Carlos Fernando Chamorro: Las cuatro derrotas de la dictadura

En una semana, la dictadura Ortega Murillo sufrió cuatro derrotas políticas contundentes que le han imprimido una nueva dinámica al país: aunque se mantiene el impasse, el movimiento Azul y Blanco ha retomado claramente la iniciativa política. Veamos cuáles son los cuatro procesos que están modificando la tendencia a la inercia, esa percepción de “empate” y estancamiento de la crisis política, que antes favorecía a Ortega.

El retiro de la Alianza
La decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de suspender las negociaciones, después del asesinato de Eddy Montes en la cárcel, y condicionar su retorno a la liberación de todos los presos políticos, dejó descolocada a la estrategia de Ortega de prometer sin cumplir. Más importante aún: despejó a la Alianza el camino para buscar una nueva ruta de presión política, con el llamamiento a un revitalizado paro nacional.

Ortega respondió aferrándose al monólogo oficial y ofreció medidas unilaterales: excarcelación de presos sin liberación, reformas electorales en solitario con la OEA, promesas de restitución de derechos condicionadas y un plan vacío de retorno de exiliados.

De entrada, resulta dudoso pensar que el secretario general de la OEA avalaría una reforma electoral unilateral, sin la oposición, y sin atacar las raíces de fondo de la crisis de derechos humanos. Pero en la carrera desesperada de Luis Almagro por su reelección en la OEA, todo es posible, hasta imponer un mal arreglo en Nicaragua, por ello a final de cuentas dependerá de la nueva dinámica de presión cívica que promueve la Alianza, si fracasa la agenda unilateral de Ortega, o logra tener alguna viabilidad para mantenerlo en el poder hasta 2021.

El liderazgo moral de los presos
La excarcelación de 100 presos políticos adoptada por el régimen como una medida unilateral, evidencia el fracaso rotundo de la estrategia represiva de Ortega ante la nueva realidad política que representa el liderazgo de los presos políticos.

A pesar de las torturas, el aislamiento, y las presiones contra sus familiares, Ortega nunca ha podido comprar ni cooptar, ni quebrar la moral de un solo preso político, y más bien estos han salido de la cárcel con una extraordinaria voluntad de lucha, demandando que todos los presos recuperen su libertad. Aún quedan 138 presos políticos en las cárceles, entre ellos los principales líderes de la protesta cívica, que el régimen mantiene como rehenes. ¿Cumplirá Ortega con el acuerdo de liberarlos el 18 de junio? ¿Puede la dictadura sostenerse si los presos recuperan todos sus derechos políticos y vuelven a liderar la protesta en las calles? Es altamente improbable que Ortega pueda mantenerse en el poder. La liberación de los presos, por lo tanto, solo puede ser posible como una conquista de la protesta nacional, con el apoyo de la solidaridad internacional y no como el resultado de un intercambio en la mesa de negociación.

La resolución de la OEA
La resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el respaldo de 20 países del continente y solo tres votos en contra —entre ellos el de Ortega— revela, igual que ocurrió con Somoza en 1979, el aislamiento continental de la dictadura y el fracaso de las mentiras oficiales.

La resolución demanda la liberación de los presos, el retorno a Nicaragua de la CIDH, el restablecimiento de las libertades públicas y reformas electorales —negociadas con la Alianza Cívica—, para ir a elecciones libres y transparentes. Más allá del cálculo político de Almagro y si aceptaría negociar con Ortega en solitario, la pregunta es cómo reaccionará la Asamblea de Cancilleres de la OEA que se reúne el 26 de junio ante las medidas unilaterales de Ortega, y si con el voto de El Salvador, y al menos tres de los países que se abstuvieron el 21 de mayo podrá reunir los 24 votos necesarios para la aplicación definitiva de la Carta Democrática Interamericana.

El paro nacional
El éxito del paro nacional de ciudadanos, empresarios y consumidores, ha puesto nuevamente en primer plano el potencial de la lucha cívica como fuerza de cambio. A pesar del despliegue policial, de las amenazas de Commema contra los comerciantes de los mercados, y las presiones de la DGI, la Superitendencia de Bancos y el Mific contra los empresarios, el paro vació las calles en todo el país. Las mismas calles que volverán a ser inundadas de banderas azul y blanco, en el momento en que el pueblo recupere el derecho a la libertad de movilización y la libertad de expresión, que han sido conculcadas por el régimen.

El paro nacional confirmó que la dictadura no tiene más aliados que el Ejército y los empleados públicos, que le brindan un apoyo condicionado al control que aún mantiene sobre las finanzas públicas. Ortega ha perdido el respaldo de los empresarios, pequeños, medianos y grandes, que demandan una salida política inmediata a la crisis nacional, para resolver la crisis económica. Pero, además, el paro demuestra que la llave para destrabar la negociación política no radica en las sanciones internacionales, ni en las élites económicas nacionales, sino en la presión cívica, en los miles de ciudadanos que tienen el poder de llenar y vaciar las calles y decidir mañana con su voto el destino del país en una elección democrática. Fueron estos ciudadanos, en su condición de consumidores, quienes vaciaron las sucursales de los bancos y los establecimientos comerciales, que abrieron sus puertas bajo las presiones del régimen, y tienen el poder para neutralizar las represalias del régimen.

La coincidencia de estos cuatro factores: la estrategia de la Alianza Cívica, la convocatoria y la fuerza moral de los presos políticos, la condena de la OEA y las nuevas sanciones que pesan sobre Ortega, y la contundencia del paro nacional, ha enviado un mensaje alto y claro a toda la nación. ¿Lo escucharán los empresarios sandinistas, los ministros y magistrados del Gobierno, el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, y los alcaldes y diputados del FSLN?

La solución política cada vez depende menos del gobernante ausente y más del entorno político, empresarial, y militar que lo rodea. Alineado con la alianza de Cuba y Venezuela que persigue alargar la agonía de Maduro, Ortega desautorizó a sus negociadores en la mesa de diálogo y está aferrado a mantener el Estado de sitio policial, como lo demostró este domingo ante la marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. En su encrucijada final, el dictador no avizora términos medios: su destino es el poder total o nada. En cambio, para la cúpula del régimen, lo que está en juego es un amplio tinglado de intereses económicos, políticos e institucionales, que serían materia de negociación en una transición democrática. Ellos enfrentan el dilema de hundirse con la familia gobernante y replicar la crisis de 1979 o, si se distancian de la masacre, facilitar una salida política que empieza con la plena liberación de los presos políticos y termina con la reforma electoral para convocar a elecciones anticipadas, sin Ortega y sin Murillo. De la presión que ejerzan la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, y los presos políticos, con el apoyo de los grandes empresarios y la comunidad internacional, depende que este bloque democrático empiece a ser reconocido como una alternativa de poder por los partidarios del régimen. El siguiente paso será ofrecer los incentivos y tender los puentes, que hagan posible una transición negociada.