Así operó Odebrecht en República Dominicana

La Constructora Norberto Odebrecht aterrizó en República Dominicana en el año 2002 con una obra para abastecer agua potable a cinco provincias. Así, bajo el entonces gobierno del presidente Hipólito Mejía se le otorgó la licitación del Acueducto Línea Noroeste en 2002, permitiéndole a la gigante brasileña sentar las bases para constituirse en la constructora favorita del Estado dominicano para la ejecución de obras públicas: 18 contratos por un monto de 4,540 millones dólares en 12 años, que incluyen una obra adjudicada bajo la administración de Fernández que no figura ni en los registros del Ministerio Público dominicano ni en las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht, enjuiciados en Brasil por el caso Lava Jato.

Esta investigación realizada por la periodista dominicana Hogla Enecia Pérez para Diario Libre, muestra cómo, bajo la administración de Mejía y los dos presidentes que lo sucedieron, Leonel Fernández (que fue reelecto) y Danilo Medina, 15 de estos contratos costaron 1,951 millones de dólares más de lo estipulado en el presupuesto inicial, teniendo un costo final de 6,491 millones. Aunque el sobrecosto en una obra adjudicada no necesariamente significa que todo ese monto sean fondos para la corrupción, en el caso de Odebrecht si se ha constituido en una poderosa señal de alerta pues el mismo empresario brasilero al mando de la constructora, Marcelo Odebrecht, expuso ante la justicia que la mecánica corrupta de la empresa sí consistía en recolectar dinero de los sobrecostos para poder pagar los sobornos que se pagaban en varios países de la región.

Así lo demuestran, además, las recientes revelaciones de la investigación periodística trasnacional titulada “División de Sobornos” liderada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y que en República Dominicana contó como aliado local con el programa El Informe, con Alicia Ortega. En sus hallazgos se evidencia cómo desde el ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’ (Vea nota sobre el funcionamiento de esta dependencia), una división de Odebrecht creada con el objetivo de manejar los sobornos que otorgaba la empresa para ganar contratos de obras en toda la región, que operó por un tiempo en República Dominicana,  se habrían pagado aún más sobornos que los que ya Odebrecht ha reconocido haber girado en procesos ante la justicia de Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

A partir de una filtración que permitió acceder al sistema Drousys, un mecanismo de comunicaciones encriptado usado para llevar la información del pago de sobornos, la investigación transnacional revela que los sobornos no solo a políticos, sino a “destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas” (Ver División de Sobornos del ICIJ). Con lo relacionado a las obras realizadas en República Dominicana, la investigación muestra que se encontraron más de 39 millones de dólares en pagos secretos asociados con la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina, luego de que dos investigaciones oficiales de este país declararon que no habían encontrado irregularidades en este proceso. (Ver nota US$39.5 millones en pagos asociados a Termoeléctrica Punta Catalina, de NoticiasSin).

Todo indica que aún falta mucho por salir a la luz. Ante la Justicia brasilera ya habían dado detalles de las operaciones corruptas el exgerente de la empresa para República Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, y el exdirector de la División de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Las coimas, dijo Alves da Silva Filho, eran posibles gracias al 22 por ciento extra que se agregaba a cada obra. Si se sigue ese cálculo riguroso, dominicana habría aportado unos 294 millones de dólares a ese departamento de sobornos. Es por eso que se hacía necesaria una investigación enfocada en seguir el rastro de los sobrecostos de las obras de la constructora, como esta, de la periodista dominicana Hogla Enecia Pérez para Diario Libre, en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Gracias a estas adjudicaciones, República Dominicana está en el top tres del ranking latinoamericano de incrementos presupuestales en obras otorgadas a Odebrecht. La mayoría de los incrementos fueron por obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos.

Esta investigación rastreó los contratos de obras adjudicadas, las adendas, relación de pagos y cubicaciones de las concluidas y en construcción, y desarrolló una herramienta que muestra por primera vez los sobrecostos de Odebrecht en República Dominicana. De las 18 obras adjudicadas, 10 sobrepasaron el umbral del 25 por ciento de aumento presupuestal permitido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Además contravinieron la ley: 11 fueron sin licitación y cuatro se adjudicaron sin contraparte dominicana.

