Armando Durán / Laberintos: Venezuela – El desconcierto, la nada (2)

   El próximo lunes tres de septiembre se inicia oficialmente el llamado programa de reforma económica anunciado por Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto. La incompetencia del régimen ha sido siempre un ingrediente habitual en todos los planes del régimen. También ha ocurrido ahora. Por ejemplo, el pago a los empleados públicos y pensionados se hará en varias partes a lo largo del mes; la decisión presidencial de pagar las pensiones del Seguro Social con moneda virtual ya se ha cancelado y nadie sabe hasta cuándo, en cuánto y bajo qué condiciones se aplicará el aumento del precio de la gasolina. Según informó Maduro el jueves por la tarde, se aplicará a partir del lunes 3 de septiembre en los 41 municipios fronterizos con Colombia, solo mediante el llamado carnet de la Patria y a un precio del que solo informó Maduro que sería superior al que se paga en Colombia, que es de 0,85 dólar por litro. A estas auténticas calamidades debemos añadir el hecho de que a pesar de que el pasado 20 de agosto el régimen le fijó al dólar una tasa de cambio de 60 bolívares soberanos, exactamente el valor que en ese momento tenía el billete verde en el mercado paralelo, según se dijo entonces para estabilizar el bolívar a ese valor, lo cierto es que hoy, apenas semana y media después, el dólar ya se cotiza a casi 120 bolívares soberanos, una depreciación cercana al 100 por ciento. Como quiera que se mire, un desastre económico de muy graves consecuencias humanitarias.

   Lo que sí ha llamado la atención en medio de tantísimos disparates es la nula resistencia de la oposición, supuestamente organizada precisamente para hacerle frente a situaciones como esta, a unas medidas tan mal diseñadas y aplicadas, que antes de aplicarse ya han sumido a Venezuela en el más aterrador de los desconciertos, rumbo a la nada irremisible de aquella sociedad comunal que Hugo Chávez decía haber visto allá, en el horizonte, y que quiso implantar en diciembre de 2007 aunque no pudo. Ante esta inaudita situación de pasos inciertos, de marchas y contramarchas, la incógnita que resta es la de precisar cómo ha hecho Maduro para estar a punto de llegar hasta dónde está llegando. Roberto Casanova, profesor de economía en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, ofreció esta semana una explicación breve, elemental, convincente y terrible, que describe acertadamente el por qué de esta impunidad con que ha podido actuar: “Maduro, con su guerra relámpago”, nos advierte Casanova, “avanza en la creación de su proyecto de dominio total, porque no encuentra resistencia.”

   El fin de la ilusión

   No siempre se ha notado una falta tan notoria de reacción por parte de la dirigencia política de la oposición. Desde los trágicos sucesos del 11 de abril de 2002, la fragmentación de las fuerzas opositoras ha sido el rasgo que mejor caracterizaba la turbulenta relación del Gobierno con ese otro sector, en el mejor de los casos excesivamente prudente y convencional, del drama venezolano. Un equilibrio a todas luces inestable, pero que hasta el 6 de diciembre de 2015 le sirvió al régimen para dividir a la oposición, manipular a la opinión pública nacional e internacional, y frenar exitosamente la creciente indignación popular. Ese día se produjo la histórica derrota de los candidatos del oficialismo en las elecciones parlamentarias, un suceso que de pronto creó en la conciencia nacional la certeza de que al fin sí era factible, gracias a esa inmensa cuota de poder institucional, pensar en cambiar de presidente, gobierno y régimen en un plazo no mayor de 6 meses, sin disparar un tiro, ni derramar una sola gota de sangre.

   Ya sabemos, sin embargo, lo que pasó después. A pesar del tremendismo verbal de los nuevos y jactanciosos diputados de la oposición, pronto se comprendió que nada significativo ocurriría en Venezuela. Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque los estrategas del régimen, que tan bien conocían de qué pie cojeaban sus adversarios, habían previsto la catástrofe y supieron aprovechar el control absoluto que ejercían en la Asamblea para violar tranquilamente las normas constitucionales y sustituir ilegalmente a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por magistrados que fueran radical y ciegamente chavistas. Consecuencia directa de esta fraudulenta maniobra fue que a partir del 5 de enero de 2016, fecha en que se instaló la nueva Asamblea Nacional, sus diputados se tropezaron con un obstáculo que desde el primer momento se hizo insalvable. El también nuevo pero ilegítimo TSJ designado por la cúpula del chavismo dominante comenzó su gestión prohibiendo la investidura de los 3 diputados electos por el estado Amazonas, dos de ellos de oposición, con el falso argumento de que en ese remoto estado venezolano se habían cometido todo tipo de fraudes electorales. Una decisión supuestamente judicial y provisional, que de golpe y porrazo por un escaño, le arrebató a la oposición la mayoría calificada de la Asamblea, una circunstancia que constituía para Maduro y para el régimen un peligro de muerte.

   Ante lo que a todas luces era un simple ardid del régimen para cercenar la voluntad adversa de los electores, la mayoría opositora de la Asamblea protestó airadamente la decisión, pero de inmediato la acató, dócilmente, hasta el día de hoy. Quedaba así perfectamente claro cuáles eran las nuevas reglas del juego y aquí, caballeros, a pesar de los votos y la constitución, no ha sucedido nada. Reglas impuestas unilateralmente por el régimen, que en definitiva indicaban que para unos y para otros la guerra que parecía haber perdido el régimen en las urnas de diciembre en realidad solo había sido una escaramuza sin mayor importancia.

