Armando Durán / Laberintos: ¿Se agotó la rebelión venezolana?

   Hace un par de días, Andrés Pastrana le advirtió a los venezolanos que una de dos, “o hay dictadura o hay democracia.” El ex presidente se refería, por supuesto, a la decisión tomada por todos los dirigentes de la oposición, excepto María Corina Machado y Antonio Ledezma, de inscribir esta semana a sus candidatos para las elecciones regionales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo mes de diciembre. Una decisión desconcertante, porque desde el 2 de abril esos mismos dirigentes habían denunciado el quiebre del hilo constitucional por parte del régimen y porque al celebrarse el 30 de julio la ilegal elección de los 545 delegados del oficialismo a una espuria Asamblea Nacional Constituyente, la oposición había denunciado ante el mundo que Nicolás Maduro y su gente habían cometido un gigantesco fraude electoral. Un desconcierto aún mayor, pues el 23 de mayo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, hablando en nombre de todos los partidos de la oposición, le había advertido al país que “no caeremos en la trampa de las elecciones regionales.”

   Esta dramática incoherencia de los partidos de oposición fue calificada el miércoles por el profesor Ramón Piñango como “una dirigencia política perdida en la duda, en un fatal sí pero no”, que en realidad ha sido la estrategia de la oposición desde agosto de 2004, cuando su derrota inesperada en las urnas del referéndum convocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez, denunció que el naciente régimen chavista había cometido un enorme fraude electoral, y que muy pocas semanas después, sin pensárselo mucho, se lanzaron mansamente al abismo de unas elecciones regionales bajo condiciones electorales absolutamente fraudulentas e inaceptables. De ahí que en aquella absurda jornada electoral buena parte de ciudadanos se negaron a convalidar con su voto las acciones de un árbitro electoral tramposo. Fue una trucada victoria chavista que tiñó de rojo el mapa de Venezuela, pero Chávez comprendió de inmediato el peligroso significado de ese rechazo masivo a votar de los electores. Por esa razón, en su encerrona del 11 y 12 de noviembre con toda la estructura civil y militar del régimen, señaló que “nosotros no podemos darnos el lujo de que una parte importante de los millones de compatriotas de sectores populares más pobres no vayan a votar (en las elecciones municipales y parlamentarias previstas para el año 2005) … Si seguimos como vamos, la abstención será de 90 por ciento, una gigantesca derrota política para nuestro movimiento.”

   A partir de ese instante crucial, Chávez pudo advertirle al país que quienes tomaran la decisión de ejercer su soberano derecho a no votar, en verdad lo hacían “pensando en los atajos de la conspiración, del golpe y del magnicidio.” De acuerdo con este razonamiento, votar o no votar en las municipales por venir tendría que ser asumido desde ese momento por los venezolanos como una forma categórica de manifestar su vocación democrática o su torcida inclinación a la violencia y el golpismo.  

Misteriosamente, la dirigencia opositora acomodó de pronto sus acciones a los intereses políticos de Chávez. Es decir, rechazó la oportunidad de arrinconarlo con esa formidable herramienta que es la abstención. En mi libro Al filo de la noche roja, publicado por Random House Mondadori en el otoño de 2006, apuntaba que los dirigentes opositores, tras el fiasco del referéndum revocatorio, y a sabiendas de las múltiples trampas que impedirían tener resultados imparciales en cualquier elección convocada por el régimen, al iniciarse el año 2005, emprendieron la defensa de las elecciones municipales como si ello les fuera la vida, sin tener en cuenta que negar la opción abstencionista le facilitaba a Chávez avanzar tranquilamente por el camino de una simulada legitimidad democrática.

