Armando Durán / Laberintos: Turbulento porvenir político en España
El pasado martes, a última hora de la tarde, el rey Felipe VI le comunicó a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, que después de haber sostenido conversaciones con los jefes de los partidos políticos con representación parlamentaria, había decidido proponer al Congreso a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno. Poco después, ya de regreso en su despacho parlamentario, Armengol le dio la noticia al país en rueda de prensa transmitida en directo por radio y televisión. A la mañana siguiente, Armengol acordó con Núñez Feijóo celebrar la sesión parlamentaria de su eventual investidura los días 26 y 27 de septiembre.
Estos pasos, y los que ahora siguen, son parte de un procedimiento perfectamente detallado en el artículo 99 de la Constitución para nombrar nuevo presidente del Gobierno. En esta ocasión, sin embargo, la puesta en marcha de este trámite habitual del discurrir político español desde la aprobación de la Constitución en 1978, coloca a España en una encrucijada inédita y marca el inicio de un capítulo electoral tormentoso, pues aunque en un comunicado de la Casa Real se justifica la decisión del monarca en el hecho de que Núñez Feijóo fue el candidato más votado en las elecciones generales del 23 de julio, lo cierto es que ni él ni Pedro Sánchez parecen estar en condiciones de sumar suficiente respaldo parlamentario para formar un gobierno que sea verdaderamente estable.
Como quiera que se mire, esta insuficiencia de los dos principales partidos políticos españoles conforma una suerte de callejón sin salida, que tuvo su origen en el resultado incierto de las elecciones generales del 23 de julio. En aquella votación Núñez Feijó obtuvo para su partido 136 escaños del Congreso, seguido de Sánchez, quien, a pesar de los pésimos pronósticos que registraban todos los sondeos de opinión, conquistó para el PSOE 122 escaños, uno menos que en las elecciones de 2020. Con los 33 diputados de Vox, y algunos otros aliados circunstanciales, Núñez Feijóo terminó sumando 172 escaños parlamentarios, pero a los 122 escaños conseguidos por el PSOE Sánchez, se sumaron los 31 de Sumar y los de los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, con la excepción de Junts, el partido de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalidad catalana y prófugo de la justicia desde que declaró ilegalmente la independencia de Cataluña en el otoño de 2017, quien se mantiene firme en sus exigencias de amnistía para los acusados y condenados por los sucesos de entonces y ha preferido permanecer al margen de estos pactos. El desenlace de estas operaciones de aritmética parlamentaria es que ambos bloques parlamentarios, el de la izquierda agrupado en torno de Sánchez y el de la derecha en apoyo de Núñez Feijóo, terminaron empatados con 172 escaños por barba, y los parlamentarios de Junts terminaron convertidos de la noche a la mañana en el fiel de la balanza política española. Una circunstancia que de golpe le ha devuelto a Puigdemont un protagonismo que parecía haber perdido para siempre.
De esta imprevista situación se desprende un mensaje inquietante: todos los actores de esta confrontación de no ganadores saben que esos posibles 172 votos en favor de Núñez Feijóo son su máxima aspiración posible. Por una parte, los cuatro votos que le faltan para alcanzar la cifra mágica de 176 escaños sólo pueden salir de los partidos nacionalistas y el carácter tóxico de la alianza del PP con Vox no permite pensar siquiera en una negociación. Por otra parte, los 33 votos de Vox penden de un hilo. La significativa derrota del PP en la elección de la Mesa Directiva del Congreso de los Diputados porque Vox le negó sus 33 votos a la candidata de Núñez Feijóo por no cederle una de las vicepresidencias de la Mesa que le correspondía al PP, fue una notificación clara y terminante: si el PP aspira a contar con el apoyo de Santiago Abascal y su grupo parlamentario en el debate de investidura tendrá primero que dar señales de que acepta sin mayores reservas la alianza de ambos partidos, aunque sería alto el costo político que representa para el PP levantar su veto a que en Murcia y otras autonomías en las que el PP obtuvo mayoría simple se acepte la integración de Vox a esos gobiernos autonómicos. Una exigencia que solo beneficia a Vox, ya que aliena el respaldo de muchos militantes y dirigentes moderados del PP, y en lugar de modificar el tope de los 172 votos, puede reducirlo porque ante un estrechamiento de la alianza con Vox impulsaría a muchos moderados y a algún que otro aliado circunstancial a retirar su apoyo a Núñez Feijóo para impedir que Vox pase a formar parte del Gobierno nacional. Por otra parte, a nadie le cabe en la cabeza que los partidos nacionalistas catalanes, vascos o gallegos acepten siquiera negociar sus votos con el PP mientras no rompan abiertamente sus relaciones con Vox y su política territorial.
La situación se hace particularmente difícil para el PP, porque mientras los 172 votos del PP no tienen ninguna elasticidad, el PSOE no ha cesado de dialogar con nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y entablar negociaciones que ya arrojaron un primer y muy significativo fruto con la elección de Armengol como presidenta del Congreso. Y porque tal como Sánchez declaró a la prensa al concluir su entrevista con el rey el pasado martes, el PSOE está en condiciones de sumar todos los votos de los partidos nacionalistas sin salirse de los límites que establece la Constitución. Un aviso de su disposición a concederle a Junts una de sus dos exigencias, la amnistía de los procesados y condenados por haber promovido el ilegal referéndum sobre la independencia de Cataluña el primero de octubre de 2017, a cambio de unos votos que le permitirían a Sánchez alcanzar una decisiva mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
No obstante, esta situación tampoco despeja las tempestades que oscurecen ominosamente el horizonte político de España, porque ni siquiera con esa eventual mayoría en el Congreso de los Diputados podría Sánchez presidir un gobierno que sea estable. Si bien esta cámara baja tiene la facultad constitucional de debatir y aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de todas las leyes la más importante, pues de ella depende el funcionamiento del Gobierno de turno, la Constitución le concede al Senado la facultad de vetar esa ley. En las elecciones generales del 23 de julio el PP logró la mayoría absoluta en el Senado y tal como están las cosas en el mundo político español no cabe la menor duda de que un Senado en manos del PP le negará a Sánchez todo lo que pueda negarle.
De acuerdo con estas realidades, podemos aventurarnos a señalar algunas posibles conclusiones del entuerto español. En primer lugar, que no parece que las circunstancias del momento conduzcan a una repetición de elecciones a finales de este año o principios de 2014. En segundo lugar, que Núñez Feijóo será derrotado en la sesión de investidura, pero dentro de las 48 horas siguientes podrá someterse a una segunda votación, en la que le bastaría alcanzar una mayoría simple de votos para ser nombrado presidente del Gobierno, pero de un gobierno paralizado por no disponer de mayoría parlamentaria. En tercer lugar, que Sánchez, gracias al apoyo de los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos resultará finalmente reelegido presidente del Gobierno, pero pronto tendrá que someter al Senado su Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, y nadie pone en duda que el actual Senado, en manos del PP, vetará la ley sin contemplaciones y obligará a Sánchez a reconducir el presupuesto actual, insuficiente para enfrentar los desafíos presentes y las iniciativas futuras, un contratiempo que, tarde o temprano, como ya le ocurrió al propio Sánchez cuando tras propiciar una sesión de censura contra Mariano Rajoy lo sustituyó en la Presidencia del Gobierno, lo obligará a convocar nuevas elecciones generales adelantadas. Un resultado que, en cualquiera de los casos, afecta a fondo este período del proceso y nos hace percibir el porvenir político español como un espacio condenado a sufrir un clima de turbulencias indeseables, por ahora indescifrables.
