Armando Durán / Laberintos: Venezuela, la ONU y la desesperación ciudadana

¿En qué se parecen Eritrea y Venezuela? A primera vista, la verdad, no se parecen en nada, pero créanme, la pregunta no es ociosa.

La primera diferencia aparente es que Eritrea es un Estado de partido único, donde desde hace muchos años no se celebran elecciones de ninguna naturaleza, mientras que en Venezuela, desde 1999, se han celebrado 25 elecciones de carácter nacional con participación de múltiples partidos. Esa diversidad de colores electorales, sin embargo, no pasa de ser una burda simulación: el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), partido oficial del régimen chavista de Venezuela, ejerce una hegemonía política absoluta y en todos estos años solo ha sido derrotado en las parlamentarias de 2015, error técnico imprevisto que fue corregido de inmediato por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con una sentencia mediante la cual despojaron a la recién y democráticamente electa Asamblea Nacional de todas las funciones y atributos que le fija la Constitución Nacional. Lo que no ganan, lo arrebatan.

Pero aun peor que esta encubierta realidad entre Eritrea y Venezuela es la asombrosa identidad de sus gobiernos en un punto que resulta irrefutable: ninguno de los dos respeta los derechos humanos de su población, pero ambos son miembros del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado hace 15 años por la Asamblea General de la organización con el preciso mandato de promover y defender esos derechos en todo el mundo. Y es en ese foro donde el miércoles pasado sus 47 miembros comenzaron a debatir el informe que les presentó Michelle Bachelet, su presidenta, preparado por una misión de expertos internacionales e independientes sobre la lamentable situación de los derechos humanos en Venezuela. Un documento extenso, más de 400 páginas, en las que sus autores dan cuenta detallada de innumerables casos de ajusticiamientos extrajudiciales, torturas y asesinatos cometidos por las fuerzas represiva del régimen desde el año 2014 y en el que señalan a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa y del Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, como responsables directos de esas atrocidades.

Dentro de pocos días, el Consejo anunciará su veredicto sobre el informe y lo más probable es que no lo apruebe ni lo rechace, sino que se limite a exhortar a Maduro y compañía a facilitar nuevas investigaciones que permitan ampliarlo y profundizarlo. Es decir, que en este caso, queridos lectores, como suele ocurrir en las Naciones Unidas ante dilemas de talante similar, no pasa ni pasará mucho más. Sin embargo, los hechos que se relatan en el informe son de tal gravedad, que su difusión ha bastado para escandalizar a medio mundo y poner en serio peligro la estrategia del régimen venezolano diseñada para sortear los obstáculos que cada día le hacen más difícil llegar al día de mañana. Comenzando por el espinoso tema de estas imposibles elecciones del 6 diciembre, artimaña con la que Maduro pretendía medio eludir el escollo de la ilegitimidad de su régimen y de su Presidencia.

El primer efecto del informe ha sido frenar esa aspiración. Maduro contaba con el apoyo de un sector de la Unión Europea para desarticular la operación orquestada por el sector mayoritario de la oposición venezolana y sus aliados internacionales en favor de un llamado a la abstención masiva de los electores. Josep Borrell, ex canciller del gobierno socialista de España y actual alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea, ha asumido la tarea, empeñado en revivir el proyecto puesto en marcha en febrero de 2019 por su antecesora en el cargo, Federica Mogherini, para neutralizar el desafío que en aquel momento representó Juan Guaidó con su tesis del fin de la usurpación y la dictadura. El proyecto europeo de entonces y el de Borrell ahora persiguen el mismo objetivo, propiciar negociaciones entre el régimen y la oposición para poder celebrar elecciones algo más digeribles para la comunidad internacional y que le permita al régimen conservar el poder sin que se produzcan confrontaciones violentas. O sea, la paz a toda costa, como promovieron el Reino Unido y Francia en 1938 para apaciguar los ánimos de Hitler. Precisamente con esa intención, y siguiendo las indicaciones de sus asesores, Maduro “indultó” a más de 100 presos y perseguidos políticos en presunta prueba de sus buenas intenciones y su amor por la concordia.

Borrell se aferró a este clavo ardiente para declarar que con esta providencia Maduro le abría una ventana de esperanza a los venezolanos y al mundo, razón por la cual convocó a los países europeos y latinoamericanos miembros del llamado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, para proponer una nueva ronda de negociaciones régimen-oposición, mediación europea incluida por supuesto, y acordar condiciones para tener elecciones más creíbles. Solo que la víspera se conoció el texto del demoledor informe sobre los derechos humanos en Venezuela y el proyecto de Borrell se vino abajo de golpe. Ningún gobierno europeo, por ingenuo o cómplice que sea, pudo hacerse el loco ante los crímenes que con todo lujo de monstruosos detalles recoge el informe y contra todo lo que Borrell se había imaginado, reaccionó afirmando que el informe sencillamente hacía impracticable la celebración en Venezuela de cualquier tipo de elección con un mínimo de garantías democráticas.

