Armando Durán – Laberintos: Venezuela, ¿dictadura o democracia?

   Ser o no ser. Ese es el dilema que hoy por hoy desafía a los venezolanos de todas las tendencias políticas. Aceptar vivir en dictadura o emprender el camino que permita restituir en el país la democracia perdida, paso a paso, a lo largo de 17 años de idas, vueltas y revueltas.

   Esta estrategia de destruir gradualmente libertades y derechos, sin la menor duda diseñada en La Habana por Fidel Castro, la anunció Hugo Chávez al jurar en febrero de 1999 su cargo de Presidente de la República sobre lo que él llamó entonces “moribunda constitución” de Venezuela. Minutos más tarde anunció la línea maestra de lo que desde ese mediodía ha sido la gestión política del régimen. Si para Karl von Clausewitz la “guerra es la política por otros medios”, Chávez en su discurso de ese día proclamó, “la política es la guerra por otros medios.” Nada casualmente, un día después, en conferencia pronunciada en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, ante un público abierta y vehementemente socialista, Castro, el invitado especial a una toma de posesión presidencial que marcaría de manera indeleble el proceso político venezolano, le añadió a la advertencia de Chávez un razonamiento aún más enigmático, pero absolutamente esclarecedor: “No le pidan a Hugo Chávez que haga lo que yo hice hace 40 años.”

   ¿Qué quería decir Castro con esta frase? ¿Que abandonar el camino de las armas para emprender el de las elecciones implicaba un drástico cambio de objetivos? ¿Que a partir de ahora la revolución y la lucha armada se limitarían a ser para Venezuela y el resto de América Latina referencia retórica y nada más? ¿O sencillamente que ahora los tiempos eran otros y las circunstancias muy distintas, y que aunque la meta seguía siendo la misma, en un mundo del que habían desaparecido la Unión Soviética y la guerra fría, para alcanzar ese objetivo de conducir a Venezuela y a la región hacia el mar de una felicidad como la de Cuba, se necesitaban otra estrategia y otras tácticas?

   Este perseguir el mismo fin pero por medios muy distintos, autentico aporte venezolano a la teoría de la revolución, creó una tupida maraña de malentendidos. El principal de ellos, la caracterización del nuevo régimen. Unos, los más audaces, la llamaron dictadura posmoderna y otros simple farsa, aunque buena parte de los partidos políticos de oposición y sus dirigentes prefirieron calificarla de democracia deficitaria, o en días más recientes, de democracia maltrecha. Entretanto, a medida que la oposición ajustaba sus pasos a los ritmos del nuevo régimen, la revolución cubana terminó de diluir la clásica contradicción latinoamericana de los valores civilizadores de la democracia y la cabal expresión de la barbarie representadas por atroces dictaduras militares, y comenzó a promover una contradicción mucho más sutil pero mucho más peligrosa, entre una democracia burguesa bajo los efectos permanentes de un neoliberalismo salvaje y voraz, y la ruptura revolucionaria de las estructuras del Estado y la sociedad.

   El origen electoral del poder político que asumió Chávez al instalarse en la Presidencia de la República le permitió introducir en la ecuación revolucionaria de después del fin de la guerra fría un elemento de gran inmensa ambigüedad. Su proyecto político avanzaría hacia la ruptura revolucionaria, pero no de manera abrupta, como se hizo en Cuba, sino por sinuosos senderos meramente formales, sin ningún sentido real, de esa democracia que él pretendía sepultar para siempre. Precisamente para eso sirvió la aprobación de una nueva constitución, redactada a la medida exacta del proyecto antidemocrático de Chávez, pero en la que se proclamaba a Venezuela como un Estado de Derecho y de Justicia, se garantizaban los derechos políticos, económicos y sociales del individuo, se reafirmaba el carácter apolítico de las fuerzas armadas y se ampliaban a 5 los poderes públicos que, teóricamente de gestión autónoma y ejercicio libre de cualquier contaminación política-partidista, en la práctica respondían a todo lo contrario.

