Biden ante el enorme reto de la crisis en Venezuela

Uno de los principios que regirá la política exterior de Joseph Biden para responder a las acciones de gobiernos autoritarios es priorizar las necesidades de las personas que están sufriendo las consecuencias. La trágica situación que atraviesa Venezuela representa un enorme reto. Una meta concreta pero realista sería ayudar a impedir el afianzamiento del desastre, buscando proteger y fortalecer los espacios e iniciativas remanentes que siguen trabajando en Venezuela.

La llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca supone el regreso de una mayor previsibilidad en la política exterior de Estados Unidos. Apartando la compleja crisis interna que vive ese país, la estrategia con respecto a Venezuela será influenciada primordialmente por dos variables. Primero, por el desarrollo de los acontecimientos en territorio venezolano, donde el régimen de Nicolás Maduro continúa aumentando la represión para consolidarse en el poder. Segundo, por las discusiones que el nuevo gobierno estadounidense mantenga con los países de Latinoamérica y la Unión Europea. Para la oposición política, el cambio de gobierno estadounidense representa la transformación de su objetivo inicial, que ya no es la salida inmediata de Maduro sino eventualmente lograr elecciones con garantías. También varía la táctica, con mayor énfasis en la diplomacia multilateral y en generar las condiciones, haciendo uso de las sanciones, para que una negociación sea finalmente sea exitosa.

Un esfuerzo multilateral

El objetivo central en política exterior que se ha trazado el nuevo gobierno estadounidense es recuperar la credibilidad de Estados Unidos. Ante la crisis en Venezuela, ello supone un renovado esfuerzo por escuchar la visión actual de los países que buscan el retorno de la democracia al país y concretar instancias de coordinación. Como ocurrió durante el gobierno de Barack Obama, es probable que la premisa del gobierno de Biden sea que Estados Unidos no debe ser el principal actor internacional en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, sino una nación partícipe dentro de una coalición. Dentro de las iniciativas existentes, donde ya existe descoordinación y algún grado de renuencia a seguir prestando especial atención a la crisis venezolana por su ardua resolución, quizás podría darse un fortalecimiento del Grupo Internacional de Contacto. Éste cuenta ya con la participación de diversos países latinoamericanos y europeos, y además ha estado dispuesto a intercambiar visiones con otras instancias, como el Grupo de Lima.

Estas iniciativas diplomáticas, que requerirán esfuerzo y tomarán tiempo, también podrían generar una disposición a escuchar las posiciones de los países que son aliados del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, es muy probable que Estados Unidos retome una interlocución continua con los regímenes de Irán y Cuba, donde podría llegar a incluir como elemento de negociación el apoyo al gobierno venezolano. Aunque de entrada parece improbable, es difícil desdeñar las consecuencias si esas discusiones produzcan avances, considerando el creciente apoyo iraní a Maduro y el histórico soporte cubano. Asimismo, las conversaciones con países como China y Rusia podrían abrir espacios que eventualmente permitan definir medidas multilaterales en la medida que se continúe agravando la crisis.

Buena parte del esfuerzo diplomático del Departamento de Estado y otras instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, estará centrado en ayudar a los países latinoamericanos y organismos internacionales que están asistiendo a los migrantes y refugiados venezolanos. En este ámbito, podría haber mayor disposición estadounidense para tratar de reforzar el trabajo de las organizaciones de Naciones Unidas que se encuentran en Venezuela, al mismo tiempo que se impulsa un incremento de los esfuerzos para responder a la emergencia humanitaria. Un reto inmediato que tiene el nuevo gobierno estadounidense, al igual que otros actores de la comunidad internacional, es cómo responder a los crecientes ataques a organizaciones de la sociedad civil, donde es clave tratar de preservar la integridad de sus miembros para poder garantizar que continúen sus actividades.

El dilema de las sanciones

De las distintas herramientas que ha utilizado el gobierno estadounidense para responder a la creciente crisis en Venezuela, las sanciones han sido polémicas. En este ámbito es previsible un cambio de enfoque, pero una continuación en la utilización de la herramienta. El gobierno de Biden probablemente iniciará una evaluación del programa de sanciones. Es muy difícil que haya disposición a levantar las sanciones económicas mientras no haya avances o concesiones por parte del régimen. Al mismo tiempo, se puede esperar mayor énfasis en las sanciones a funcionarios del régimen, sus familiares, y testaferros, con un renovado esfuerzo de investigar la ubicación de cuentas bancarias y activos fruto de la corrupción en Venezuela.

