Carlos Ayala Corao: «“El gobierno está haciendo su propio expediente de crímenes de lesa humanidad”
Disparos a las cabezas de manifestantes. Tanquetas militares que derriban portones de edificios residenciales. Detenciones violentas. Juicios a civiles en tribunales militares. Casi 120 muertos en cuatro meses de manifestaciones. Los abusos y malos tratos infringidos por guardias y policías a ciudadanos que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro pueden desencadenar juicios en tribunales internacionales contra el Estado venezolano y sus funcionarios, advierte el abogado Carlos Ayala Corao.
Especialista en derecho público y derechos humanos, Ayala Corao supone que si la represión contra los opositores se intensifica tras la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Estado podrá ser acusado de cometer crímenes de lesa humanidad al atacar sistemáticamente a un sector de la población civil.
—¿Qué puede esperarse del Estado venezolano con respecto a la protección de los derechos humanos una vez que se instale la Asamblea Constituyente?
—Estamos viendo un patrón de aumento de la represión con el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Me refiero a que una marcha o una manifestación no hay por qué reprimirla. Estamos llegando al extremo de que el derecho de manifestación pública y pacífica está siendo reprimido utilizando técnicas militares de ataque contra los manifestantes como si fueran una fuerza de ocupación extranjera. Están siendo perseguidos, detenidos. Se están utilizando tratos crueles, inhumanos, degradantes. En Venezuela ya hay un patrón sistemático de detenciones arbitrarias contra opositores. Lo que estoy viendo, ahora sí con más claridad, es que el gobierno se está haciendo día a día su propio expediente de crímenes de lesa humanidad. Conforme al Estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad es el ataque sistemático a un sector de la población civil y eso se está produciendo a través de detenciones arbitrarias, heridos y muertos. Por un lado creo que se está agravando claramente la situación de los derechos humanos. Por otro, ese empeoramiento en el patrón sistemático que estamos viendo está configurando los crímenes de lesa humanidad.
—¿Cuál es el curso que pueden seguir esos expedientes sobre violaciones de derechos humanos en tribunales internacionales?
—Hay dos tipos de cursos. Primero, el de la justicia penal por la jurisdicción universal. Por ejemplo, en delitos como los tratos crueles, inhumanos y degradantes o la tortura, la Convención contra la Tortura establece que un solo delito de tortura es un delito internacional, no tiene que ser un patrón sistemático. Y los Estados están obligados a investigar y sancionar a los responsables. Pero si el Estado donde se cometió ese delito, en este caso Venezuela, no quiere o no puede perseguirlos efectivamente y sancionarlos, cualquier Estado parte tiene jurisdicción para hacerlo. El mejor ejemplo de eso lo vimos cuando el juez Baltasar Garzón solicitó la extradición del general Augusto Pinochet que estaba en Londres por la tortura a tres ciudadanos españoles. Hay países como España que han desarrollado esa justicia penal universal con base en los tratados internacionales. Lo que estamos diciendo es que terceros países que no sean Venezuela pueden ejercer, para casos individuales, esa jurisdicción. Y los juicios internacionales se abren sin que esté la persona presente. Luego está la Corte Penal Internacional, que es una jurisdicción penal con base en el Estatuto de Roma. Se aplica cuando hay un patrón sistemático de persecución de la sociedad.
—¿Y los casos se sostienen con testimonios y evidencias que sirven para demostrar que se cometieron las violaciones de derechos humanos?
—Lo más importante es documentar y denunciar porque esos juicios requieren de las pruebas más fehacientes posibles y los acusados tienen todas las garantías procesales: la presunción de inocencia y el debido proceso. Hay una metodología para tratar y documentar los casos de quienes han sido detenidos y tratados de manera inhumana en un documento que se llama los Principios de Estambul. Hay que recordar que la justicia penal se aplica a las personas. Y la justicia de derechos humanos es una responsabilidad internacional del Estado y eso debe traducirse en una responsabilidad personal. Pero esta justicia penal de la que estamos hablando es individual y tiene distintos niveles, tanto para quienes ordenan como para quienes ejecutan las órdenes. Existen las responsabilidades de comando.