Todo empezó bajo el gobierno del Presidente Hipólito Mejía donde obtuvo dos obras por 293 millones de dólares, en la época que Odebrecht gozaba de buena reputación y comenzaba a consolidarse en la región. La primera fue el Acueducto Línea Noroeste, por licitación, para abastecer de agua potable a cinco provincias del noroeste del país por 161 millones de dólares. Siete meses después, le adjudicaron de manera directa la hidroeléctrica Pinalito por 131 millones.

Para conseguir que la brasilera se quedara con el Acueducto, primero se revocó el contrato de adjudicación directa a la constructora Andrade Gutiérrez, que ya lo tenía, para dárselo a Odebrecht en consorcio con la dominicana Amina. Pero Odebrecht no pudo conseguir financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), así que tuvo que buscar de nuevo a Andrade Gutiérrez y su contraparte dominicana, Hidráulica Agrícola Civil (Haycivilca), para aprovechar el financiamiento que le había aprobado el BNDES a Andrade. La obra se adjudicó el 7 de marzo de 2002 al Consorcio Acueducto Línea Noroeste, integrado por Andrade Gutiérrez, Hidráulica Agrícola Civil, Constructora Norberto Odebrecht y Amina.

La firma del contrato para hacer la hidroeléctrica Pinalito ahorró la burocracia: se la adjudicó a Odebrecht de manera directa el 30 de octubre del 2002, sin contraparte dominicana. Después de firmado el contrato, la multinacional convirtió a Constructora Polanco en su socia local. Pinalito es una de las dos con mayor porcentaje de sobrecostos: 226 millones más, lo que representa un 172 por ciento de incremento. Pero el mérito de la suba fue bajo la administración del presidente Leonel Fernández, donde se hicieron modificaciones al contrato que dispararon el presupuesto.

De hecho, para Odebrecht los platos fuertes fueron durante las dos presidencias de Fernández. Político tradicional que ya había sido presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entre 1996 y 2000, cuando asumió el segundo de sus tres mandatos, el 16 de mayo de 2004, quería convertir a la capital dominicana en un “Nueva York Chiquito” y pensaba que la construcción era un camino para lograrlo.

Metro, carreteras, elevados y túneles. Durante este periodo se asignaron 14 obras a la multinacional por 2,219 millones de dólares, convirtiéndola en la principal contratista del Estado. La herramienta desarrollada para esta investigación muestra que al final de sus dos mandatos, en el año 2012, terminaron costando 3,201millones de dólares: un aumento presupuestal de más de 982 millones de dólares. Nueve de esas obras sobrepasaron el umbral de 25 por ciento de aumento permitido por la Ley de Compras y Contrataciones.

Las que más sobrecostos tuvieron fueron el Acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, con el 172 por ciento y la hidroeléctrica Palomino, con 165 por ciento. Palomino fue adjudicada en abril de 2005 de manera directa sin tener, al momento de otorgarla, una contraparte dominicana. Para subsanar la falta legal, un año y dos meses después de la adjudicación, el 6 junio 2006, Odebrecht se consorció con Consultores & Contratistas Amiro Santana (hoy Conamsa), propiedad del entonces enlace comercial de Odebrecht para Santo Domingo, Ángel Rondón. La sociedad se disolvió 15 noviembre 2007, cuando Amiro transfirió todos sus derechos a Odebrecht.

Otra de las obras adjudicada bajo la administración de Fernández con uno de los índices más altos de sobreprecio es la Autopista del Coral y Circunvalación La Romana, con una diferencia de 148 por ciento entre lo presupuestado y lo que finalmente costó. Los aumentos no solo fueron mediante modificaciones al contrato: a esa obra, bajo la administración de Danilo Medina se autorizaron pagos por 113 millones de dólares fuera de lo contemplado en la adenda de la Circunvalación.

