Esta semana, el régimen chavista de Venezuela comenzó a despejar las preguntas que el viernes pasado nos hacíamos en esta columna sobre las sospechosas negociaciones que desde hace semanas sostienen, muy privadamente por cierto, representantes de Nicolás Maduro y de los partidos que se agrupan en torno a Juan Guaidó y a su propuesta de un Gran Acuerdo de Salvación Nacional. Según el comunicado conjunto de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, divulgado el 25 de junio para expresar su respaldo a lo que han llamado “negociación integral” entre las dos Venezuelas, el objetivo de estas gestiones es avanzar hacia la celebración de elecciones libres a todos los niveles, incluso para la Presidencia de la República.
La diferencia entre esta negociación y las muchas infructuosas y manipuladas negociaciones que se han realizado en Venezuela desde hace 18 años, es que en esta ocasión no solo se discutiría el tema de las condiciones electorales, sino que en la agenda de estas negociaciones se incluirían todos los aspectos políticos, económicos y sociales de la crisis. De ahí que en ese comunicado los gobiernos firmantes califican la negociación de “integral.” Desde esta perspectiva, el diálogo entre las partes no se circunscribiría a precisar puntualmente las posibles condiciones de las elecciones regionales previstas para el próximo 21 de noviembre, que en esta ocasión pasarían a ser solo el primer paso de una larga y muy compleja marcha hacia la plena restauración de la democracia representativa. Una negociación aceptable, siempre y cuando el régimen que preside Nicolás Maduro demuestre sus buenas intenciones liberando de inmediato a todos los presos políticos, permitiendo el retorno al país de todos los exiliados, habilitando sin demoras a todos los partidos políticos y dirigentes actualmente inhabilitados a candidatos para cargos de elección popular y restaurando la libertad de prensa. Solo así la comunidad internacional le brindaría su apoyo a las actuales negociaciones y solo después de satisfacer estas exigencias se comenzarían a levantar las sanciones que desde tiempos de Obama y Trump se le aplican al régimen y a sus principales dirigentes.
Por su parte, Maduro ha declarado estar más que deseoso al diálogo y las negociaciones con sus adversarios internos y externos, pero siempre y cuando se levanten todas las sanciones dictadas por la comunidad internacional, se le devuelvan al régimen los activos que le han sido apropiados o bloqueados en el exterior y se reconozca la legitimidad de todos los órganos públicos del Estado venezolano.
Dos posiciones extremas, a partir de las cuales cada parte tendría que renunciar a algunas de sus pretensiones para poder alcanzar esa meta casi imposible de poner pacíficamente en marcha un auténtico proceso de cambios que le garantice a los venezolanos una transición ordenada y pacífica de la dictadura a la democracia. En función de lo que se ambiciona con esta etapa del proceso político venezolano, Juan González, director del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense para el hemisferio occidental, advirtió el pasado 15 de febrero, apenas tres semanas después de haberse instalado Joe Biden en la Casa Blanca, que el nuevo gobierno de Estados Unidos “no tiene planes para levantar las sanciones contra el gobierno de Maduro, sino que trabajaremos con la Unión Europea para aumentar la presión.”
En el marco de esta abierta confrontación, y una vez más con la mediación el gobierno noruego, se reiniciaron hace meses las hasta ahora siempre fallidas negociaciones entre el régimen y sus opositores, reales o figurados. De ahí que Guaidó le presentara al país y a la comunidad internacional el proyecto de lo que él y sus asesores entienden por un gran acuerdo de Salvamento Nacional, y pidió que la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional vuelvan a depositar su confianza perdida en una nueva mesa de diálogo, con el propósito de encontrar para Venezuela una solución negociada de la crisis. De ahí también que el régimen aprovechara los sangrientos sucesos que a finales de la semana pasada convirtieron a Caracas en un sangriento campo de batalla entre unos mil efectivos policiales y militares y las bandas delictivas que desde hace meses ocupan vastos sectores del suroeste de la ciudad, para apresar a Freddy Guevara, hombre de la mayor confianza de Juan Guaidó, y lo acusara de ser el instigador de esas bandas. Al mismo tiempo, un grupo de hombres armados con fusiles de asalto pero sin uniforme, trató de secuestrar a Guaidó en el estacionamiento del edificio donde vive y otros cuatro dirigentes que colaboran con él, incluyendo a su jefe del despacho, son acosados sin disimulo alguno por miembros de las fuerzas represivas del régimen. Atropellos ordenados por Maduro mientras la comisión técnica de la Unión Europeos continuaba su visita de inspección a Venezuela, con miras a la reunión cara a a cara de los representantes del régimen y la oposición dialogante, este mes de agosto, en México.
