BRASIL / El impeachment: cinco enseñanzas

El 31 de agosto de 2016, antes de concluir su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff fue acusada y destituida mediante impeachment por dos hechos: el delito de responsabilidad por la firma de tres decretos económicos sin aprobación del Congreso y por el maquillaje de las cuentas fiscales.

Los decretos aprobados fueron: por créditos de bancos públicos para pagar deudas contraídas en proyectos sociales, por 29 millones de reales que fueron a parar a diversos organismos del Ejecutivo, y por 600 millones de reales empleados para gastos del Ministerio de Justicia. El maquillaje, por el pago con retraso al Banco do Brasil —de titularidad pública— de cuotas que ascendían a 3.500 millones de reales, para un programa de ayuda a los agricultores familiares, que consistía en tomar préstamos bancarios con intereses más bajos de lo establecido con la obligación de pagar al banco la diferencia.

Según la acusación, para haber promulgado los decretos tenía que haber pedido  autorización al Congreso o, en su lugar, haber realizado recortes en el presupuesto en un año de crisis económica. Mientras el retraso en los pagos se considera como si el banco hubiera suministrado un nuevo préstamo.

Para una comprensión integral de lo ocurrido, además del juicio político, es necesario la relación del hecho con la crisis económica y la fragilidad del Partido de los Trabajadores (PT).

La crisis económica

Gracias a la gran demanda mundial de productos básicos de Brasil, durante los mandatos de Lula da Silva se logró un crecimiento que permitió reactivar la economía, generar empleos y aumentar los ingresos.

A diferencia de otros gobiernos populistas de izquierda, inclinados a quitar a los poseedores nacionales o  foráneos para redistribuir lo producido, Lula da Silva, siguiendo la experiencia de  Jorge Henrique Cardoso (presidente de Brasil entre 1995 y 2003), optó por producir para distribuir haciendo uso de la economía de mercado, y la acompañó de una redistribución más equitativa. Sin dudas fue un paso importante, pero insuficiente, pues limitó las transformaciones esencialmente al tema de los ingresos.

Cuando Dilma Rousseff asumió la presidencia, la situación económica se presentó radicalmente diferente. Brasil sufrió una caída brusca de PIB que  generó la peor crisis económica sufrida desde 1985. En ese contexto la presidente anunció, como principal objetivo de su gestión, terminar con la miseria.

Consciente de que la pobreza no es reducible al ingreso, implementó un paquete de programas sociales para atacar todas sus dimensiones: «Brasil Sin Miseria», «Beca Verde», «Mi Casa», «Mi Vida»  y «Brasil Cariñoso», dirigidos a la inclusión productiva y al acceso a bienes y servicios públicos en salud, educación, vivienda, agua y energía eléctrica. Para esos fines Dilma asignó grandes subsidios estatales en época de crisis económica, una decisión relacionada con los decretos y el retraso en pagos al Banco de Brasil, por lo que fue sometida al impeachment.

La diferencia entre ambos momentos explica por qué en 2010 Lula da Silva dejó el cargo con un índice de aprobación del 83% y la revista estadounidense Time lo ubicó como la personalidad más influyente del mundo; mientras el índice de aprobación de Dilma  Rousseff en 2015 era menor que un 8% de popularidad.

La fragilidad del PT en el poder

El PT había sido derrotado en las elecciones de 1989, 1994 y 1998. Ni Lula da Silva ni Dilma Rousseff alcanzaron el suficiente apoyo para ocupar la presidencia sin coaliciones. Lula requirió del apoyo de José Sarney, presidente entre 1985 y 1990, y líder del Partido Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), el mayor partido del país. Mientras  que Dilma estableció compromisos con el PMDB del vicepresidente Michel Temer. Por ello, en marzo de 2016, cuando se rompió la coalición, la situación de Dilma se tornó insostenible.

