Armando Durán / Laberintos: Venezuela, el desconcierto, la nada (y 3)

   La locura furiosa parece haberse convertido en política de Estado en la Venezuela chavista. Como hemos visto hace casi un mes, el pasado 17 de agosto, Nicolás Maduro, anunció que el régimen había decidido darle un vuelco de 180 grados a la política económica que hasta ese momento había constituido el eje central del proyecto político de Hugo Chávez. De este modo inesperado, Venezuela entraba en una dimensión todavía desconocida de su proceso político, precisamente, ¿pájaro de mal agüero?, cuando en todo el planeta se recuerda que hace exactamente 10 años la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, hundió al mundo en la peor crisis económica y financiera desde la gran crisis de 1929. ¿Será ese el destino al que dirige Venezuela como resultado directo de lo que aquel viernes Maduro llamó pomposamente su programa de “reforma económica” para derrotar, combinando controles socialistas y medidas que se parecen demasiado a las peores recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, la guerra económica desatada por los enemigos de la revolución bolivariana contra el pueblo venezolano según la propaganda oficial. Se trata, en realidad de un desesperado pero a la vez pudoroso programa de estabilización macroeconómica, que revela el inicio de un ostensible distanciamiento del modelo y la estrategia de la revolución cubana y de una indiscutible aproximación a los mecanismos de la dolarización de la vida nacional en su versión ecuatoriana. A todas luces, un intento suicida para intentar impedir, al precio que sea necesario, un inminente y estruendoso colapso del proyecto chavista, que a estas alturas, gracias a la ideología, la improvisación y los manejos más corruptos de la historia republicana de Venezuela, hace agua por todas sus costuras.

   Los tres puntos esenciales de un plan que no tiene mucho sentido lo constituyen el aumento del salario mínimo de los trabajadores de 3000 bolívares mensuales a 180 millones, el aumento desmesurado del precio de la gasolina para equipararlo al precio internacional y la unificación del tipo de cambio, adoptando para el precio oficial del dólar el repudiado precio que se tranzaba en el ilegal mercado paralelo, que para ese día rondaba los 600 mil bolívares fuertes por billete verde. ¿Que qué ha ocurrido en estas cuatro primeras semanas del Plan Maduro? Pues lo que tenía que ocurrir, que todo han sido contratiempos y vagos deseos que no se hacen realidad.

   Veamos.

   Las pensiones del Seguro Social

   La primera señal de que las cosas no iban en la dirección esperada la recibimos el sábado primero de septiembre. Ese día los pensionados del Seguro Social recibirían 450 bolívares soberanos, una cuarta parte de su nueva pensión mensual, equivalentes a 45 millones de bolívares fuertes, el signo monetario previo que sigue circulando porque la escasez de papel moneda es un mal endémico en la Venezuela de la hiperinflación. Y ese sábado, ante la expectativa de contar al fin con dinero en efectivo, desde la madrugada los pensionistas comenzaron a hacer larguísimas colas a las puertas de las agencias bancarias de todo el país. Ninguna de ellas, sin embargo, abrió sus puertas ese sábado. El Banco Central de Venezuela sencillamente no pudo distribuir unos billetes que no tenía. Mucho menos para pagar, a partir del lunes siguiente, los salarios de los millones de trabajadores y empleados del sector público. Para eludir esta dramática trampa de la escasez, días antes se había anunciado que este mes de septiembre las pensiones se pagarían en tres partes, pero que a partir de octubre volverían con absoluta normalidad. Luego se informó que esos primeros 450 bolívares soberanos no se depositarían en dinero contante y sonante en las cuentas bancarias de los pensionados, sino en la billetera virtual asociada al carnet de la Patria, cédula paralela a la cédula de identidad de siempre, documento cuya expedición requiere que el interesado le proporcione al Estado una amplia y detallada información sobre su vida, familia, ingresos y patrimonio, y cuya perversa finalidad es saberlo todo de todos, vieja herramienta de los regímenes totalitarios para facilitar el control político de los ciudadanos. De acuerdo con esta artera maniobra, los pensionados que no estuvieran registrados en este mecanismo de control estatal, no recibirían su pensión.

   Por supuesto la protesta fue mayúscula y el régimen tuvo que dar marcha atrás ese mismo sábado. A partir del lunes 3 de septiembre, como en efecto ocurrió, se depositaron esos 450 bolívares soberanos en las cuentas bancarias normales de los pensionados, quienes sin embargo recibieron ese día la ingrata sorpresa de que después de hacer otra tanda de muchas horas de cola en los bancos, sólo pudieron retirar en efectivo 90 bolívares soberanos. Ahora también se insinúa que pronto volverá a intentarse imponer el carnet de la Patria para recibir la pensión. El lunes 10 septiembre los empleados y trabajadores públicos también comenzaron a recibir el pago de su nuevo salario, aunque también en dinero electrónico.

