Armando Durán/Laberintos: Venezuela – Una oposición sin rumbo (y II)

   A finales de noviembre del año pasado los venezolanos se hacían un par de preguntas inquietantes. ¿Qué había pasado para que tras unos pocos días de tremendismo verbal, esta es una dictadura que ha roto el hilo constitucional, decían, y ya no queda otra alternativa que la rebelión popular, la dirigencia política de la oposición recuperara abruptamente las maneras y modos de la buena conducta democrática que hasta la rueda de prensa del viernes 20 de octubre había regulado las relaciones de la oposición con el régimen? Peor aún, ¿a qué acuerdos secretos se había llegado ese domingo y el fin de semana siguiente para que Carlos Ocariz, ahora portavoz de los representantes de la alianza opositora en la llamada Mesa de Diálogo, leyera la noche del sábado 12 de noviembre un comunicado en el que Gobierno y oposición expresaban su coincidencia con el régimen en torno a puntos tan inadmisibles como la existencia de una guerra económica contra Venezuela desatada, según los portavoces oficialistas, por los enemigos internos y externos de la revolución, aceptaban el desacato continuo con el que el Tribunal Supremo de Justicia hostigaba a la Asamblea Nacional, el reconocimiento igualmente inaceptable de que en efecto la oposición había hecho fraude en la elección del 6-D y la grosera adopción del término “personas detenidas” para identificar a quienes sin ninguna discusión eran pura y simplemente presos políticos?

   La indignación de la opinión pública fue unánime y no se hizo esperar. Sobre todo, porque a finales de ese mes desafortunado, monseñor Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, le hizo llegar a Nicolás Maduro una carta en la que lo exhortaba a fijar “sin dilación” un cronograma electoral, a liberar de inmediato a todos los presos políticos, a respetar la autoridad de la Asamblea Nacional como un poder autónomo y a abrir las puertas de Venezuela a canales humanitarios internacionales para asistir a los millones de venezolanos que sufrían la dramática escasez de alimentos y medicamentos generados por la crisis. En su carta, Parolin le advertía a Maduro que de no tener una respuesta satisfactoria del régimen, el Vaticano abandonaría su papel de facilitador del diálogo entre el Gobierno y la oposición.

   Pocos días más tarde, el 30 de noviembre, mientras los representantes del gobierno y la oposición se disponían a celebrar su cuarta reunión, prevista para el 6 de diciembre, los ciudadanos tenían la certeza de estar contemplando un espectáculo teatral chocante: como consecuencia directa de la desoladora rectificación opositora adoptada el 26 de octubre, la Asamblea Nacional cancelaba ahora el juicio político a Maduro y la anunciada marcha del 3 de noviembre a Miraflores para entregarle al presidente su “carta de despido”. Esta súbita marcha atrás de la MUD fue obra de la gestión conjunta de monseñor Claudio María Celli, representante personal del papa Francisco en la Mesa de Diálogo, y de Thomas Shannon, poderoso sub secretario del Departamento de Estado norteamericano. Muy poco le había importado a la dirigencia de la MUD que pocas horas después de la primera reunión Maduro le hubiera advertido al país que “ni con votos ni con balas me sacan más nunca de Miraflores” y que le hubiera recomendado al pueblo opositor aceptar que “la revolución bolivariana es irreversible.”

   En ese crucial tira y afloja opositor, sólo el padre jesuita José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, marcó distancia del Vaticano y de la dirigencia opositora que se había reunido dócilmente con los representantes del gobierno, al calificar estas palabras de Maduro como “una aberración política.” Por su parte, Shannon declaró, antes de marcharse de Venezuela, que este diálogo Gobierno-oposición “es la última y mejor oportunidad” de lograr una salida pacífica a la crisis. Si no se logra, sostuvo, la situación venezolana se haría “impredecible y peligrosa.” En esa misma línea, monseñor Celli afirmó que “si fracasa el diálogo, el camino podría ser el de la sangre.” Como si en realidad fuera posible una confrontación bélica entre un pueblo indefenso sin remedio y un ejército entrenado y equipado para la guerra.