Como parte de estas gestiones, el viernes de la semana pasada, Gerardo Blyde, suerte de negociador jefe de Guaidó, regresó de un rápido viaje a Washington y Bruselas cuya finalidad era informar a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea el estado de esas negociaciones, que según lo informó Blyde a la prensa, ya estaban a punto de concluir con un acuerdo sobre “los temas de la agenda” a discutir. No ofreció Blyde ningún detalle de esa agenda, pero sí añadió que con esa eventual primera reunión de representantes de Maduro y la oposición agrupada en torno a Guaidó, se iniciará la segunda fase de las negociaciones. Lo que más llamó la atención fue que Blyde diera por hecho la celebración de esas elecciones regionales, que hasta ese día estaban condicionadas por el pronunciamiento conjunto de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a que Maduro acepte previamente las condiciones que se le exigían para que la oposición participe en la incierta jornada electoral del 21 de noviembre.
También llama la atención que Guaidó y los partidos que lo respaldan, si bien han denunciado y siguen denunciado la radicalización de la política represiva del régimen, no hayan asumido la posición anunciada el miércoles 14 de julio por Peter Stano, portavoz de la Unión Europea en materia de política exterior, quien señaló “que la detención de Freddy Guevara, el hostigamiento a otros opositores y a activistas de derechos humanos obstaculizan los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana.” Luego añadió que “el régimen debe garantizar los derechos civiles y políticos, la libertad y la seguridad de todos los actores políticos.” No lo mencionó en su declaración, pero sus palabras dan a entender que mientras Maduro y compañía persistan en esta política de asfixia represiva, la Unión Europea no participaría ni respaldaría las negociaciones. Mucho menos las elecciones de noviembre.
Ante ese imprevisto giro me pregunto ahora, ¿por qué Maduro, quien desde hace meses insiste en su deseo de dialogar con todos hasta encontrar un camino político para solucionar la crisis pacíficamente, no tuvo en cuenta para nada la presencia en Venezuela de la comisión técnica de la Unión Europea? ¿Lo hizo porque por si acaso se sintió obligado a identificarse con el radical endurecimiento de la política represiva del gobierno cubano, sorprendido por las estremecedoras manifestaciones de protesta ciudadana del 11 de julio, o simplemente lo hizo para dinamitar unas negociaciones que implicaban aceptar primero rectificaciones mínimas pero inamisibles para el sistema hegemónico y antidemocrático del régimen chavista? Y este enigma, ¿cuál será la posición, no electoralista sino política de Guaidó y los partidos que lo apoyan? ¿Aceptar los nuevos desmanes de un régimen que de ningún modo ha estado ni está dispuesto a modificar su política del todo o nada, intransigencia de indiscutible origen cubano, que en términos reales le arrebata la ínfima credibilidad que algunos le siguen atribuyendo a las negociaciones con el régimen y al manejo del Consejo Nacional Electoral de las eventuales elecciones regionales de noviembre? Es decir, ante estos nuevos atropellos del régimen, ¿contempla la oposición la alternativa de levantarse de estas trucadas negociaciones, o a pesar de todo los pesares sencillamente volverá a sus andadas de antaño y tragará lo que tengan a cambio de conservar unos pocos e insignificantes “espacios” burocráticos, al precio que sea? La próxima semana trataremos de darle respuestas a estas decisivas interrogantes.
