Bruselas sanciona a la mujer y a un hijo de Ortega por la represión
El Consejo precisa que la medida incluye la prohibición de «entrar o transitar» por territorio europeo
La Unión Europea aprobó una nueva ronda de sanciones contra responsables políticos de la dictadura nicaragüense. En la lista de ocho personas sancionadas como responsables de graves violaciones de los derechos humanos figura Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega y «numero dos» del régimen, y Juan Carlos Ortega, hijo de ambos.
En la política exterior europea es muy difícil que las sanciones señalen al último escalón de la pirámide del poder, porque habitualmente se considera que ello provoca una reacción que impide cualquier intervención posterior para favorecer una salida negociada. Señalando a Rosario Murillo, la UE apunta claramente al propio Ortega.
En la lista figuran también Bayardo Arce Castaño, uno de los principales «comandantes» guerrilleros
sandinistas y responsable de la gestión económica del patrimonio del que se apropiaron los Ortega; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanega; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; y dos responsables de la policía. El hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos, es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país. Con estas, son ya catorce las personas a las que se aplican sanciones que incluyen la congelación de todos los bienes de los que pudieran ser titulares y que se encuentren bajo jurisdicción de la UE, además de la prohibición de viajar a Europa.
Para aclarar mejor el alcance exacto de la medida, que en casos anteriores fue objeto de interpretaciones más laxas en España, la nota oficial del Consejo especifica que las personas sancionadas «están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por él». El Consejo de la UE ha considerado que las sanciones son una respuesta adecuada debido a que «la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses» pero se trata de medidas que no añaden penalidades a los ciudadanos nicaragüenses, que son víctimas de estos dirigentes.
Desde junio, la Policía Nacional ha arrestado al menos a veintinueve personas, entre ellas siete aspirantes a la presidencia, por supuestos delitos como «traición al pueblo y a la nación», «incitar la injerencia extranjera en asuntos internos» y contra la «soberanía».
Las detenciones contra políticos, empresarios, periodistas, organizaciones civiles y antiguos aliados del presidente muestran una forma autoritaria de gobernar que ha vuelto a alarmar a la comunidad internacional. La UE considera que estas acciones «son contrarias a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense» puesto que «socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE».
Una política inadmisible
La UE ya advirtió a la dictadura de Daniel Ortega en octubre de 2019 que consideraba inadmisible la política de represión contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil. El 4 de mayo de 2020, en vista de que la grave situación persistía en el país, el Consejo adoptó una primera lista de sanciones contra seis personas. El elemento que ha precipitado la adopción de esta nueva lista fue la detención de un séptimo candidato presidencial el pasado fin de semana, lo que a juicio del Consejo «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones». Ortega se mantiene fraudulentamente en el poder desde 2007.