Un proyecto que acaparó la atención durante el segundo gobierno de Fernández fue la construcción de la Autovía del Este, que incluía la carretera San Pedro de Macorís y la administración del Peaje de la Autopista Las Américas. La obra se adjudicaron bajo la administración de Hipólito Mejía a la Compañía Concesionaria Dominicana de Autopistas (Codacsa) el 21 de noviembre del 2001, sin embargo en septiembre del 2009 el Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato alegando incumplimiento. Por esa decisión Codacsa demandó al Estado ante un tribunal arbitral y ganó. Roberto García, consejero delegado de Codacsa, denunció, en esa época, que por sugerencia del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, escucharon una oferta económica que le hizo Odebrecht para adquirir el proyecto pero ellos no aceptaron. Bajo la administración de Danilo Medina es que finalmente se le da por contratación directa a Odebrecht, el 26 de noviembre del 2012, la construcción de la Carretera San Pedro de Macorís. Costó un 27 por ciento más de lo presupuestado.

Hay otra obra adjudicada bajo la administración de Fernández pero no figura en los registros del Ministerio Público dominicano ni en las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht, enjuiciados en Brasil por el caso Lava Jato. En el marco de esta investigación se constató que la compañía extranjera rehabilitó la hidroeléctrica Jigüey-Aguacate, pero no declaró a la Fiscalía que fue la responsable de hacerlo, en principio, por 10 millones de dólares, ni que el contrato fuera firmado en el 2012 por la empresa CPBO Dominicana de Marco Vasconcelos, quien al mismo tiempo era gerente de Odebrecht. Fue sin licitación y amparado en un decreto de declaratoria de emergencia emitido en el año 2007. Costó un 80 por ciento más de lo acordado: 19 millones.

En 2012 asumió el poder al actual presidente Danilo Medina, un hombre pragmático de las filas del partido de Liberación Dominicana. La suerte de la gigante de Brasil no cambió:  bajo esta nueva administración obtuvo dos contratos por 2,027 millones de dólares, que terminaron costando 358 millones más.

El más jugoso fue el de la Termoeléctrica Punta Catalina por 1,945 millones de dólares, que obtuvo mediante licitación junto a Ingeniería Estrella. La obra que está en ejecución pero ya tiene un aumento en su presupuesto del 17 por ciento por ciento, fue cuestionada tanto por la sociedad civil como por empresas que participaron y otras que querían participar en la licitación. Hubo denuncias de irregularidades, fraudes y favoritismos. Odebrecht declaró a las autoridades judiciales dominicanas que lograron esa obra gracias al pago de sobornos y las buenas gestiones de Ángel Rondón, su enlace comercial.

Eso no fue lo único. El consultor internacional Rodolfo Cabello, quien junto a la firma internacional Stanley Consultants dirigió el proceso de licitación pública internacional, es actualmente miembro del Consejo de Administración del Grupo Estrella. En su momento este grupo empresarial remitió una comunicación a medios de comunicación local diciendo que esta relación de ninguna manera influyó en los resultados de la licitación (Ver nota Rodolfo Cabello y Grupo Estrella).

Si a las dos obras que bajo la administración de Medina adjudicó a Odebrecht se suman las modificaciones a cuatro de las seis dejadas sin concluir por el presidente anterior, resulta que bajo la actual presidencia se han aprobado a Odebrecht aumentos de 742 millones de dólares: casi el 50 por ciento de ese monto fue después de que estalló el escándalo Lava Jato. El 17 de septiembre del 2018 se inyectó 336 millones a Punta Catalina.

A través de Griselle Genao, Gerente de Comunicaciones del Grupo Estrella, esta investigación consultó sobre los mayores valores asignados a los proyectos en los que participó con Odebrecht y su respuesta fue que “no tiene conocimiento ni constancia de que existan sobrecostos en las empresas que ha participado”. “Hemos sido consorciados y subcontratistas en 4 de las 17 obras contratadas a Odebrecht”, aclaran en su comunicado, “así como suplidores de hormigón y acero en otras”.

