Biden debería empezar a trabajar en un Plan B para la democracia en Venezuela
María Corina Machado, ex diputada electa de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha ido ganando terreno como posible abanderada de la oposición democrática de ese país autocrático en las elecciones previstas para el próximo año. Encuestas fiables la sitúan a la cabeza de las primarias del 22 de octubre de este año, en las que los opositores al presidente Nicolás Maduro piensan elegir a un candidato único para enfrentarse a él.
Pero ahora parece que Machado nunca tendrá la oportunidad. El régimen de Maduro anunció el 30 de junio que está inhabilitada para ocupar cargos públicos – durante 15 años – supuestamente debido a su apoyo en el pasado a las sanciones de EE.UU. a Caracas. La Sra. Machado se comprometió a continuar su campaña, argumentando, plausiblemente, que el intento de prohibir su participación es una señal de debilidad por parte de un gobierno impopular que «sabe que ya está derrotado.»
El hecho es que Maduro probablemente puede obligarla a mantenerse al margen si está decidido a hacerlo, al igual que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, prohibió a sus principales oponentes presentarse en 2021. Otros dos destacados candidatos de la oposición en Venezuela ya se enfrentan a prohibiciones. Y el régimen de Maduro anunció recientemente una sustitución completa de los 15 miembros del Consejo Nacional Electoral, que supervisará las elecciones generales de 2024. A cargo del proceso de selección del nuevo CNE: La esposa de Maduro, Cilia Flores.
Todo lo anterior amenaza las ya escasas posibilidades de una transición democrática pacífica en Venezuela, que la necesita desesperadamente tras una década de colapso económico, represión política y corrupción sistemática bajo el régimen de Maduro.
La política estadounidense no logró promover ese cambio bajo la presidencia de Donald Trump, que intentó la «máxima presión» en forma de sanciones económicas reforzadas y el reconocimiento diplomático mundial de un gobierno interino encabezado por el político opositor Juan Guaidó. El presidente Biden abandonó ese curso a favor de uno nuevo construido en torno a las negociaciones entre la oposición y Maduro y la movilización de activos venezolanos congelados para un fondo de ayuda humanitaria. A Caracas se le ha ofrecido un alivio selectivo de las sanciones como incentivo para que se comprometa de buena fe con sus enemigos internos. La concesión estadounidense más importante hasta ahora ha sido permitir a Chevron reanudar una producción limitada en el país rico en petróleo.
Incluso antes de las últimas medidas represivas del régimen, el enfoque de Biden parecía estar produciendo rendimientos decrecientes. El régimen se ha negado a reanudar las negociaciones formales con la oposición desde noviembre y ha exigido el levantamiento de todas las sanciones restantes como condición para cualquier acuerdo. Los gobiernos izquierdistas de Colombia y Brasil no han colmado las esperanzas norteamericanas de facilitar un acuerdo; especialmente decepcionante ha sido la postura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que recientemente desestimó las pruebas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela como «una narrativa construida de autoritarismo«; asimismo se negó a condenar la descalificación de la Sra. Machado, afirmando que no conocía todos los «detalles».
Se acerca el momento de que la administración Biden desarrolle un Plan B, en coordinación con gobiernos afines, tanto dentro como fuera de América Latina. En este sentido, el rechazo unánime de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Gran Bretaña, Chile, Uruguay, Colombia y Paraguay al intento del régimen de impedir la candidatura de Machado fue un buen primer paso. La administración debería exigir a Lula que se una al coro.
Sin embargo, Maduro, que ha adoptado a la Rusia de Vladimir Putin como aliada, ha declarado abiertamente que es indiferente a las críticas internacionales. El gobierno de Biden no tiene más remedio que respaldar la promesa que hizo desde el principio de su nueva política – y que el Departamento de Estado reiteró el 30 de junio en respuesta a la represión contra la Sra. Machado: «hacer rendir cuentas a quienes tratan de frustrar la voluntad del pueblo venezolano«. Como mínimo, eso debería significar descartar cualquier otro alivio de las sanciones hasta que todos los candidatos de la oposición tengan sus derechos políticos restaurados, el régimen haya dado pasos verificables hacia el establecimiento de un nuevo y creíble Consejo Nacional Electoral y se hayan reanudado las conversaciones de buena fe con la oposición.
El Sr. Biden tenía razón en que la política de su predecesor no restauró la democracia y la prosperidad en Venezuela, cuya desesperada situación, junto con la migración masiva que desencadenó, se ha convertido en una fuente de inestabilidad para todo el hemisferio occidental. Ahora, tiene que ajustar su propia estrategia, urgentemente, para que no se produzca otro fracaso semejante bajo su mandato.
Traducción: Marcos Villasmil
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NOTA ORIGINAL:
The Washington Post
Biden should start working on a Plan B for democracy in Venezuela
the Editorial Board
But now it seems Ms. Machado might never get the chance. The Maduro regime announced June 30 that she is disqualified from holding public office — for 15 years — purportedly because of her past support for U.S. sanctions on Caracas. Ms. Machado vowed to continue her campaign, arguing, plausibly, that the attempt to ban her is a sign of weakness by an unpopular government that “knows it is already defeated.”
The fact remains that Mr. Maduro can probably force her to the sidelines if he is determined to do so, just as Nicaragua’s dictator, Daniel Ortega, barred his principal opponents from running in 2021. Two other leading opposition candidates in Venezuela face bans already. And the Maduro regime recently announced a complete replacement of the 15-member National Electoral Council, which will supervise the general elections in 2024. In charge of the hiring process: Mr. Maduro’s wife, Cilia Flores.
All of the above threatens the already slim chances of a peaceful democratic transition in Venezuela, which desperately needs one after a decade of economic collapse, political repression and systematic corruption under Mr. Maduro.
