Nuevos concejales y nuevos legisladores estadales en todo el país, asumen por decisión del pueblo de sus municipios y regiones, competencias de representación, legislación y control que la Constitución de la República, las leyes, así como las respectivas constituciones de los estados.
A los concejos municipales incumbe un cuerpo de competencias amplio que detalla la Carta Fundamental y desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, entrelazadas. Son, por cierto anteriores a la República y, como afirmaran Gabaldón Márquez y Tamayo Gascue, su raíz.
El caso de los consejos legislativos de los estados es un poco diferente. Siempre importante, la competencia legislativa estadal es más reducida aunque debo subrayar que no menos significativa, dada la doble condición democrática y federal descentralizada del estado venezolano.
El órgano deliberante regional fue tema polémico en la Constituyente del noventa y nueve, incluso se propuso eliminarlos, lo que habría sido un contrasentido con la consagración detallada del federalismo, mucho más desarrollada que en su antecesora. En lo relativo al control, aparte del político asociado a la representación, tiene el presupuestario en la ley anual y en los créditos adicionales. En lo legislativo, aparte de lo indicado en el artículo 162 constitucional, destaco lo dispuesto en el 165 acerca de las competencias concurrentes y en su segundo párrafo la descentralización y transferencias hacia los municipios.
Ambos nos permiten recordar dos asuntos en los que el liderazgo del país, acaso hipercentralizado a despecho de la pauta constitucional, está en mora. De lo primero, escasean leyes de base nacionales que posibiliten el desarrollo legislativo en cada estado. De lo segundo, nunca conformarnos con que la descentralización se quede empozada en las capitales y no llegue tierra adentro en su geografía, como debería.
Como no basta la preocupación sin ocupación, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con profesores y centros académicos de las regiones, ha comenzado un ciclo nacional de cursos básico a concejales y legisladores, para apoyar su servicio en la tarea de legislar para todos, sin divisiones, sin exclusiones, sin discriminaciones, como corresponde a una democracia.