   El aumento salarial

   Segundo y penoso descalabro ha sido el aumento del salario mínimo. En el marco de esta revisión del ingreso salarial se adoptaron dos medidas complementarias, ambas de carácter financiero. Por una parte se le restaron 5 ceros al signo monetario venezolano, con lo cual ese salario mínimo pasó a ser, de 180 millones de bolívares fuertes, a 1.800 bolívares nuevos, los llamados “soberanos.” La segunda medida fue unificar el tipo de cambio oficial, fijado ahora por el Banco Central en 60 soberanos por dólar, o sea, 600 mil bolívares de los de antes, que era entonces el precio del dólar en el ilegal mercado paralelo.

   En teoría, los trabajadores tendrían ahora un salario de 30 dólares mensuales, pero los técnicos del régimen no tuvieron en cuenta que no había razón alguna para pensar que esa decisión administrativa iba a hacer desaparecer la realidad del mercado paralelo de divisas, que es el que en definitiva regulaba y sigue regulando los costos y precios verdaderos de todo lo que se vende y compra en Venezuela. Y por supuesto, tampoco previeron lo que comenzó a ocurrir de inmediato, pues tan pronto Maduro dio a conocer el nuevo tipo de cambio oficial, el hecho de que la oferta de dólares en el mercado ordinario no estaba ni remotamente a la altura de la demanda, le imprimió una velocidad vertiginosa a la indetenible devaluación del bolívar. Hoy en día, con un tipo de cambio real de entre 90 y 120 bolívares soberanos por dólar, es decir, con una devaluación de de 50 por ciento, aquellos 30 dólares del 17 de agosto han pasado a ser, en el mejor de los casos, apenas 18. Y todo permite suponer que el valor del nuevo bolívar seguirá bajando.

   A este descalabro debemos añadir otros dos efectos devastadores del Plan Maduro. Por una parte, la combinación de los nuevos costos laborales y la aplicación de un riguroso control de precios, que incluye el encarcelamiento de los comerciantes que lo violen, ha provocado que cada día aumenten los negocios pequeños, medianos y grandes que liquidan a sus trabajadores y cierran sus puertas, como acaba de hacer una de los grandes, la italiana Pirelli, penosa situación que ya incluye a las empleadas del hogar. A esta pérdida masiva e irreversible de empleos formales y la reducción de todo tipo de actividad económica y comercial, la escasez de todo ha llegado hacerse extrema, pues nadie produce ni comercializa nada a pérdida, muy dolorosa situación que condena a Venezuela a la triste suerte de ser un Estado fallido.

   El aumento del precio de la gasolina

   Este absurdo mecanismo de aumentar los costos de producción y comerciales de todo en porcentajes de locura y a la vez congelar los precios rigurosamente, ha hecho que las estanterías de supermercados, farmacias, ferreterías y comercios de compra venta al por menor se hayan ido vaciando en todo el país. Un callejón del que nadie se atreve a indicar cuál podría ser su salida. En el marco de este escenario de opciones imposibles, le llegó su turno a la gasolina. Con el precio anclado desde hace años de años en menos de un bolívar fuerte por litro de gasolina de alto octanaje, precio imposible de traducir en bolívares soberanos o en cualquier otra moneda del planeta porque el resultado sería una cantidad incontable, el carnet de la Patria ha adquirido un nuevo y exigente sentido.

   Según se informó en un primer momento, la gasolina tendría dos precios y habría dos formas de pagarla. Un precio subsidiado para los ciudadanos que tengan el dichoso carnet de la Patria, y un precio igual al internacional, al parecer próximo a un dólar por litro, que es el que se paga en la vecina Colombia. Muy poco después se comprendió la dificultad práctica de este disparate y se anunció que el precio sería igual para todos, pero los ciudadanos que tengan el carnet de la Patria recibirían en sus cuentas virtuales del mismo, como reembolso, un porcentaje, aún por definir, del diferencial entre el antiguo precio de la gasolina y el nuevo, que también por ahora no se sabe a cuánto ascenderá. En medio de la confusión y el caos generados por la aplicación del aumento, ha sido necesario importar varios miles de dispositivos lectores del dichoso carnet, incorporarlos a los surtidores de combustible y configurarlos adecuadamente.

Con esa finalidad, desde la semana pasada, en los 81 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil se instalaron estos dispositivos electrónicos en un plan piloto de 15 días. Tras 15 días de pruebas y ajustes técnicos se fijaría el precio definitivo del litro de gasolina, los alcances del reembolso para los tenedores del carnet de la Patria y se comenzarían a instalar los miles de lectores restantes en todos los surtidores del país. Solo que en este caso el régimen tampoco tuvo en cuenta la realidad venezolana. En la Venezuela de la actual crisis terminal las interrupciones de los servicios eléctrico, telefónico y de internet son cada día más frecuentes y más extensos, y como la recolección y transmisión de datos se sustentan sobre esos servicios, muy pocos han sido los lectores que han podido ser probados. Un problema que sin la menor duda no permite poner a punto ni usar los miles de lectores que según información oficial ya se encuentran en el país.

   Al rotundo fracaso del plan piloto de los lectores, este fin de semana se ha añadido un muy peligroso incidente ocurrido en una estación de gasolina del estado Táchira, donde el contacto de las radiaciones electrónicas generadas por el lector y los explosivos vapores de la gasolina provocaron una explosión y el consiguiente incendio, que por fortuna no terminó en tragedia.