   Para avanzar por esta lenta pero implacable transformación de Venezuela en una réplica penosa de Cuba, Chávez se apoyó en los inmensos recursos financieros de la industria petrolera gracias a un mercado internacional con precios del barril de crudo por encima de los 100 dólares, en la debilidad irremediable de los viejos partidos políticos y de los sectores sindical y empresarial, en el desarrollo de una avasallante hegemonía comunicacional y en sucesivas purgas de los mandos militares. Con gran paciencia y astucia, fue armando con estos ingredientes el sólido fundamento del desastre actual del país. No sólo porque la desaparición física de Chávez dejó su proyecto en la mayor de las orfandades, ni porque su sucesor ciertamente no ha estado a la altura de las dificultades creadas por una mortífera crisis económica mundial que arrastró en su caída los precios del petróleo, sino porque la política económica de destruir el aparato productivo del país para desmantelar la estructura capitalista de la sociedad, y la progresiva ruina de la industria petrolera, convertida en simple herramienta de servicio de la política de expansión ideológica del régimen, terminó por configurar las coordenadas de una crisis económica sin precedentes en la historia de Venezuela, cuya más terminante consecuencia política, a pesar de las múltiples artimañas empleadas por el régimen para asegurarse la victoria en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, fue la derrota aplastante de los candidatos chavistas y la instalación, un mes más tarde, de una Asamblea Nacional con dos tercios de sus escaños ocupados por diputados de la oposición.

   Esa jornada electoral fue, sin la menor duda, un punto de inflexión decisivo en el proceso político venezolano, pues tras aquel descalabro descomunal quedó claro que el régimen saldría con las tablas en la cabeza de las tres consultas electorales programadas para los próximos tres años, las elecciones regionales en diciembre de este año, el referéndum revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro antes del 10 de enero próximo y la elección presidencial en diciembre de 2018. Si además tenemos en cuenta el hecho de que la nueva Asamblea Nacional entró desde el primer día en un conflicto de poderes cada semana más encarnizado con el Poder Ejecutivo, que ha debido recurrir al Tribunal Supremo de Justicia -a estas alturas compuesto exclusivamente por chavistas militantes- para anular, sistemáticamente, todas las decisiones legislativas, era inevitable pensar que la celebración de esos comicios constituía un obstáculo insalvable para la pretensión del régimen de conservar el poder hasta el fin de los siglos.

   En definitiva, la cruel realidad económica y social le demostró a Maduro y compañía que la única manera de salir airosos de este múltiple acoso político, tres elecciones por venir y la rebelión del hasta ese instante sumiso Poder Legislativo, era liarse la manta a la cabeza y suprimir, al precio que fuese, los adornos y las filigranas formales con que Chávez había logrado disfrazar la verdadera naturaleza de su proyecto político. De ahí que ahora, sin importarle en absoluto las consecuencias de sus decisiones, haya tomado la determinación de sincerar el carácter dictatorial de su gobierno.

   Su primer objetivo ha sido desarticular la situación explosiva creada por una Asamblea Nacional que se había propuesto dos objetivos inadmisibles para el régimen, la libertad de los presos políticos y la cesación constitucional del mandato presidencial de Maduro en un plazo no mayor de 6 meses. En previsión de estos contratiempos, tan pronto se conocieron los resultados de la jornada electoral del 6-D, la saliente Asamblea Nacional, bajo control del chavismo, se saltó los lapsos y las condiciones que fija la Constitución para proceder al nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y nombró un nuevo equipo de magistrados seleccionados en función del grado de su lealtad al régimen. Gracias a ello, cada vez que la Asamblea Nacional aprobaba una decisión legislativa, el TSJ, una a una las anulaba. Hasta que para simplificar el engorro de este procedimiento administrativo, aprobó una sentencia anulando todas las futuras decisiones la Asamblea.

