupados por diputados de la oposición. Una mayoría calificada que le permitiría al renovado poder legislativo venezolano propiciar constitucional y pacíficamente el cambio de presidente, gobierno y régimen prometido durante la campaña electoral en un plazo no mayor de 6 meses. El pueblo opositor ingresaba así a un año 2016 vibrando de emoción: la restauración de la democracia política y el bienestar material estaba a la vuelta de la esquina. Vana ilusión. Ahora, un año después, aquella certeza colectiva en un porvenir democrático sencillamente se ha transformado en una honda decepción.

   Diversos factores determinaron este penoso desenlace. El principal, la implacable y sistemática reacción del régimen frente a unos adversarios que, como han hecho a lo largo de estos años, aceptaron, bajo protesta pero al pie de la letra, reglas del juego arbitrarias e ilegales, impuestas por los dispositivos “jurídicos” y represivos del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, porque cada vez que la nueva AN tomaba una decisión o aprobaba una ley, el TSJ, cumplía a cabalidad el encargo presidencial de neutralizar “legalmente” todas y cada una de las iniciativas y acciones emprendidas por los diputados de la oposición. Misteriosamente, y a pesar de contar con un masivo respaldo popular, la AN prefirió limitar su gestión del conflicto de poderes desatado por el desconocimiento oficial de sus atributos constitucionales a un tremendismo meramente verbal, sin efecto alguno en el universo de los hechos reales. Pura retórica que día a día le fue arrebatando al país las esperanzas que habían hecho palpitar aceleradamente el corazón de 80 por ciento de los ciudadanos.

   Otras dos reacciones contribuyeron a hacer definitiva la ruptura entre gobernados y gobernantes, incluyendo en este lote a la dirigencia opositora “oficial”, es decir, a la que de alguna manera actúa como lo harían en el marco de una cierta normalidad política. Por una parte, el recurso, probablemente diseñado en La Habana, de armar una simulación de Mesa de Diálogo para que Gobierno y oposición pudieran limar sus diferencias mediante el diálogo, instrumento ideal para que se entiendan contrarios que no se entienden, pero cuya verdadera finalidad -esa es la trampa- siempre ha sido convertirse en una herramienta eficaz para propiciar la continuidad indefinida del régimen. El otro, impedir por todos los medios la materialización del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro y luego, cuando la presión opositora y de la comunidad internacional se hizo excesivamente pesada para la sensibilidad totalitaria del régimen, sencillamente ordenarle al CNE cancelar de una vez por todas esa legítima opción constitucional.

   La primera noticia que se tuvo de que Maduro volvía a las habituales andanzas “dialogantes” del chavismo se tuvo a finales del pasado mes de mayo, cuando se filtró a la prensa la noticia de que representantes del Gobierno y de los principales partidos de la oposición estaban reunidos en República Dominicana. Encuentro en la práctica clandestino que se produjo mientras en Washington el uruguayo secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibía a una delegación de parlamentarios opositores y anunciaba que le presentaría al organismo un extenso análisis de la situación política en Venezuela y les propondría a los gobiernos miembros una reunión especial del Consejo para estudiar la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana, ya que a todas luces el gobierno Maduro había roto el hilo constitucional. La diplomacia cubana se puso entonces en movimiento, aprovechando el proceso de normalización de sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, y le prestó a su generoso protector suramericano la invalorable ayuda de Washington primero y después hasta del papa Francisco, con la perversa intención de frenar el aspiración de Almagro. De esa estrategia caribeña surgió la reunión Gobierno-oposición en Dominicana, con la medición del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex presidentes de Dominicana y Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, bajo el paraguas acogedor de Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y desde hacía algunos años, gracias al gobierno venezolano, secretario general de Unasur, organismo que se inventó Hugo Chávez para juntar a los gobiernos latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos y reducir la influencia de la OEA en el hemisferio americano.

   El encuentro en Dominicana murió al nacer al filtrarse la noticia, pero el hecho de que existiera la posibilidad de llegar a acuerdos directos entre el gobierno y la oposición fue suficiente para que las cancillerías del continente, comenzando por la de Estados Unidos, la usaran para desalentar a Almagro y no verse en el incómodo compromiso de aprobar o rechazar la propuesta Almagro. Una decisión que facilitó la incorporación del Vaticano al grupo de facilitadores internaciones de un diálogo que en la práctica, por presión de los venezolanos sobre sus supuestos dirigentes opositores, parece haber llegado esta semana a una final quizá terminal.

