Armando Durán / Laberintos: ¿Se saldrá Puigdemont con la suya?
“O pactan con nosotros o repetición electoral.”
Con este desafiante ultimátum a los dos principales partidos políticos de España, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana y prófugo de la justicia española desde octubre de 2017, cuando el Tribunal de Justicia sentenció la ilegalidad de su declaración unilateral de la independencia de Cataluña, anunció este lunes 4 de septiembre, en rueda de prensa realizada en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, las dos condiciones que ponía para destrancar el juego político electoral de España.
La primera, que Pedro Sánchez o Alberto Nuñez Feijóo propicien, antes de la sesión de investidura, fijada para los días 26 y 27 de septiembre, la aprobación de una ley de amnistía en favor de todos los dirigentes políticos catalanes imputados, procesados y encarcelados por haber respaldado el referéndum realizado en Cataluña el primero de octubre de 2017, prohibido expresamente por el Tribunal Supremo porque la declaración unilateral de independencia de Cataluña violaba flagrantemente las normas constitucionales. La segunda, que él y su partido no renunciarán jamás al derecho de proclamar unilateralmente la independencia catalana y reclamaba que ese no fuera un tema judicial, sino estrictamente político.
Se trata, sin duda, de una situación inaudita. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en las elecciones generales del pasado 23 de julio, el partido de Puidgemont, Junts per Catalunya, solo obtuvo 7 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, una votación que apenas representa el 8 por ciento de los votos emitidos en las cuatro provincias catalanas. No obstante, el hecho de que en aquella jornada electoral ni el socialista PSOE ni el liberal PP, seriamente debilitados por sus divisiones internas, demostraron disponer fuerza parlamentaria suficiente para elegir un candidato con posibilidad de formar un gobierno estable, circunstancia que convirtió al bloque de los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallego en el factor decisivo para inclinar la balanza parlamentaria en una u otra dirección. Siempre y cuando actuaran de común acuerdo. Precisamente por esa simple razón aritmética, los 7 diputados de Puigdemont desempeñan un papel decisivo, porque a pesar de ser una porción realmente insignificante del Poder Legislativo, bastan para condenar a España a un período de inestabilidad sin desenlace previsible.
En primer lugar, es preciso destacar que para el momento en que Puigdemont le declara al PSOE y al PP esta guerra de lo tomas o lo dejas, ambos partidos habían iniciado -con la excepción de Yolanda Díaz en nombre de Sumar, su alianza de movimientos de izquierda, sí lo hizo y con gran flexibilidad- discretas negociaciones con representantes de Junts. Santiago Abascal y su partido VOX, único aliado del PP en el Congreso de los Diputados, habían señalado que a pesar de su desacuerdo con la opción de dialogar con Junts, seguirían respaldando la elección de Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, porque en definitiva más importante que ese desacuerdo era impedir la reelección de Sánchez y el “sanchismo.” Una tolerancia que en realidad respondía al hecho de que, tras meses de resistencia terca del PP a que Fernando Sánchez Mira, presidente actual de la región autonómica de Murcia y candidato más votado en las pasadas elecciones municipales, pero sin mayoría suficiente para revalidar su mandato, pactara el apoyo de los diputados de VOX al parlamento autonómico a cambio de cederle una vicepresidencia. Gracias a ello Sánchez Mira pudo al fin asumir la Presidencia autonómica, pero a partir del ultimátum de Puigdemont los voceros de VOX recuperaron su radical. Si el PP no daba por terminadas sus conversaciones con Junts, diálogo que en efecto cesó entonces, VOX revisaría su posición con respecto a la sesión de investidura de Núñez Feijóo.
Por el contrario, desde el seno del PSOE no se habían escuchado voces que obstruyeran el desarrollo de las negociaciones con Junts, pero sin ir más allá de los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana para apoyar a Pere Aragonés, candidato de ER a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2019. Según esta realidad, antes de la rueda de prensa de Puigdemont el pasado lunes, el PSOE calculaba que podría llegar con Junts a un entendimiento similar. De ahí que Sánchez lo diera casi por hecho, pero siempre y cuando, aclaró, lo acordado no excediera los límites de la Constitución y ni incluyera el tema de referéndum sobre la independencia de Cataluña, porque en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la independencia de Cataluña era tema de negociación con Junts ni con nadie.
Ante esta situación de equilibrio inestable, puede pensarse que cuando Puigdemont anunció el precio final e inadmisible de sus 7 votos en Congreso de los Diputados, los negociadores del PSOE y de Junts debían de haber llegado a un preacuerdo de compromiso. Amnistía sí, referéndum no. No obstante, esta suerte de pública reivindicación del separatismo catalán, lanzada ahora por Puigdemont a los cuatro vientos desde la sede del Parlamento Europeo, borró esa posibilidad y colmó el vaso de la tolerancia socialista. Tanto, que el martes, Felipe González, que ya había criticado pero muy levemente la negociación del PSOE con Junts, saltó al ruedo con una declaración tan breve como terminante. “En la Constitución”, sostuvo, “no caben ni la amnistía ni la autodeterminación.” Y punto.
Por su parte, Alfonso Guerra, el otro dirigente histórico del PSOE, fue más explícito en su crítica a un posible acuerdo de su partido con Junts. “Las amnistías”, señaló con intransigencia académica, “se conceden para borrar el pasado. Cuando se hizo en 1977 (tras el fin de la dictadura franquista para facilitar una transición pacífica a la democracia, el borrón y cuenta nueva que en los años 80 se adoptaría en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) el objetivo era borrar el pasado y comenzar la democracia. Si ahora borramos los delitos de los independentistas, estaríamos acabando con la etapa democrática.”
Así las cosas, podríamos sugerir algunas conclusiones, aunque solo por ahora. En primer lugar, que Puigdemont, con su desafío del lunes, hace completamente imposible un acuerdo del PP con Junts. Es decir, que elimina la posibilidad de designar a Núñez Feijóo como nuevo presidente del Gobierno. Aunque contara con los votos de Junts y de los otros partidos nacionalistas, porque en ese improbable caso, la mayoría de los diputados de VOX se negarían a votar por él. De acuerdo con esto, como quiera que sea la alineación final de las fuerzas parlamentarias, Núñez Feijóo sufriría en la sesión de investidura su tercera y ese día concluyente derrota en apenas dos meses, abriendo la posibilidad de que Sánchez logre ser elegido para un nuevo período presidencial. En el marco de esta complejas carambolas por muchas bandas, con la declaración de Puigdemont, el acuerdo PSOE-Junts también se hace casi imposible, porque provocaría un auténtico cisma dentro de las filas de un partido que, desde hace años, ha sido desbordado por la izquierda y ahora lo sería por la derecha.
Sería muy aventurado suponer que Puigdemont se tomaba en serio la posibilidad de dominar al PSOE o al PP con el tremendismo de su ultimátum, o si a sabiendas de que no lo lograría, el objetivo de su dilemática propuesta era y es dinamitar al Estado, y obligar al rey a convocar nuevas elecciones generales a principios del año que viene. Un jaque mate al sistema como su última alternativa, bien porque a río revuelto ganancia de pescadores, bien porque como nada o muy poco tiene que perder, y ya se sabe que en este mundo no hay nada más peligroso que alguien que no tiene nada que perder, lo cierto sea que Puigdemont ha resuelto hacer suya la célebre frase de Luis XVI: “Después de mí el diluvio.”