Por ahora, el último capítulo de esta antidemocrática tarea de suprimir “judicialmente” las acciones del Legislativo, fue desconocer la norma constitucional que le exige al Ejecutivo someter año tras año el presupuesto nacional a la discusión y aprobación o no del Poder Legislativo, y someterlo en cambio a la consideración del TSJ, entre cuyas funciones no se incluye ni por asomo la discusión y aprobación de los presupuestos nacionales. En realidad, un golpe de mano contra la Constitución y la legítima Asamblea Nacional, que completó Maduro la noche del pasado martes cuando le advirtió groseramente a los gobernadores y alcaldes de la oposición, que sólo “se le entregarán los recursos” previstos en la Constitución si van “a la Vicepresidencia de la República a firmar” un documento en el que manifiesten su apoyo al desafuero que significa no someter su proyecto de presupuesto a la Asamblea sino al TSJ. Es decir, un vulgar chantaje. Ayúdame y yo te ayudaré, le dijo, pero si alguno de los dos gobernadores de oposición o de los muchos alcaldes no chavistas se niegan a hacerlo, el Ejecutivo sencillamente no les mandará ni un solo centavo de los que la Constitución les asigna.

   En el marco de esta dramática crisis institucional, la oposición ha denunciado que el máximo tribunal del país tiene listas varias sentencias que alteran irremediablemente la naturaleza del régimen. Una es cancelar por tiempo indefinido las elecciones regionales, pues tal como van de mal las cosas electorales para el régimen, de celebrarse esas elecciones, perdería casi todas las gobernaciones del país, 22 de las 24 actualmente en manos chavistas. Otra sentencia implica posponer la celebración del referéndum revocatorio hasta mediados del primer trimestre del año que viene, cuando la cesación de Maduro como Presidente de la República sería suplida automáticamente por el vicepresidente, quien se encargaría de las funciones presidenciales hasta la elección de un nuevo presidente en diciembre de 2018. En este sentido, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció el martes por la tarde que estas elecciones regionales se celebrarán, pero no antes del final del primer semestre del año que viene.

   La última de esas sentencias sería la prohibición de recoger las firmas de 20 por ciento de los electores registrados en CNE, manifestación de voluntad imprescindible para poder convocar la votación del referéndum revocatorio. El argumento para cometer este exabrupto constitucional sería que en la recolección de uno por ciento de firmas requeridas para poder optar a este paso de demostrar que al menos 20 por ciento del electorado apoya la solicitud de celebrar el dichoso revocatorio, se cometieron innumerables irregularidades que invalidan el procedimiento. Esta repetición impediría la recolección de firmas de 20 por ciento del electorado prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre, hecho que equivaldría a suspender la eventual celebración del revocatorio antes de la fecha fatal del 1º de enero.

   Esta sentencia no ha sido dictada aún, pero en su lugar, el TSJ ya ordenó que ese 20 por ciento no es del total de los electores registrados, como indica el artículo 72 de la Constitución, sino de 20 por ciento de los electores en cada uno de los 24 estados. Si en alguno de ellos no se alcanza ese porcentaje, quedaría automáticamente sin efecto la solicitud formulada por la MUD al CNE de celebrar este referéndum convertido en auténtica y venenosa manzana de la discordia.

   Estas decisiones han provocado en Venezuela un cambio cualitativo de enorme significación política. Hasta ahora, la dirigencia política de la oposición ha rehuido caracterizar al régimen como algo peor que una democracia insuficiente. Aunque sólo fuera para no quemar las naves, desde aquel turbulento año 2002, han preferido cohabitar con los atropellos, cada vez más frecuentes y más graves del régimen. A partir de esta semana, no parece posible que lo sigan haciendo, so pena de que el malestar que ha generado en la opinión pública la evidente falta de firmeza en la respuesta opositora a los desmanes continuos del régimen durante estas últimas semanas, se convierta en un rechazo absoluto e irremediable. Sobre todo porque el martes, en reunión masiva de profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, con la autoridad académica que ellos encarnan, le advirtieron al país y a la comunidad internacional que “en Venezuela se rompió el hilo constitucional y estamos bajo una dictadura.”

   Se trata de una convicción que por primera vez en 17 años ya nadie pone en duda. Una realidad que transforma el período que se inicia ahora y termina el 28 de octubre en algo mucho más definitivo que la simple expresión de una manifestación de voluntad política. Si de alguna forma el régimen mantiene su determinación de avanzar por el torcido camino de negarles a los venezolanos su derecho a votar, llueve, truene o relampaguee, la dirigencia opositora tendrá que tomar la decisión de ser o no ser. Es decir, de admitir lo inadmisible, o denunciar al régimen como una simple y pura dictadura. Con todas sus consecuencias.