   Mientras tanto, en el seno de la MUD estallaban sordas contradicciones. Voluntad Popular y Vente Venezuela, los partidos de Leopoldo López y María Corina Machado respectivamente, se negaban a participar en la reunión prevista para el 6-D. En cambio, dirigentes como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles, que ya habían perdido buena parte de su capital político en una Mesa de Diálogo que a fin de cuentas sólo había servido para oxigenar a un régimen que agonizaba, sostenían que de ningún modo podía la oposición levantarse de la Mesa de Diálogo. Finalmente, los venezolanos de a pie, acosados por las consecuencias más despiadadas de la escasez y la hiperinflación, y hartos de la inacción de sus presuntos dirigentes políticos, les exigían, con toda la razón del mundo, una solución global a la crisis, a muy corto plazo.  

     De repente, a la oposición se le cerraban las alternativas. “El diálogo ha muerto”, se sintió entonces obligado a declarar Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática y todavía presidente de la Asamblea nacional para no romper los tenues hilos que aún lo vinculaban con los ciudadanos. El diálogo “es una estafa”, denunciaba a su vez el dos veces candidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles. “No volveremos a sentarnos a la Mesa de Diálogo”, le añadió leña al fuego de las contradicciones Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza y hasta entonces uno de los principales promotores del entendimiento con el gobierno, sobre cuyas espaldas caería bien pronto toda la culpa del súbito colapso opositor.

   Lo cierto es que Maduro, acorralado por una economía que hacía aguas por todas sus costuras y por la preocupación que manifestaban al alimón el Vaticano y Washington por el rumbo cada día más incierto e impredecible que tomaba la crisis venezolana, había terminado por aceptar sentarse el 30 de octubre a una Mesa de Diálogo que en verdad no lo era. No tenía otro remedio. De paso, con su elástica decisión obligaba a la MUD a dar un paso tan en falso, que los venezolanos al fin comprendieron que esa dirigencia no los representaba y tampoco los protegía. No le hicieron el menor caso a las siguientes convocatorias a protagonizar protestas convocadas por la MUD sin otro propósito que el de hacer un gesto inútil y se sintieron, irremediablemente, víctimas indefensas de la mala fe del régimen y de la incoherencia de ese sector complaciente de la oposición. El epílogo de esta lamentable historia de desencuentros e inexplicables confabulaciones fue el hecho de que la desesperanza se impusiera en el ánimo de los ciudadanos. Sin la menor duda, se trataba de un gran logro del régimen.

   Así las cosas, al iniciarse el año 2017, la oposición, al decidir reestructurar la MUD, hizo dos anuncios que en la práctica no han tenido la la menor importancia. El primero, desde todo punto de vista innecesario porque ese había sido el argumento empleado para descartar la asistencia opositora a la reunión del 6 de diciembre, reiteraba que mientras el régimen no accediera a satisfacer las cuatro exigencias de monseñor Parolin, la MUD no volvería a sentarse a la Mesa de Diálogo. El otro, que era preciso reestructurar la MUD como instrumento único del pueblo opositor y que ello implicaría una modificación substancial en el comando de la alianza y en su estrategia. En el fondo, la reestructuración cambiaba algunos aspectos de su decoración mientras dejaba intacta su objetivo, desde un primer momento y hasta ahora exclusivamente electoral y conciliador, pero Maduro sintió que al margen de lo que hiciera la MUD, al cambio de posición del Vaticano se añadía la indignación de la comunidad internacional, dos circunstancias que debilitaban al régimen gravemente. Aislado de un país que según todos los sondeos de opinión lo rechazaban en una proporción de 80 a 20, y de una comunidad internacional que parecía haber perdido la paciencia, Maduro nombró entonces, por decisión propia o porque ya carecía de liderazgo suficiente para controlar la marcha del régimen, a Tareck El Aissami, ex ministro del Interior y actual gobernador del estado Aragua, como nuevo vicepresidente ejecutivo del gobierno. Un mensaje muy poco alentador para el país, pues El Aissami, venezolano de origen sirio estrechamente vinculado a Hezbolá y a otros movimientos radicales del Medio Oriente, representaba al sector más duro e intransigente del chavismo. Para los venezolanos, el mensaje era claro: si la oposición no daba su brazo a torcer, el régimen, con Maduro o sin él, estaba resuelto a apretar todos los resortes represivos de la “revolución bolivariana.”