Si a la crisis política y la debilidad del PT se añade el populismo y la corrupción,  la destitución de Dilma se torna más comprensible. ¿Por qué? Porque el populismo resulta efectivo para capitalizar el descontento, pero no así para transformar las estructuras generadoras de la pobreza. Para intentarlo tendría que negar su propia naturaleza y, por tanto, abstenerse durante las campañas electorales de anunciar la solución definitiva de problemas imposibles de solucionar en uno o dos períodos presidenciales. O incluso en casi cuatro períodos, como ocurrió con el PT.

Al simplificar el problema culpando a los que ocupan el poder, el populismo sentó las bases para que los problemas irresueltos se giraran contra ellos mismos y fueran aprovechados por los partidos de oposición.

Con la corrupción político-administrativa ocurre algo similar. Antes de convertirse en gobierno, el PT atacó fuertemente este mal. Una vez en el poder, en lugar de fortalecer las instituciones democráticas que les sirven de freno, terminó creando una red clientelar y generando una corrupción superior a la que se proponía erradicar: decenas de líderes del PT involucrados en el escándalo de las «mensualidades»; figuras cercanas a Lula da Silva implicados en el escándalo de las «sanguijuelas»; dimisión de la ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, por gastos irregulares con la tarjeta de crédito corporativo de su gabinete; miembros del PT envueltos en el escándalo «Lava Jato», el mayor escándalo de la historia del país; sospecha de que Lula da Silva recibió financiamiento de la constructora Odebrecht para facilitarles contratos en América Latina y África; allanamiento de su domicilio por la policía federal; y el desafortunado intento de Dilma Rousseff de nombrar a Lula de Silva titular del Ministerio de la Presidencia para protegerlo y protegerse ante las acusaciones. Todo lo cual debilitó aún más su posición.

En el juicio ante el Senado, entre otras cosas Dilma Rouseff planteó que se había condenado a un inocente y consumado un golpe parlamentario; que se apropiaban del poder mediante un golpe de Estado; y, en consecuencia, llamó a la lucha contra el «golpe». Un recurso nada inédito, pues en 1992, ante la aprobación de un juicio político por corrupción, el presidente Collor de Mello había hecho lo mismo, pidió a sus partidarios que se manifestaran contra la destitución, alegando que se trataba de  «un golpe de Estado».

Cinco enseñanzas a manera de conclusión

• Más allá de consideraciones acerca de la legalidad de la destitución, hubiera sido muy difícil que ocurriera en ausencia del populismo, de la corrupción, de la crisis económica y de la debilidad del PT, obligado a las alianzas para asumir el poder.
• Dilma no tuvo en cuenta el factor tiempo, que en política resulta vital. Antes de aprobarse el impeachment pudo haber convocado nuevas elecciones, para que el «pueblo» decidiera. Sin embargo, optó por la resistencia tratando de impedir por vía judicial la apertura del juicio en su contra.
• El intento del PT de mantener el poder indefinidamente. Si bien no se acudió a sustituir la Constitución como ocurrió en Cuba en febrero de 1959 o a su reforma, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, el PT lo intentó mediante la rotación de dos figuras durante 13 años. Los ejemplos de la región bastan para concluir que la rotación periódica del poder es un impedimento para la corrupción y para la implantación de modelos que terminan en el totalitarismo y la reproducción de los males a escala mayor.
• La eliminación de la pobreza, un mal de siglos, no se resuelve solo en la esfera de los ingresos. Se requieren transformaciones estructurales sostenidas para que la reducción de la pobreza se acompañe con oportunidades reales para todos, lo que a su vez exige un proceso sostenido de democratización en todas las esferas sociales para garantizar los derechos y libertades en que se asienta la igualdad de oportunidades.
• Por tratarse del mayor país de Latinoamérica en habitantes y extensión, y de la mayor potencia económica de la región, lo ocurrido, sin dudas, tendrá repercusiones en el resto de los países. Una de ellas será la agudización de  la desconfianza en los políticos, especialmente en los de corte populista, comenzando por el mismo Brasil.