—¿El enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Poder Judicial complica la sustanciación de estas denuncias?
—Yo diría que al revés. La primera obligación es que los delitos sean juzgados en Venezuela. Pero si el Estado, ya sea porque el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Ejecutivo no quieren o no pueden ejercer su jurisdicción nacional, entonces están ellos mismos disparando la jurisdicción internacional.
—Tras la elección de la Constituyente, ¿le parece factible que existan espacios de negociación entre el gobierno y la oposición? ¿Qué sería necesario para destrabar las conversaciones entre las partes?
—La Constituyente ha sido vendida como un instrumento de venganza, a través del cual se va a destituir a la Fiscal, se va a quitar la inmunidad parlamentaria de los diputados y cerrar la Asamblea Nacional. Lo primero que tenemos que ver es frente a qué tipo de instrumento vamos a estar, quién va a controlar la Constituyente y cuáles son sus primeras decisiones. Ciertamente no fue diseñada como un instrumento de diálogo ni de paz. Por el carácter ilegítimo de su convocatoria, fue una especie de elección del PSUV, por y para el PSUV. Es una especie de congreso del PSUV. No es dentro de la Constituyente que pudiera pensarse en un diálogo y negociación efectiva, sino es precisamente con quienes terminen ejerciendo el liderazgo de esa Constituyente y del gobierno en definitiva, si es que el gobierno también controla la Constituyente, con el resto de la sociedad. Para llegar a una negociación de buena fe y seria hay que identificar quiénes son los actores políticos y cuáles son los objetivos. En la crisis en la que va a entrar Venezuela, las opciones son: o una espiral de violencia o entrar en una negociación para una transición. Allí es donde habría que identificar los actores, los contenidos y los cronogramas. Lo que va a seguir ocurriendo es que un sector importante de la sociedad venezolana seguirá aferrada a la Constitución de 1999 porque considera que este procedimiento para su derogación no es legítimo y que hay que regresar al respeto a las reglas de juego.
—¿Es posible que la misma Constituyente se convierta en una carta de negociación del gobierno?
—Puede ser una carta de negociación pero a estas alturas sería solo para comenzar. El objetivo es que se cumpla la Constitución, que se respete al Poder Legislativo electo, que se remueva al Consejo Nacional Electoral, que se hagan las elecciones, etc. Sí me parece que debe existir esa carta de negociación. La sola suspensión de la Constituyente era una medida para arrancar pero no un punto de llegada.
—Después del intento que hizo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de persuadir a Maduro para que suspendiera la Constituyente y luego de la facilitación del Vaticano para un diálogo el año pasado, ¿qué actores gozan de credibilidad frente a las partes para promover una negociación?
—Lo más importante es que cada sector, gobierno y oposición, se sienta representado por algunas instancias o personas intermediarias. Hay dos tipos de fórmulas. Una es como la de Contadora, donde hay un grupo de países amigos, unos escogidos por la oposición y otros por el gobierno. La fórmula de negociación hasta ahora ha sido tres expresidentes escogidos por el gobierno. Lo primero que habría que identificar son actores válidos para ambas partes, que sirvan a su vez para ser factor de intermediación. En esa fórmula se trabajaría la negociación pendular, que no significa que la oposición y el gobierno tengan que sentarse en la misma mesa, sino que ese grupo de países amigos podría sentarse con una parte y luego como un péndulo con la otra parte. La otra alternativa es incorporar al secretario general de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas no se mete si no tiene seguridades mínimas de que va a ser tomada en serio. Lo importante es que pueda haber espacios para el respeto por los derechos humanos, la lucha por el rescate de la democracia y nunca negarse a que pueda haber mecanismos que nos lleven a una transición diferente a la escalada de violencia.