   En el marco de ese clima de tensión creciente, Maduro le pidió al papa Francisco que convocara a los representantes del gobierno y la oposición a reanudar sus conversaciones, esta vez en el Vaticano. Precisamente para promover esa última y desesperada jugada, José Luis Rodríguez Zapatero regresó a Caracas hace apenas una semana. Se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores y muy discretamente con algunos dirigentes de la oposición.

   En esta ocasión, sin embargo, la Iglesia hizo causa común con el sector menos apaciguador de la oposición. El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, declaró que “el gobierno se burló del Vaticano con el diálogo, sigue avanzando en su línea totalitaria y dictatorial, y eso es contradictorio con la supuesta voluntad de entablar un diálogo con la oposición.” El sacerdote jesuita Luis Ugalde, quien durante 20 años fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello y es una de las voces más influyentes y respetadas en el país, a finales del año pasado había sorprendido a la opinión pública sosteniendo en una entrevista periodística que no se alcanzaría una verdadera solución de la crisis venezolana si en ella no se incluía la participación activa de las fuerzas armadas, como había ocurrido en el proceso que culminó con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahora Ugalde hacía otra denuncia categórica: “Hay un vacío de liderazgo realmente trágico en la oposición.” Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, anunciaba su disposición a replantear en el Consejo Permanente de la institución la conveniencia de aplicarle al gobierno Maduro las sanciones contempladas en la Carta Democrática Interamericana, proyecto que había sido neutralizado en junio del año anterior por las expectativas generadas en los gobiernos del hemisferio por el diálogo que desde entonces promueve dúo Maduro-Rodríguez Zapatero. “El diálogo”, sentenciaba Almagro desde su despacho en Washington, “ha sido una excusa del gobierno venezolano para seguir violando la Constitución.”

   Al escribir estas líneas, miércoles primero de marzo al mediodía, la MUD sigue guardando un enigmático silencio sobre su futuro y sobre una nueva ronda de negociaciones con el gobierno. Los partidos del recién liberado ex gobernador del Zulia Manuel Rosales y del gobernador del estado Lara, el ex chavista y desde hace poco miembro de la cúpula de la MUD, Henri Falcón, insisten en la necesidad de reanudar esas conversaciones, en el Vaticano o donde sea, una posición que confirmaba la sospecha de que en realidad ambos partidos han llegado a algún acuerdo de colaboración con el régimen. Por su parte, Ramos Allup (Acción Democrática) y Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea General y encargado de la coordinación de Voluntad Popular desde el encarcelamiento de Leopoldo López, rechazan tajantemente su asistencia a nuevas reuniones con representantes del gobierno, mientras Maduro no acepte las cuatro exigencias formuladas por monseñor Parolin. Julio Borges, actual presidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Primero Justicia, el partido fundado hace años por él, por Capriles y por Leopoldo López, no habla de condiciones pero sí declaró que aún no ha tomado una decisión sobre el espinoso tema, aunque no descartaba a priori sentarse de nuevo a la Mesa de Diálogo. Por último, María Corina Machado (Vente Venezuela) y el encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) ni siquiera se preocupaban de fijar posición. Para ellos, este “diálogo” sencillamente carece de sentido. Como advertía Ugalde la semana pasada, para ellos resulta absurdo enfrentarse a un gobierno de facto con acciones de jure.

   Lo que sí está claro es que por ahora, la MUD, como si en efecto hubiera llegado al fin de su ciclo vital, carece de un objetivo definido y una estrategia única. Una pérdida de rumbo en verdad trágica para la causa de la democracia venezolana. Y un ingrediente que fortalece la convicción de que la oposición venezolana, más allá de sus graves contradicciones internas, sencillamente no ha estado ni está a la altura del desafío que la mal llamada “revolución bolivariana” le plantea a Venezuela como nación. Una situación que le impone a los ciudadanos, apenas un año después de su extraordinaria victoria en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, una dramática alternativa. O el pueblo opositor entiende la urgente necesidad de generar una nueva dirigencia política que asuma sin la menor vacilación el objetivo de fijarle un nuevo rumbo estratégico al país para cambiar de presidente, gobierno y régimen en el más breve plazo posible y al precio que sea, o tendrá que conformarse a correr la misma triste suerte del pueblo cubano, a 22 meses de cumplir 60 años de dominación comunista. Quiéranse o no, en este punto del proceso político venezolano, estas son las dos únicas y muy difíciles opciones políticas y existenciales que el destino le presenta a los venezolanos. Nada más, nada menos.