Uno de los objetivos centrales de la evaluación exhaustiva de las sanciones existentes será determinar cuáles de las sanciones económicas existentes están teniendo efectos no deseados, es decir, afectando más a la población que al régimen. Es previsible entonces que al menos en el corto y mediano plazo haya reticencia a mayores sanciones económicas, e incluso eventualmente se reviertan algunas medidas si se determina que predominan esas consecuencias. Otro asunto a sortear será determinar si mantener las sanciones secundarias. Visto que países de la Unión Europea han mostrado su desacuerdo, lo más probable es que si se mantienen, su aplicación sea muy selectiva. En este ámbito, también es posible que se busque otorgar mayor claridad a las excepciones humanitarias y licencias emitidas por el Departamento del Tesoro. Una tarea primordial de la nueva administración será incrementar la coordinación y la comunicación con las instituciones financieras estadounidenses e internacionales, para tratar de evitar limitaciones tanto a ciudadanos como al sector privado venezolano.

Otra diferencia relevante será la disposición del gobierno de Biden a tratar de que las sanciones personales existentes, así como otras que estime conveniente, adquieran un carácter más multilateral. Eso significa que en la medida que la situación continúe deteriorándose, entre los temas que tratarán de coordinar Estados Unidos y la Unión Europea será el de sanciones, donde inclusive podríamos llegar a ver un esfuerzo conjunto para que al menos parte de esas sanciones sean eventualmente adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y en consecuencia sean de obligatorio cumplimiento -teóricamente- para todos los países miembros de esa organización.

En la búsqueda de una negociación

El propósito principal que probablemente se planteará el gobierno de Biden es ayudar a lograr la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela. Para ello, sus principales dos herramientas son la influencia diplomática y el programa de sanciones existentes, la cuales buscarán ser utilizadas no sólo para promover la negociación sino como un instrumento para aumentar sus posibilidades de éxito. Un obstáculo medular en este sentido son las crecientes divergencias y la crisis de representatividad dentro de la oposición, lo que complica la definición de quiénes pueden representarla internacionalmente y en una eventual negociación. De entrada, es previsible que se mantenga el reconocimiento a Juan Guaidó, pero haciendo énfasis sobre la importancia de rescatar la unidad de acción de la oposición política. También es probable una mayor disposición por parte del Departamento de Estado a escuchar a distintos sectores de la sociedad venezolana sobre cómo debería manifestarse el apoyo estadounidense.

Uno de los principios que regirá la política exterior de Biden para responder a las acciones de gobiernos autoritarios es priorizar las necesidades de las personas que están sufriendo las consecuencias. En el caso de Cuba, el nuevo gobierno estadounidense considera que los cubanos-americanos pueden fortalecer las exigencias democráticas en Cuba, y por ende conviene eliminar los límites existentes a los viajes y el envío de remesas. En parte como consecuencia de esto, Biden ha prometido otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en Estados Unidos, consciente que, si los venezolanos que han emigrado tienen cierta estabilidad, estarán en mejor posición para ayudar a sus familiares y conocidos en Venezuela. De hecho, esta lógica fue suscrita recientemente en un artículo de opinión por Alejandro Mayorkas -nominado por Biden para el cargo de Secretario de Seguridad Nacional– donde sostuvo que “con TPS estos venezolanos podrían trabajar y cuidar de sus familias aquí, y a través de remesas proveer ayuda a sus parientes en su país de origen”.

La trágica situación que atraviesa Venezuela representa un enorme reto para la política exterior del gobierno de Joseph Biden. En medio de una crisis interna y con un capital político limitado, no hay garantía que el asunto estará entre sus prioridades. Lo que sí es posible prever es una mayor disposición constructiva para trabajar con los demás países del hemisferio occidental y delinear acciones delimitadas que fortalezcan la posibilidad del restablecimiento de la democracia. Una meta concreta pero realista sería ayudar a impedir el afianzamiento del desastre, buscando proteger y fortalecer los espacios e iniciativas remanentes que siguen trabajando en Venezuela.