   No obstante, tan pronto perdió el régimen aquella batalla inicial del diálogo, el combo de ex presidentes reanudó sus gestiones para resucitarlo. Nuevos encuentros, todos fallidos, múltiples propuestas, ninguna de las cuales eran suficientes, fueron dándole forma y viabilidad a un diálogo cuya naturaleza no entendían del todo los venezolanos de a pie. Lo importante de la maniobra fue, sin embargo, que mientras pasaban las semanas y se acercaba el 10 de enero, fecha tope del mecanismo constitucional para realizar un referéndum revocatorio que en caso de perderlo Maduro automáticamente obligara al gobierno a celebrar elecciones presidenciales en los 30 días siguientes para encontrar a su sucesor, las gestiones de Rodríguez Zapatero y compañía, con el apoyo dinámico del papa Francisco y la colaboración del grueso de los partidos de oposición, consiguieron, paso a paso, que el pueblo venezolano abandonara las calles y avenidas de Caracas de las principales ciudades del país, y terminara ahora desmovilizándose casi por completo. Sobre todo, porque el 30 de octubre, con la presencia imprevista del propio Nicolás Maduro, por fin se instaló formalmente la controversial Mesa de Diálogo.

   La situación se hizo entonces insoportable. No sólo por la presencia de Maduro y la cordialidad con la que ante las cámaras de la televisión interactuaron los protagonistas de la comedia, sino porque en los comunicados conjuntos que los representantes de la oposición firmaron sin ofrecerle a sus partidarios una sola explicación, se le arrebató a los presos políticos su condición de presos políticos para pasar a ser simples “ciudadanos detenidos”, y porque en esos acuerdos la oposición aceptaba luchar junto al régimen contra la llamada “guerra económica” desatada por los enemigos internos y externos de la revolución y aceptaba superar las causas por las que el TSJ había declarado a la AN en desacato ante el máximo tribunal de la República. Ardió Troya, pero la consecuencia relevante fue que el régimen, gracias a la ficción del diálogo, llegó ileso a la fecha fatal del 10 de enero. Inmediatamente después, para terminar de acorralar al pueblo opositor, Maduro nombró a Tareck El Aisami, gobernador de extrema izquierda de Aragua con fama de implacable perseguidor de sus adversarios, nuevo vicepresidente ejecutivo, de modo que en el caso de que algún día se realice un improbable revocatorio que saque a Maduro de la Presidencia, o que las circunstancias lo obliguen a renunciar a su cargo, su sustituto sería El Aisami.

   Para añadir leña al fuego de la crisis política venezolana, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, el 30 de noviembre, le escribió a Maduro una muy significativa carta en la que le anunciaba que el Vaticano no seguiría desempeñando su función de facilitador del diálogo hasta que el régimen liberara a todos sus presos políticos, anunciara un cronograma electoral, respetara la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y abriera los canales internacionales de ayuda humanitaria para aliviar las penurias que sufren los venezolanos por la escasez de alimentos y medicinas.

   En el marco de esta circunstancia creada por las condiciones de Parolin, respaldadas por una Carta Pastoral acordada por todos los arzobispos de Venezuela, que denuncian que el proyecto político del régimen, el llamado Socialismo del Siglo XXI, no está en la Constitución y constituye un peligro que obliga a los venezolanos a vivir “en situaciones difíciles” que “lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática”, la oposición convocó al país a manifestarse contra la pretensión dictatorial del gobierno en la muy emblemática fecha del 23 de enero. Nada casualmente, Rodríguez Zapatero y sus ex presidentes latinoamericanos hicieron entonces su aparición en Caracas y le presentaron a la oposición un documento de 21 puntos, titulado “Acuerdo de Convivencia Democrática”, que evidentemente hace que la oposición, si lo firmara, estaría reconociendo el carácter “democrático” de un régimen que según lo acordado por ellos ya es una dictadura, reconocería la autoridad presidencial de Maduro pocos días después de habérsela suprimido por acuerdo parlamentario y, por supuesto, admitiría de hecho que el régimen es, por encima de cualquier suspicacia, una democracia.

   La respuesta de la oposición, acorralada por sus disidencias internas y el rotundo rechazo de la opinión pública, lo resumió Carlos Ocariz, portavoz de los representantes de la oposición en la dichosa Mesa de Diálogo, con una frase inapeable: las propuestas de los ex presidentes “son inaceptables.” Lamentablemente, esta respuesta se produjo el martes 24 de enero, horas después de que la ambigüedad de una dirigencia opositora que no termina de definir con claridad su condición de fuerza opositora a un régimen que ya caracterizan como dictadura, determinara que para el pueblo opositor ellos ya no representan la voluntad de los ciudadanos, pues no han cumplido en absoluto el mandato popular, expresado en las urnas de aquella excepcional jornada electoral del 6 de diciembre de 2015, de cambiar de presidente, gobierno y régimen en un plazo no mayor de 6 meses. Una realidad política, sin la menor duda, que rechaza por igual al régimen y a una dirigencia opositora que, en los decisivos meses del año 2016, demostró no estar para nada a la altura de las circunstancias.