A título personal, Borrell descartó esta conclusión del Grupo. Para él no había por qué cerrar esa “ventana abierta”, y le propuso públicamente a Maduro posponer la votación varios meses y disponer así de tiempo adicional para negociar condiciones electorales “mínimas” y para preparar el equipo de observadores que en ese caso la Unión Europea sí estaría dispuesta a mandar a Venezuela. La respuesta de Maduro no se hizo esperar. En muy pocas y hostiles palabras, rechazó de plano la oferta de Borrell. La Constitución ordenaba tener elecciones el 6 de diciembre y nada ni nadie podía hacerle violar esa disposición, de modo que con observadores europeos o no, en Venezuela se celebrarán esas elecciones el 6 de diciembre.

Mientras todos estos elementos terminaban de conformar una realidad particularmente inestable, otros hechos, consecuencia directa del informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, ponían de relieve la determinación del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados internacionales de radicalizar su decisión frente al régimen venezolano en todos los terrenos imaginables, a excepción de una intervención armada, al menos, por ahora.

El primero en precipitar esta nueva etapa del proceso lo protagonizó Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien llamó por teléfono a Juan Guaidó para reiterarle que tanto por ser él presidente interino, como el pueblo de Venezuela, contaban con el apoyo de Estados Unidos. Esta llamada, “gran llamada”, la calificó Guaidó, fue muy oportuna, porque sin la menor duda oxigena el agotado liderazgo de Guaidó y le advierten a la dirigencia opositora, cada día más abiertamente inclinada a desafiar su autoridad, que Guaidó sigue siendo para Washington la pieza clave del cambio político en Venezuela.

Esta inesperada conversación de Pence y Guaidó coincidió con la gira asimismo inesperada de Mike Pompeo, poderoso jefe de la diplomacia estadounidense, por Brasil, Guyana y Colombia, principales vecinos de Venezuela y aliados continentales de Estados Unidos, como si Washington quisiera hacerle ver a los jerarcas del régimen venezolano la inquebrantable determinación de la Casa Blanca de radicalizar su confrontación con Maduro antes de las elecciones de noviembre. Por esa razón, al regresar Pompeo de su gira, a la ya larga lista de funcionarios civiles y militares de Venezuela sancionados por Estados Unidos comenzaron a sumarse los nombres de dirigentes políticos de la oposición más colaboracionista con el régimen, claro mensaje de que a partir de ahora ese sector sería visto y tratado como parte del ilegítimo régimen de Venezuela.

Ni Maduro ni Borrell contaban con estos contratiempos. Borrell se justificaba con el argumento de que si bien la Unión Europea desconocía a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, menos cierto era que Maduro ejerce el poder político, territorial y administrativo de Venezuela, circunstancia que obliga a los gobiernos de la Unión a “tratarlo.” El problema es que el debate sobre Venezuela y la responsabilidad de las más alta jerarquía del régimen venezolano en crímenes de lesa humanidad en el Consejo de Derechos Humanos es harina de otro costal. En otras palabras, el Grupo de Contacto, instancia que le ofrecía a Maduro y a Borrell la posibilidad de maquillar el anunciado evento electoral de diciembre, hasta los gobernantes peor informados de Europa se han visto obligados a sostener que el informe que acaba de presentarse al Consejo imposibilita celebrar elecciones medianamente aceptables en la Venezuela actual.

Borrell, siempre resuelto a mantener abierta esa ventana de esperanza que dice ver cada vez que el régimen venezolano dice o hace algo con el propósito de vender sus mentiras por verdades, no da la impresión de estar dispuesto a renunciar a su proyecto conciliador. Aunque los vientos y las corrientes en contra reduzcan considerablemente su menú de opciones.

Por otra parte, la vida diaria en la Venezuela de estos días se ha hecho asfixiante. La inevitable dolarización de la economía en un país donde los sueldos y salarios se pagan en bolívares pulverizados por la hiperinflación galopante, una población aislada por completo del mundo exterior, sin gasolina ni gas doméstico a pesar de tener Venezuela la reserva de crudos mayor del planeta, con el suministro de agua y electricidad a punto de colapsar y para colmo de males a todas luces indefensa para enfrentar la letal amenaza del covid-19, ha provocado un malestar ciudadano abrumador, que nada tiene que ver con las preferencias políticas de nadie, sino con la desesperación colectiva de una población que simplemente ni siquiera está en condiciones físicas, sanitarias y existenciales de continuar esperando la llegada liberadora de Godot. Una realidad tan opresiva, que no nos queda más remedio que preguntarnos si los jefes de una y otra parte de esta Venezuela desmantelada percibe realmente la magnitud del peligro por venir en cualquier momento.