Así penetraron los señores del narco el poder político de Honduras
La cadena perpetua en EE UU contra el hermano del presidente por tráfico de drogas revela el esquema de las redes mafiosas para infiltrar el Estado de los países de Centroamérica
«El Estado y el narcotráfico son una simbiosis. Las redes del negocio del tráfico de drogas penetran hasta los más altos niveles del Estado en varios países centroamericanos, especialmente en Honduras y El Salvador. La cadena perpetua dictada en un Tribunal de Manhattan contra el hermano del presidente hondureño, el exdiputado Juan Antonio Hernández, revela hasta qué punto los grupos del crimen organizado han penetrado en las más altas esferas del Estado hondureño».
El experto en geopolítica y seguridad en Centroamérica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Chimal, explica a LA RAZÓN que el juicio contra ‘Tony’ Hernández es «sólido» pese a que el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, ha calificado de «falsas» las acusaciones de la Justicia estadounidense contra su hermano pequeño de 42 años.
El líder del país centroamericano ha sido señalado como «co-conspirador». Varios testigos aseguran que se reunió con el capo Giovanny Fuentes para recibir dinero para una de sus campañas en un proceso también instruido en Nueva York. Su hermano ha sido condenado a prisión de por vida por tráfico de drogas hacia Estados Unidos, tenencia ilícita de armas y falso testimonio. «La sentencia se puede recurrir pero es muy poco probable que cambie», apunta Chimal. El presidente Hernández también ha sido vinculado con el Chapo Guzmán quién supuestamente donó dinero para uno de sus procesos electorales. El líder del país centroamericano nunca ha sido acusado formalmente por la Justicia estadounidense.
El negocio del narco tiene cada vez más presencia en Centroamérica. «Honduras y El Salvador son los dos países donde más se ha incrementado la presencia del narco en los últimos años», señala Chimal. El académico resalta dos motivos principales: las nuevas rutas del narco en los años 90 y la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México en la primera década del siglo XX.
«La necesidad de nuevas rutas comerciales más allá de la ruta caribeña tradicional de los narcos colombianos trasladó el negocio a Centroamérica. Más adelante la gran presencia militar en México provocó que los cárteles se sintieran más cómodos manejando las operaciones en países menos vigilados. Hay que recordar que México es uno de los países con más militares patrullando del mundo. Los cárteles entendieron que en otros países era más sencillo almacenar las toneladas de droga y organizar las operaciones», detalla Chimal.
El académico sostiene que las operaciones militares contra el narcotráfico conllevan más problemas que soluciones: «La guerra contra el narco termina siendo una guerra contra los ciudadanos de a pie. La población civil muere en muchas de estas maniobras para combatir grupos criminales en Centroamérica. El caos del narcotráfico no se va a resolver con más violencia».
Las intervenciones de Estados Unidos en operaciones antidroga en Centroamérica han sido constantes desde la aprobación del Plan Colombia en 1999 durante la Presidencia de Bill Clinton. «Este papel de Estados Unidos es preocupante porque constata que no se fía de los países donde se produce la droga para que mantengan vigiladas a las grandes de narcotraficantes. Sin embargo, la Justicia allí tampoco ha detenido a grandes narcos estadounidenses en su territorio. Es increíble que uno de los países que tiene un mayor nivel de consumo no tenga en su haber grandes narcotraficantes como sí los encuentra en muchos países latinoamericanos. No todos los capos en EE UU pueden ser mexicanos, hondureños o salvadoreños».
El juicio «está bien armado y las pruebas son sólidas» pero «se juzga bajo un argumento que tiene que ver con intereses políticos que no debemos perder de vista». Chimal apunta que EE UU utiliza las investigaciones contra el tráfico de estupefacientes para marcar alianzas en la región: «El Gobierno de EE UU fue el primer en apoyar a Hernández en su reelección en 2017 cuando la Organización de Estados Americanos mantenía sospechas de fraude electoral. La gran pregunta es por qué ahora tienen interés en juzgar al hermano del presidente».
Chimal considera que deben explorarse formas más amplias de combatir el narcotráfico: «La estrategia de lograr la desaparición de la violencia del narco enviando grupos de militares armados no es efectiva. A menudo nos centramos en los países productores. Es importante revisar las tácticas también en los países consumidores como Estados Unidos».
Chimal ha trabajado en proyectos de lucha contra la dramática violencia en Centroamérica. Sus años de experiencia le llevan a proponer la exploración de nuevas estrategias: «La ilegalización genera una violencia descontrolada que invade todo. Las sustancias estupefacientes deberían ser un problema de salud pública y se han convertido en un gravísimo problema de seguridad. Ningún país es efectivo con esta estrategia. El narco no se detiene. El camino es una regularización para frenar la violencia que genera la ilegalización. No tanto para reconocer el derecho a la libertad individual. Estamos muy lejos. Las cuestiones culturales, morales y religiosas no permiten organizar un plan de regularización de las sustancias ahora prohibidas para un consumo no penado que sería beneficioso en muchos puntos. La legalización de la marihuana en Estados Unidos demuestra que es un proceso evolutivo. Hace 40 años hubiera sido imposible pensar en el tráfico legal de la planta del cannabis».