De las 18 obras, seis no están terminadas. En un recorrido por los proyectos se observó que algunas no parecen haber cumplido los fines prometidos. Un ejemplo es el Acueducto de la Línea Noroeste: no abastece de agua a comunidades como Cerro Gordo, Peña Arranchadero, algunos sectores de El Pocito, La Caída, entre muchas otras más de los municipios Mao y Montecristi, que figuraban en el proyecto inicial. Los elevados del Corredor Duarte no han mejorado el tránsito como estaba previsto: cada día hay más tapones. También las hidroeléctricas Pinalito y Palomino no han generado la energía eléctrica prevista.

Al momento de ser adjudicadas no se sabía, pero cuando en 2014 estalló el Caso Lava Jato en Brasil se supo que la especial inclinación del Estado dominicano para contratar a Odebrecht estaba avalada por la experiencia, las facilidades de financiamiento en el mercado internacional y los pagos de altas sumas de dinero en sobornos a políticos y empresarios.

La multinacional admitió ante el Ministerio Público dominicano haber pagado 92 millones de dólares entre el 2001 y el 2014 a cambio de jugosos contratos. La confesión llevó a un acuerdo de colaboración ratificado por los tribunales, que obligó a Odebrecht a retribuir 184 millones de dólares al Estado, o sea, el tres por ciento del monto global de sus 18 contratos.

En República Dominicana quien repartía el dinero que garantizaba la adjudicación de proyectos, aprobación de financiamientos en el Congreso Nacional y liberación de fondos, era Ángel Rondón Rijo, un próspero empresario dominicano con inversiones en diversos sectores de la economía nacional e internacional y enlace comercial de Odebrecht con el Estado dominicano, según dijo Marco Vasconcelos, exgerente de la empresa brasileña.

Pero las estrategias de Odebrecht no se enfocaron únicamente hacia quienes le adjudicaron las obras: encantó también a las grandes empresas constructoras del país, convirtiéndolas en socias locales. Si bien no tuvo un socio local para rehabilitar el Complejo Hidroeléctrico Jigüey-Aguacate ni construir las carreteras Casabito-Constanza, Rehabilitación de Casabito-Constanza y Río-Jarabacoa, como ordena la Ley 322 para las empresas de capital extranjero, en las otras 14 obras sí tuvo.

La socia preferida fue Ingeniería Estrella, con quien se conformaron tres consorcios para cuatro obras adjudicadas mediante licitación. Además, el Grupo Estrella también fue subcontratado para otras tres obras ejecutadas por Odebrecht, según explican en su portal web; Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de Samaná.

El Ministerio Público no investigó la obra de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Jigüey-Aguacate. De enero del año 2017 a julio 2018, incluyó en sus averiguaciones 17 obras. A solicitud del procurador general, Jean Alain Rodríguez, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana desde hace casi dos años se encuentra realizando una auditoría forense a los proyectos ejecutados por Odebrecht.

A pesar del escándalo internacional y la admisión de culpabilidad de Odebrecht, la empresa en República Dominicana únicamente fue inhabilitada provisionalmente del Registro de Proveedor del Estado hasta tanto el Ministerio Público finalice la investigación y presente acto conclusivo. El artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones en este país establece que el soborno es una de las cuestiones que se tomarán en cuenta para la inhabilitación por un período de hasta cinco años o permanentemente.

Odebrecht respondió a esta investigación diciendo que “rechaza categóricamente la existencia de sobrecostos y desconoce cualquier información o referencias de autoridades, de especialistas o auditores privados que indique sobrecostos en nuestras obras”. Según la constructora a través de un mensaje de su representante Claudio Castro, “todas las informaciones solicitadas por las autoridades fueron entregadas por Odebrecht de forma amplia e irrestricta en el marco del acuerdo de colaboración firmado con la Procuraduría General de la República y homologado por la justicia”. Concluye diciendo que siguen “en la disposición de colaborar con las autoridades de República Dominicana, si así fuera solicitado”. Una labor que a la luz de las nuevas revelaciones, se esperaría que se volviera a activar.

Ver este artículo en Diario Libre 

Este reportaje fue realizado por Hogla Enecia Pérez para Diario Libre (https://www.diariolibre.com/) en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.