Canadá alza la voz en la OEA: «El costo humano en Venezuela es aterrador»
"La crisis en Venezuela va más allá de las fronteras y debe estar en primera línea de este consejo".
En una sesión clave del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe demoledor sobre la situación en Venezuela. El documento ratifica que el régimen de Nicolás Maduro ocultó los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y sigue incurriendo en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El informe subraya que, a más de un año del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado las actas necesarias para una auditoría independiente, lo que imposibilita verificar la legitimidad del resultado anunciado. La CIDH concluyó que se trató de un fraude electoral y alertó sobre un patrón de represión estatal sostenido.
Canadá: una postura firme y humanitaria
Una de las intervenciones más destacadas fue la de Kyle Vernon Sundstrom, consejero político de la representación de Canadá ante la OEA. En nombre de su país, expresó con contundencia:
«La crisis en Venezuela va más allá de las fronteras y debe estar en primera línea de este consejo».
«El costo humano de la crisis en Venezuela es aterrador. La situación humanitaria no tiene precedentes y exige una respuesta conjunta del hemisferio».
Canadá ha sido uno de los países más activos en la denuncia del autoritarismo venezolano y ha impulsado sanciones, investigaciones y llamados a la comunidad internacional para no normalizar el régimen de facto en Caracas. Con esta intervención, refuerza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en la región.
La OEA y el hemisferio frente al fraude
La sesión también dejó en evidencia un creciente consenso regional sobre la ilegitimidad del proceso electoral venezolano. Varios países, además de Canadá, exigieron la publicación de las actas, el cese de la persecución contra líderes opositores y la liberación de los presos políticos. El informe de la CIDH fue recibido como una confirmación de lo que ya venían denunciando sectores de la sociedad civil venezolana y organismos internacionales: en Venezuela no hay garantías democráticas ni respeto al Estado de derecho.