   La libre convertibilidad del bolívar

En la cabeza de nadie cabe pensar en la posibilidad de implementar un programa de estabilización macroeconómica sin desmontar un control de cambio como el que existe en Venezuela desde febrero de 2003. Por aquellos días, Chávez, después superar los impactos de su derrocamiento y prisión de 47 horas en abril de 2001, las grandes manifestaciones populares de ese año y el paro de la industria petrolera los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, decidió aprovechar la ocasión para aplicar un estricto control de cambio. No solo porque la medida era imprescindible para enfrentar el duro golpe que esos acontecimientos políticos extraordinarios causaron en la economía del país, que en efecto “estaba al borde del colapso”, sino porque esa herramienta facilitaría notablemente la tarea de acosar y destruir sin piedad al sector privado de la economía, objetivo prioritario de su radical proyecto socialista.

   Quince años después, aquella medida ha terminado por llevar a Venezuela a un paso de ese colapso que los asesores del régimen decían querer evitar entonces. En este punto asfixiante del proceso, al régimen, para evitar que la grave y sostenida perseverancia en el error hunda definitivamente a Venezuela y al propio régimen en el foso de las causas perdidas para siempre, no le quedaba otra opción que introducir remedios extremos, aunque contradijeran la esencia misma del chavismo. Por esta razón, en el segundo de los 89 artículos del convenio del BCV que define al nuevo sistema cambiario, publicado en la edición de la Gaceta Oficial correspondiente al viernes 7 de septiembre, el régimen renuncia a lo que ha sido hasta ahora y anuncia una decisión que nadie podía haberse imaginado un par de semanas antes: “Con el propósito de generar condiciones favorables a la estabilidad requerida para el desarrollo de la actividad económica y la inversión”, señala, “se restablece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, por lo que cesan las restricciones sobre las operaciones cambiarias.” Es decir, que al menos en teoría, admite el fracaso del proyecto socio-económico del régimen, y anuncia, aunque ello no sea del todo cierto, que desde ese instante desaparecen el control de cambio y los delitos cambiarios. Y no lo es, porque aunque el artículo 9 del convenio que desde ahora “el tipo de cambio que ha de regir para la compra y venta de monedas extranjeras fluctuará libremente de acuerdo con la oferta y la demanda”, el BCV conserva la facultad de fijar administrativamente, como ha hecho al informar que el nuevo tipo de cambio oficial es de 60 bolívares soberanos por dólar, el precio al que se podrán vender y comprar divisas. Es decir, que la ley de la oferta y la demanda sólo afectará las operaciones de cambios al menudeo entre particulares y por montos pequeños, mientras que todas las transacciones con divisas que se realicen en el marco del BCV se regirán por el tipo de cambio “oficial” de 60 soberanos por dólar.

   No se trata, pues, de que a partir de este instante se desmonta el control de cambio impuesto por Chávez en febrero de 2003, sino que al mecanismo se le abren algunas válvulas de escape para frenar el derrumbe total del bolívar en el llamado mercado paralelo. En principio, porque el Estado no dispone de divisas suficientes para satisfacer la demanda de dólares de un país que hace mucho perdió su confianza en el bolívar y todo lo importa, hasta gasolina que ya no produce para satisfacer la demanda del consumo interno por un valor de 12 mil millones de dólares anuales, pero también porque resulta políticamente imposible adoptar una política de libertad cambiaria y de precios de todos los bienes y artículos que se compran y venden en el país, sin antes renunciar a paralizantes escrúpulos socialistas. De ahí que esas restricciones que imponen el régimen, su ideología y la agonizante economía nacional, hacen que este o cualquier otro plan de estabilización obligado por las circunstancias, resulte insuficiente y seguramente tramposo. Contradicciones que lo quieran o no, ponen en evidencia, tanto la incapacidad del régimen para manejar lo que sus jerarcas tienen entre manos, como la imposibilidad de cambiar la esencia socialista del proceso político del chavismo sin renunciar al poder mismo. Vaya, que fuera de la esfera de la mecánica cuántica, no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Realidad que a fin de cuentas le impide a Maduro y a su gente salir airosos del desafío de devolverle su futuro a Venezuela y a su gente.

   Lo cierto es que el muy maltrecho capote socialista del régimen bolivariano ya no lo puede remendar nadie. Mucho menos los culpables de haberlo hecho pedazos, y menos aún aun aplicando inaplicables medidas neoliberales y alentando la dolarización de la economía según las teorías de Rafael Correa y algunos de sus economistas. Quizá esa sea la razón de ciertas importantes disidencias en la cúpula del régimen y de que la prensa del Partido Comunista de Cuba no haya dicho ni una sola palabra sobre lo que ocurre en Venezuela desde el pasado 17 de agosto, como si la Cuba revolucionaria de los hermanos Castro se hubiera en realidad desentendido de Maduro y compañía. En todo caso, esta y otras muchas cosas quedan por verse. Y ya las iremos viendo. Mientras tanto, Venezuela, desde la perplejidad y el desconcierto de sus ciudadanos, continúa su marcha lenta pero inexorable hacia la nada.