   A pesar de esta coincidencia del régimen y los partidos de la oposición, la abstención en las elecciones municipales celebradas en abril de 2005 fue incluso mayor que la registrada en las regionales de octubre de 2004, de tal manera que en vísperas de las elecciones parlamentarias a celebrarse en diciembre, el fantasma del abstencionismo amenazaba hacerse ingrata realidad para unos y otros. Quizá por eso, tres días antes de las elecciones, los partidos de la oposición, que habían acusado al régimen de incluir en el protocolo electoral el empleo de máquinas capta-huellas, en teoría para evitar el voto múltiple, pero según los técnicos de la oposición para abolir el carácter secreto del voto, anunció que no participarían en esas elecciones. En el último momento, para evitar ese contratiempo, el CNE aceptó cancelar el uso de las dichosas maquinas, pero de todos modos la oposición se retiró de la contienda con el argumento de que no había condiciones para ir a votar. Fue un golpe terrible para el gobierno, pero inexplicablemente, muy poco después, la oposición se arrepintió de haber tomado esa drástica decisión. Era un error, dijeron, renunciar a los espacios. Comenzaba pues el año 2006, año de la elección presidencial, con la duda y el arrepentimiento, factores que contaminarían hasta el día de hoy la adopción de una estrategia de resistencia a las pretensiones dictatoriales del chavismo. Resultado de esta imprecisión fue el acuerdo de los partidos de oposición a tener un candidato opositor para enfrentar a Chávez.

   En mayo de 2006, la Asamblea Nacional designó un nuevo directorio del CNE y pocas semanas después, para oficializar su disposición a confrontar a Chávez en las urnas electorales, los tres precandidatos de la oposición, Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales, se reunieron con Tibisay Lucena, nueva presidenta del organismo. Los tres manifestaron que quienquiera que fuera el candidato unitario de la oposición, la alianza opositora aceptaría los resultados del evento electoral que anunciara el nuevo CNE, cuya transparencia e imparcialidad no ponían en duda. Solicitaron, sin embargo, que las nuevas autoridades electorales mejoraran algunas preocupantes condiciones electorales, comenzando por la depuración de un Registro Electoral Permanente que a todas luces no era para nada confiable. Los nuevos rectores electorales, si bien accedieron a recibir las observaciones que presentara la oposición, le informaron a los tres pre candidatos que no negociarían absolutamente nada, ya que según ellos no existía ningún aspecto del proceso electoral susceptible de ser modificado. Los precandidatos no pronunciaron ni una sola palabra de protesta. Tal como señaló por esos días el ex canciller venezolano Simón Alberto Consalvi en artículo publicado en el diario El Nacional, una vez más, la oposición se mostraba “sonámbula y amnésica.”

   Lamentablemente, 11 años después, sigue siendo tan sonámbula y amnésica como entonces. De nada valió la aplastante derrota chavista en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional saliente y del nuevo TSJ designado in extremis para desconocer sistemáticamente esos resultados adversos, la negativa del CNE a aceptar la legítima solicitud opositora de celebrar un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro, la cancelación de las elecciones regionales y municipales previstas para diciembre 2016 y enero 2017, la burla de la llamada Mesa de Diálogo armada por José Luis Rodríguez Zapatero. Ni siquiera tuvo un efecto real el llamado a la rebelión civil hecho por toda la oposición después que el Tribunal Supremo de Justicia le arrebatara a la neutralizada Asamblea Nacional las pocas atribuciones formales que le quedaban, los más de 120 ciudadanos asesinados por las fuerzas policiales y paramilitares del régimen, el mandato de la consulta popular del 16 de julio o siquiera el inmenso fraude electoral del 30 de julio. Un día después de esa farsa, como si durante el último año y medio nada relevante hubiera ocurrido en Venezuela, la oposición, estructuralmente dialogante y electoralista, salió volando a inscribir a sus candidatos. Una oposición de nuevo víctima de una esquizofrenia que les permite denunciar a diario al régimen de ser dictadura y por otra actuar como si vivieran en una Venezuela pacífica y democrática. De ahí la amarga advertencia de Andrés Pastrana y de ahí también la afirmación formulada este miércoles por Gerado Blyde, alcalde del municipio Baruta y prudente dirigente opositor desde los tiempos del fallido revocatorio del año 2004: “El ciclo de las marchas y los trancazos se agotó.”