   De este modo sinuoso, como había hecho Chávez para disimular a lo largo de los años la verdadera naturaleza del régimen que había puesto en marcha después de ganar la Presidencia de Venezuela en las elecciones de diciembre de 1998, sus herederos políticos recurrieron a las más formales de las formalidades democráticas para apretar y seguir apretando las clavijas del alicate dictatorial. Ninguna repercusión real ocasionaría desde ese instante el insólito hecho de que cada decisión política, legislativa o fiscalizadora tomada por la Asamblea fuera invalidada de inmediato por la Sala Constitucional del TSJ. Los diputados de la oposición sencillamente siguieron su rutina parlamentaria como si nada estuviera ocurriendo. Hasta que a finales de marzo del año siguiente, hartos de un conflicto de poderes ya nada más que retórico, el régimen decidió simplificar la realidad mediante dos sentencias del TSJ autorizándose a sí mismo a asumir por completo todas las funciones y atribuciones que le fija la Constitución al Poder Legislativo. Un auténtico y grosero golpe de Estado, que obligó a la oposición a tomar una decisión que ciertamente contradecía el carácter conservador de la MUD, reconocer que el régimen era una dictadura y convocar al pueblo a la rebelión civil hasta que se restaurara el hilo constitucional y el estado de Derecho.

   Hacia el mar de la felicidad

   Los partidos políticos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática desde el primer día de su existencia estaban divididos en dos grupos perfectamente definidos, el de quienes se conformaban con la opción de cohabitar con el régimen como si todavía en Venezuela rigiera un orden democrático, sin duda heterodoxo, pero democrático al fin y al cabo, y el de quienes en cambio planteaban la necesidad de salir de Maduro y del régimen invocando el derecho constitucional a la rebelión. Esta confrontación interna siempre había neutralizado las acciones de la oposición, pero se hizo mucho más palpable a partir de las grandes manifestaciones de protesta popular de 2014, cuando los partidos seguidores de la cohabitación con el régimen denunciaron las protestas como actos de violencia y se reunieron con Maduro para buscar acuerdos políticos que pacificaran al país y les permitieran consolidar los espacios que ya ocupaban y conquistar nuevos espacios.

   El conflicto se hizo de momento irremediable, sobre todo porque dos de los tres dirigentes promotores de la protesta, Leopoldo López, ex alcalde de Chacao, y Antonio Ledezma, reelecto alcalde metropolitano de la Gran Caracas, habían sido encarcelados, y porque el tercer miembro del grupo, la diputada María Corina Machado, recibió una paliza brutal en plena Cámara de Diputados y fue inmediata y arbitrariamente destituida de su condición de diputada. Fue una división muy penosa, pues en esas condiciones resultaba imposible coordinar una acción conjunta de la oposición. Hasta que las dos sentencias golpistas del TSJ limaron de golpe todas las asperezas y forzaron a las dos tendencias a unirse en la denuncia al régimen de haber dado un golpe y convertir al gobierno en dictadura, y en una sola estrategia, toma de la calle para exigir la salida de Maduro y del régimen.

   Esta decisión produjo un cambio trascendental en la relación régimen-oposición. Si a hasta ese día el régimen avanzaba en su propósito de reproducir en Venezuela la experiencia de la revolución cubana, mientras que la oposición se negaba a reconocer esa turbia razón ideológica de la catástrofe y sostenía que bastaba modificar las equivocadas políticas públicas adoptadas por el régimen para enderezar el torcido rumbo de la nación, ahora, las contradicciones entre el régimen y la mayoría de los partidos de oposición, dejaban de ser simplemente administrativas y pasaban a ser diferencias de profundo sentido ideológico. O Venezuela continuaba avanzando hacia ese retórico mar de la felicidad socialista a la cubana, o la oposición, finalmente unida alrededor de la caracterización del régimen y de una estrategia común, la calle, le devolvía al país su razón de ser en el marco de una auténtica democracia representativa y liberal.

   Este cambio de tensión provocó un notable cambio cualitativo en la realidad política del régimen. En primer lugar, las impresionantes manifestaciones de protesta popular, por una parte, estremecieron hasta el subsuelo de Venezuela. Por otra, conmovieron la conciencia del mundo al ver en vivo y en directo la cruel violencia represiva del régimen, que en aquellos cuatro meses de lucha sin cuartel, arrojaba el doloroso saldo de más de 150 ciudadanos asesinados y miles de manifestantes heridos y encarcelados. No se contaba, sin embargo, con la astucia y la experiencia del régimen en eso de aprovechar al máximo la obsesión electoralista de ese sector más convencional, más politiquero y más oportunista de la oposición para recuperar el control de una situación que a esas alturas ya se le escapaba de las manos y conducir a Venezuela, como hemos visto, sin resistencia alguna, hasta este punto desesperante en que se encuentra hoy por hoy el proceso político venezolano. De eso nos ocuparemos, en este mismo espacio. la semana que viene, en la tercera y última entrega de este trabajo.