Así destruyeron Ortega y Murillo la Constitución Política de Nicaragua

La Constitución Política de Nicaragua lleva una década moldeándose a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los cambios les permitieron reelegirse indefinidamente, arrebatarle la nacionalidad a los supuestos “traidores a la patria”, cambiar la naturaleza de la Policía y ahora, con la nueva Constitución “Chamuca”, dominarán a su gusto y antojo.

La nueva Constitución “Chamuca”, a la medida de la vicepresidenta Rosario Murillo, fue precedida por ocho reformas constitucionales ejecutadas desde febrero de 2014, según un recuento verificado por CONFIDENCIAL. Aunque los cambios se vienen encaminado desde 2009, cuando Ortega consiguió que una resolución de la Corte Suprema de Justicia rompiera el candado constitucional para poder reelegirse en 2011.

En 2009, Ortega intentó conseguir su primera reelección a través de una reforma a la Carta Magna vigente, que desde 1995 prohibía la reelección presidencial, pero no consiguió los votos necesarios en la Asamblea Nacional. Así que optó por un recurso de amparo que fue admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada por magistrados orteguistas.

Reformas de 2014, el parteaguas 

El 10 de febrero de 2014, anticipándose a las votaciones presidenciales de 2016, en las que competiría con su esposa, Rosario Murillo, entró en vigencia la primera serie de reformas constitucionales que incluyó 43 modificaciones a la Carta Magna.

Los cambios permitieron la reelección indefinida de los gobernantes, la posibilidad de elegir al presidente en primera vuelta con la mayoría de votos y también le dieron a Ortega el poder de emitir decretos con fuerza de ley y de mantener los cargos de los funcionarios públicos por tiempo indefinido.

También, estableció la alianza entre el empresariado y el régimen, “con el fin de buscar diálogo y consenso”, y se eliminó la prohibición de que cualquier militar en función optara por una candidatura presidencial.

“Las reformas de 2014 fueron mucho más concentradoras de poder que las constituciones de la época de la dictadura somocista”, dijo en 2021, el fallecido académico Carlos Tünnermann Bernheim.

En 2020 hubo una adicción a la Constitución, pero en esta ocasión fue para incorporar en el preámbulo a Blanca Aráuz, la esposa de Augusto C. Sandino, como heroína nacional, y al prócer de la independencia, Tomás Ruiz.

En 2021, la Carta Magna volvió a ser reformada al incluirse un segundo párrafo en el artículo 37, el cual permitió la imposición de cadena perpetua revisable a condenados por delitos graves “cuando ocurran de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.

2023: Cinco reformas constitucionales en un año

De febrero a noviembre de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó cinco reformas constitucionales. El objetivo de esas reformas fue reprimir a los opositores, castigar a los policías desertores y despojar del porcentaje del presupuesto establecido al Poder Judicial.

Todas estas reformas fueron ratificadas en segunda legislatura en 2024, tal como lo establece la ley. Sin embargo, entraron en vigencia desde su primera publicación en el diario oficial La Gaceta, en 2023.

El 9 de febrero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó de forma exprés una reforma a la Constitución Política de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a 222 presos políticos, quienes horas antes habían sido “deportados” hacia Estados Unidos y despojados sus derechos civiles y políticos mediante una sentencia judicial.

La reforma —que fue aprobada con 89 votos, de un total de 91— modificó el artículo 21 de la Constitución para adherirle: “Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense”.

En julio de 2023, la dictadura ejecutó una serie de cambios legislativos para subordinar completamente a la Policía Nacional, su principal brazo represor, y para castigar las deserciones.

Los cambios incluyeron una reforma al artículo 97 de la Constitución, con el que cambiaron la naturaleza apolítica de esta institución y establecieron que la Policía Nacional es un cuerpo subordinado del Presidente. Además, eliminaron “el carácter civil” de la Policía Nacional y la dejaron solo como “un cuerpo armado”.

Estas reformas “hacen a un lado lo de (Policía) apolítica, apartidaria y el modelo preventivo, proactivo y comunitario. En lugar de eso, se puso de relieve “la tarea de preservar el orden social y el orden interno”, valoró a CONFIDENCIAL un experto en temas de seguridad, que pidió anonimato.

En noviembre de 2023, la dictadura reformó los artículos 165, 159 y 138 de la Constitución Política. La primera modificación fue publicada el primero de noviembre de 2023 en el diario oficial La Gaceta.

La reforma al artículo 165 le quitó al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial, el poder de supervisar el “funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.

Asimismo, cambió la redacción de los numerales 5 y 6 en los cuales se establecía la obligación del Consejo de nombrar a los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil. También le quitó la responsabilidad de instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas disciplinarias. Y todas esas funciones fueron traspasadas a la Procuraduría General de la República.

El 24 de noviembre de 2023, se publicó la segunda reforma vinculada al Poder Judicial que modificó el artículo 159, mediante el cual el orteguismo eliminó el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley le correspondía a esta institución.

Y el 28 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la reforma al artículo 138 que le quita a este órgano legislador la facultad para elegir al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y también lo trasladó a la Procuraduría General de la República.

La Constitución “Chamuca”

El 18 de noviembre de 2024, Ortega envió a la Asamblea Nacional una supuesta “reforma parcial” a la Constitución que en realidad se trata de una reforma total a la Carta Magna, para terminar de hacerla a la medida de él y su esposa, Rosario Murillo.

La Constitución “Chamuca” inventa una “copresidencia” para Murillo, elimina la pluralidad política y la autonomía de poderes del Estado, con la modificación de más de un centenar de artículos de la Constitución Política.

Por los alcances de estos cambios, se trata de “una reforma total y no parcial” como plantea Ortega en la exposición de motivos de la iniciativa, explicaron a CONFIDENCIAL expertos en derecho constitucional.

Las modificaciones incluyen la instalación de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, la instalación de los policías voluntarios, conocidos popularmente como “paramilitares”, la subordinación del Ejército de Nicaragua a la Presidencia, entre otros cambios que en la práctica cambian todo el sistema de organización política del país.